Foto: Boris Chamorro/Facebook
El oficialismo apoya la reelección del alcalde Boris Chamorro, a pesar de que el socialista ha sido salpicado no solo en una, sino en dos investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. Una tiene que ver con el caso Convenios y otra con Puerto Coronel, donde se indagan sobornos.
El escenario político en Coronel se ha visto sacudido por la reciente decisión del oficialismo local de no realizar primarias de cara a las municipales de octubre, consolidando así la postulación exclusiva del actual alcalde, Boris Chamorro, representante del Partido Socialista (PS), para buscar un tercer mandato al frente del municipio. Esto, pese a que la gestión de Chamorro no ha estado exenta de cuestionamientos.
La determinación del pacto “Chile Contigo Mejora”, que agrupa al oficialismo y a la DC, dejó fuera de la contienda a dos figuras destacadas dentro del espectro político local: Ariel Durán, también del Partido Socialista, y Tania Concha, del Partido Comunista. Esta última incluso renunció como consejera regional para presentarse como candidata a alcaldesa, con una promesa que finalmente se rompería a sus espaldas. La excore del Biobío y exconcejala de Coronel afirmó a este medio que se enteró “por la prensa” del respaldo de la izquierda a la reelección de Chamorro.
Tania Concha emitió un comunicado en el que apuntó a la “insistencia implacable” del PS en continuar a la cabeza de la Municipalidad de Coronel. “Tengo la certeza de que llevamos adelante una candidatura honesta y valiente, pero pudieron más las presiones de quienes temen que el pueblo decida libremente en las urnas. Nuestra carrera política es limpia y me quedo tranquila, sabiendo que nunca nadie podrá imputarnos ni acusarnos de nada”, declaró.
La gestora cultural y militante comunista –hija de la exalcaldesa de Coronel Norma Hidalgo– no duda en calificar la candidatura del actual alcalde como “oportunista” y cuestionó su ética política, señalando la mención del nombre de Chamorro en una arista del caso Convenios y en una investigación en curso liderada por la Fiscalía en el denominado caso Puerto Coronel, donde se indagan delitos de sobornos y cohecho.
En efecto, en septiembre del año pasado, el Ministerio Público informó que el gobernador regional Rodrigo Díaz (exmilitante DC) figuraba como imputado en indagatorias relacionadas con transferencias irregulares de fundaciones. Además de la arista “otros convenios” y “Lencería”, que involucra a la también imputada y excandidata a alcaldesa de Concepción Camila Polizzi, se menciona el caso de la ONG Red Cultivarte.
El tema es que la ONG Red Cultivarte es propiedad de Elizabeth Villanueva, exasesora comunicacional de Díaz en periodo de campaña y cuñada del alcalde de la comuna, Boris Chamorro. En tanto, Carlos Chamorro, hermano del jefe comunal y esposo de Villanueva, es ejecutivo de la Corporación Desarrolla Biobío, presidida por el actual gobernador. Cultivarte recibió un traspaso por más de $270 millones de manera directa.
Pese a que el alcalde Chamorro negó tener relación con la adjudicación del convenio, se conoció una carta en que este respalda la postulación al Gore del programa de cuidado integral e inclusivo a las personas mayores vulnerables de la comuna que lidera. Sin embargo, “la firma de cartas de respaldo a distintas iniciativas y organizaciones en nuestra región y comuna es una constante, siempre lo hemos hecho”, justificó el alcalde a Radio Bío-Bío. Esta investigación está en curso y el actual jefe comunal no figura como imputado en la causa.
Tania Concha explicó que calificar de “oportunista” a Boris Chamorro se debe a que el alcalde se inscribió en el Partido Socialista en 2002, pero luego renunció en 2009 para integrarse al entonces nuevo partido Movimiento Amplio Social (MAS), fundado por el exsenador Alejandro Navarro, donde fue nombrado presidente regional. El alcalde de Coronel pidió volver al PS de cara a las elecciones municipales de 2024, y en noviembre de 2023 la colectividad aceptó su refichaje, en medio de cuestionamientos que finalmente no prosperaron, ya que el apoyo a su reelección está confirmado.
A la aparición de su nombre en el caso Convenios se suma otra situación que involucra a Boris Chamorro. En enero recién pasado, la fiscal Anticorrupción, María José Aguayo, confirmó que el alcalde es investigado en una indagatoria sobre sobornos. Ese mismo mes, se allanó una decena de viviendas —incluida la del jefe comunal— y el municipio local. En el caso también figuran como imputados el concejal de Coronel Eduardo Araya, y Hernán Romero, hermano del actual diputado independiente de la bancada RN y exalcalde de la comuna, Leonidas Romero.
La fiscal Aguayo sostuvo que los mencionados “son investigados, son imputados en esta causa respecto de la participación de delitos en materias de corrupción, tienen la calidad de imputados y respecto de ellos se han dirigido estas indagatorias y otras más”.
El alcalde Chamorro se refirió al tema, consultado por la prensa local, y si bien no ahondó en su calidad de imputado, indicó que “hoy día estoy como colaborador de la investigación que está desarrollando el Ministerio Público“. Además, afirmó que ha hecho entrega a la Policía de Investigaciones (PDI) de todos los antecedentes que le han solicitado.
“Lo que se está investigando son pagos irregulares desarrollados por parte de la empresa Puerto Coronel, a través de proveedores como el hermano del diputado Romero”, enfatizó Chamorro a la prensa local. Por tanto, agregó, “tendrá que ser la familia Romero y la empresa Delsava las que tendrán que dar las explicaciones, y no este alcalde“.
Cabe mencionar que los hechos que se le imputan a los investigados apuntan a pagos irregulares realizados por la compañía Puerto Coronel, que habrían terminado en manos de figuras políticas y dirigentes sindicales, las que se habrían realizado a través de la empresa Delsava, propiedad de Hernán Romero, y también a través del empresario Víctor Olivares.
Fuentes del pacto oficialista indicaron a este medio que seguirán apoyando la reelección de Boris Chamorro, pese a que su nombre es mencionado tanto en el caso Convenios como en el de Puerto Coronel. Sobre esta última indagatoria afirman que en la querella presentada no figura el nombre de Chamorro. Además, sostienen que en el allanamiento de enero no se encontró nada que lo involucre y argumentan que la investigación solo apunta a exdirectivos del puerto y al hermano del diputado Romero.
La querella del actual gerente de la portuaria, Patricio Román, apunta a los exdirectivos Eduardo Hartwig y Javier Anwandter Hammersley, además de los empresarios contratistas de la empresa: Romero y Olivares. Este caso forma parte de una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Coronel y que estaría próxima ya a la formalización de cargos.
Tras el allanamiento de enero en el marco del caso Puerto Coronel, desde la municipalidad de Chamorro emitieron un comunicado refiriéndose al procedimiento: “Esta mañana, funcionarios de la PDI ingresaron al edificio consistorial, ubicado en Bannen 70, con el fin de realizar procesos relacionados a una investigación vinculada a una denuncia por hechos ocurridos hace algunos años y que involucraría a varias entidades públicas y privadas”.
El diputado Romero ha abordado el tema de su hermano, esperando que se trate de un error. “Por esas cosas de la vida allanaron la casa y la empresa de mi hermano. La colusión y la corrupción hay que combatirla de donde venga, las responsabilidades son personales, pero yo confío en mi hermano y espero que demuestre que hay un error”, dijo desde el Congreso a inicios de este año. “Ahora, si está involucrado, obviamente tiene que responder. Yo lamento la situación de mi hermano, pero hay que combatir la colusión y la corrupción, eso corresponde. El caiga quien caiga tiene que ser real, y no porque mi hermano esté ‘involucrado’ yo voy a mirar para el techo”, añadió.
Para la exconsejera regional Tania Concha, el alcalde Chamorro protagoniza un “pequeño caso Hermosilla”, ya que están vinculados a pagos irregulares familiares y políticos. En ese sentido, advierte que el apoyo a su reelección es peligrosa no solo para los partidos que la apoyan, sino también para la ciudadanía. A su juicio, el PS está “normalizando” hechos de corrupción y “de la corrupción al crimen organizado solo hay que cruzar de vereda”. En ese sentido, menciona otros casos que han sacudido a la Municipalidad de Coronel.
Concha resaltó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por fraude al fisco contra actuales y exfuncionarios de la Dirección de Educación Municipal de Coronel, denunciando el pago de “capacitaciones fantasmas” por cerca de 50 millones de pesos. Esta es la segunda acción legal relacionada con el tema, tras una querella previa presentada por un exfuncionario el año pasado. La investigación de la Fiscalía originada por esta querella ahora cuenta con el respaldo del CDE, que estima un fraude de 47 millones de pesos. Aún no hay formalizados en la causa.
La excore también recordó otra querella del Consejo de Defensa del Estado que apunta a la venta ilegal de licencias de conducir en la Municipalidad de Coronel. Se denunció a una funcionaria y a 12 particulares que pagaron por el documento. Se solicitó a la Fiscalía investigar diversos delitos, incluyendo soborno, cohecho, falsificación de documentos y delitos informáticos.
