La Fiscalía tiene antecedentes para pedir el desafuero del diputado Ojeda por la presunta participación en delitos de fraude al fisco reiterados: dos en carácter de consumado y uno en grado de frustrado. Esta medida, además de habilitar la formalización, la fiscalía espera medidas cautelares.
El diputado Mauricio Ojeda (Independiente – Republicano) está en el ojo del huracán luego de que se viera involucrado en el caso convenios, arista La Araucanía. Hoy la Fiscalía confirmó que solicitó a la Corte de Apelaciones de Temuco el desafuero del parlamentario para formalizarlo y solicitar medidas cautelares en su contra.
“Consideramos que, en algunas de las investigaciones que estamos realizando, existen antecedentes que determinan la comisión de delito y de participación de un parlamentario que goza precisamente de esta protección especial y es necesario a efecto de poder formalizar la investigación y hacer solicitud de medidas cautelares”, comentó el fiscal a cargo de la investigación Roberto Garrido.
Cabe recordar el caso. El diputado Ojeda está imputado en la investigación por un fraude millonario con recursos del Gobierno Regional de La Araucanía en el marco del Caso Convenios. En dicha investigación se investigan más de 730 millones de pesos que se habrían desviado gracias a dos fundaciones: Folab y Educc.
El diputado, mientras ejercía como parlamentario, entre junio y agosto del 2022, habría mantenido comunicación con la imputada Rinett Ortiz, quien le habría comentado al diputado que la fundación de la cual era directora y representante legal, Folab, tenía problemas financieros.
Ahí es donde la Fiscalía vincula a Ojeda. El parlamentario, quien es amigo de Ortiz, abría decidido ayudarla económicamente con recursos propios y de terceros. La PDI llegó el 16 de octubre a la casa del parlamentario y le solicitaron que entregara su teléfono celular de manera voluntaria a lo que Ojeda no se opuso. Sin embargo, entregó su aparato destruido. Según el abogado de Ojeda, este había sido destruido por su hijo de tres años.
Garrido advirtió que los antecedentes que existen para el posible delito “permiten presumir fundadamente la participación del parlamentario y se es en relación con el delito reiterado de fraude al fisco”. En detalle, el fiscal sostuvo que se tratan de “tres delitos de fraude, dos en carácter de consumado y uno en grado de frustrado que le correspondería desde nuestro juicio presumiblemente participación y por lo tanto no solo necesitamos formalizar la investigación sino que también requerir la imposición de medidas cautelares”.
