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Crédito: Agencia Uno
Del total de 28 medidas y 16 cambios legislativos, un 31.8% están cumplidas; 40.9% en ejecución; 22.7% en preparación; y 4.5% no muestra avances. Entre ellas, la regularización migratoria. “El Gobierno no puede seguir postergando una definición”, dijo Juan Pablo Ramaciotti del CPM.
El pasado 6 de julio de 2023 se realizó el lanzamiento de la primera Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME) del país, la que tenía como objetivo frenar la migración que en ese momento afectaba al país. Casi un año después, y en medio de una ola migrativa y de la llegada de bandas criminales extranjeras, del total de las acciones vinculadas a la política, sólo un 31,8% están cumplidas.
Si bien las acciones concretas en que se materializarán esos objetivos deben ser formalmente aprobadas por el Consejo de Política Migratoria, al momento de lanzar la PNME también se dieron a conocer 28 medidas de acción y 16 cambios legislativos asociados a los ejes de la política. De ese total, un 31.8% están cumplidas; 40.9% en ejecución; 22.7% en preparación; y 4.5% no muestra avances, según datos recopilados por el Centro de Políticas Migratorias.
Si se desglosan los porcentajes en medidas de acción y en los cambios legislativos, la situación es la siguiente: de las 28 medidas de acción, 12 se encuentran cumplidas (42.9%); 5 están en ejecución (17.9%); 10 en preparación (35.7%); y 1 sin avances (3.6%).
En cuanto a los 16 cambios legislativos, 2 se encuentran cumplidos (ley aprobada y publicada), 13 están en tramitación en el Congreso (proyectos de ley presentados) y 1 no presenta avances (no hay proyecto de ley presentado).
Para Juan Pablo Ramaciotti, Director Ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias (CPM), en términos generales “el avance ha sido positivo; hay un 32% de acciones cumplidas y más del 70% está cumplido o en fase de ejecución”.
Sin embargo, agrega Ramaciotti, “hay medidas que son muy relevantes y que es necesario acelerar en sus resultados”.
Entre los temas que no tienen avances, Ramaciotti pide especial urgencia para la regularización migratoria. “El Gobierno no puede seguir postergando una definición en este tema”, dijo. Otros ejemplos son la plataforma que integra el portal de postulación a visados y a empleos de baja cobertura; el reglamento que regula el nuevo sistema de convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el extranjero; el escalamiento del enrolamiento de extranjeros por parte del Registro Civil; y el protocolo de filiación de niños y niñas migrantes.
En regulación migratoria, hay 3 medidas que se encuentran actualmente en ejecución (medida ya se está implementando pero aún no se cumplen totalmente los resultados esperados o que el proyecto aún está en trámite legislativo). Se trata del programa que busca agilizar el rezago de solicitudes migratorias, el escalamiento de enrolamiento y un proyecto de ley que aumenta el monto de multas a empresas de transporte internacional por embarcar a pasajeros sin los requisitos para su ingreso regular.
En el eje “Seguridad, control de fronteras y crimen organizado”, hay 4 medidas cumplidas: empadronamiento biométrico, formalizar la materialización de expulsiones administrativas y judiciales, inversión en zonas fronterizas y ampliación de la zona para el control fronterizo.
En este mismo eje, hay varios proyectos de ley que se encuentran estancados en la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputadas y Diputados, en su primer trámite constitucional (proyecto
de ley Boletín 16072-06). Se trata de proyectos de ley que establecen la violencia intrafamiliar como delito grave para prohibir el ingreso a Chile y la expulsión de extranjeros; que amplían las causales de expulsión y prohibición de ingreso; que establece sanciones a empresas de transporte que se nieguen a transportar expulsados; que cancelan la nacionalización por crímenes; que amplían el control fronterizo; que amplían las herramientas para combatir tráfico ilícito de migrantes: que modifican causales de rechazo y revocación de nacionalización; y que crean un registro nacional biométrico de extranjeros en situación de irregularidad.
Por otro lado, hay dos medidas o proyectos de ley sin ningún avance. Una, perteneciente al eje “integración e inclusión de las personas migrantes” y la otra en el eje “chilenos en el exterior”. En el primer caso, se trata de una medida que busca crear el programa de formación “Trabajo decente y migración”, el que será puesto en marcha en el año 2024. Mientras que en el segundo, se trata de un proyecto de ley que propone una reforma constitucional para el ejercicio del voto de chilenos retornados. A la fecha, en el Congreso no se ha presentado ninguna iniciativa de esta índole.
“La política nacional de migración incluye medidas importantes en materia de seguridad, como la inversión en complejos fronterizos, el empadronamiento biométrico que entrega más información sobre quiénes están en Chile y sus antecedentes; sanciones a quienes faciliten la migración irregular; instancias para hacer más efectivas las expulsiones; y ampliación de las zonas de control fronterizo. Sin embargo, es necesario también reducir las oportunidades que tienen los grupos criminales de cooptar a personas vulnerables a través de la trata y tráfico de personas, arriendos ilegales, trabajo en condiciones abusivas u otras actividades que están fuera del marco legal. Para eso es necesario reducir la migración irregular fortaleciendo las vías de ingreso regular al país y estableciendo opciones de regularización para quienes ya están haciendo su vida en el país y no tienen antecedentes penales”, cerró Ramaciotti.
