PAÍS
Lukas Solís/AgenciaUno
Nueve homicidios en seis meses, concentrados en un mismo sector, desconciertan a vecinos y autoridades. La explicación reside en la competencia entre grupos delincuenciales por el control de ese “mercado”, entre ellos, el Tren de Aragua y Los Pulpos.
Un total de nueve homicidios, solo en lo que va corrido del año, según las estadísticas de Carabineros, han conmocionado la vida de los vecinos de la comuna de Independencia, que si bien no es la que tiene mayores índices de crímenes de este tipo en la Región Metropolitana –el año pasado solo registró cuatro homicidios en total–, se trata de cifras que son 50% más altas que el año que más asesinatos registra en su historia (2022), cuando fueron seis, de acuerdo con el sistema STOP de Carabineros, o siete, según las estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
La mayoría de las personas que han perdido la vida lo han hecho en la esquina de las calles Maruri con Rivera o en sus alrededores, y entre las víctimas ha habido ciudadanos ecuatorianos y dominicanos. El problema tiene incluso proyecciones económicas: a principios de la semana pasada, el Diario Financiero informó acerca de la decisión de distintos fondos de detener sus inversiones inmobiliarias en tres comunas de la Región Metropolitana, entre ellas, Independencia, debido al clima de inseguridad de las mismas.
Al respecto, el consultor en materia de crimen organizado Pablo Zeballos señala que lo que se está viendo en esa comuna, como ha pasado antes en otros países, obedece a lo que él ha denominado como la “fase de intimidación“, que es la primera etapa de instalación de cualquier organización criminal, cuando esta busca asentarse en un nuevo mercado criminal.
Como explica el experto, dicha etapa siempre se caracteriza por mucha violencia, con el objetivo simbólico de mostrar fuerza no solo a las personas comunes y corrientes, sino también hacia otras estructuras criminales.
“Es lo que se ha visto en otros países cuando se asientan estructuras criminales que tratan de dominar sectores completos, a fin de manejar el narcomenudeo, la extorsión a los pequeños y medianos comerciantes del lugar, incluyendo a los ambulantes, así como instalar locales de distintos giros que les sirvan para lavar el dinero, como barberías, pollerías y otros”, detalla.
Una fuente que actualmente trabaja en el combate al crimen organizado, y que por lo mismo solicita no ser identificada, dice al respecto que, tal como indica Zeballos, el problema radica en la disputa del mercado criminal que se originó en Independencia, producto de varias situaciones que nada tienen que ver entre sí, pero en donde intervienen verdaderas luchas por el poder territorial por parte de distintos clanes criminales.
La primera de ellas fue que, a fines de 2021 e inicios de 2022 –comenta esta fuente–, el Tren de Aragua (TDA) había decidido instalarse en el Barrio Yungay, en Santiago centro, lugar donde ya estaba operando el grupo de origen peruano “Los Pulpos”.
Sin embargo, la decisión del recién electo Presidente Gabriel Boric de residir en ese sector y la llegada de una dotación permanente de Carabineros, les hizo repensar sus planes y poner sus ojos en otro lugar que les parecía muy atractivo: la Vega Central.
El patio de dicho lugar –continúa la misma fuente– estaba “dividido” entre estructuras criminales conformadas por ecuatorianos y por dominicanos, que controlaban el microtráfico en la zona, pero la llegada del TDA alteró la situación, pues por medio de la violencia expulsaron a los antiguos traficantes del sector.
Fue así como las bandas de origen dominicano y ecuatoriano comenzaron a asentarse por calle Maruri, un “mercado” atractivo, dada la gran cantidad de personas que residen en los edificios de altura de la zona.
El Tren de Aragua, sin embargo, no se quedó tranquilo y comenzó a exigir una “vacuna” (es decir, parte de sus ventas) a los microtraficantes, incluso estableciendo una tarificación horaria, según la cual los narcos debían pagarles más por las ventas vespertinas y nocturnas.
La negativa de estos fue el gatillante de la violencia que hasta el momento ha dejado una estela de muertos que la misma fuente atribuye justamente a la disputa territorial del TDA, que incluso estableció una especie de base operativa en calle Cruz, en una casa que ha sido allanada varias veces por parte de fiscalías de distintas partes del país.
El alcalde Gonzalo Durán (CS) dice que no cuenta con antecedentes respecto de la actuación del Tren de Aragua en la zona, pero agrega otra información en lo relativo a la lucha de clanes: “Ahí tuvimos a la banda de ‘Los Pulpos’, que fue desarticulada hace poco tiempo. Se estuvo trabajando intensamente en aquello y hoy día todos los líderes de ‘Los Pulpos’ están tras las rejas. Y esto ha generado una disputa territorial, creemos que básicamente asociada al tráfico de drogas, y esta disputa territorial ha incluido ajustes de cuentas y algunos homicidios que se han producido en el sector”.
Al respecto, el alcalde Durán señala que “Independencia es una comuna que históricamente ha tenido una tasa delictual muy por debajo de toda la zona norponiente y obviamente buena parte de la zona sur de Santiago”. A ese respecto, asevera que hasta el año pasado seguía siendo una de las comunas más seguras de la capital, por lo cual afirma que “estamos en presencia de un fenómeno completamente excepcional, que por supuesto nos preocupa y respecto del cual estamos trabajando activamente. ¿Cuál es el fenómeno excepcional? Es que hemos tenido en 2024 un número importante de homicidios y todos concentrados en un mismo barrio”.
A su juicio, ello tiene que ver con el hecho de que el sector marcado por la esquina de Maruri con Rivera “ha tenido un cambio sociodemográfico muy importante, donde se ha consolidado un porcentaje importante de población migrante, incluyendo a algunas bandas y organizaciones criminales”.
En cuanto a las medidas adoptadas ante ello, explica que como municipio trabajaron en forma estrecha con la PDI y la Fiscalía Centro Norte a fin de combatir a “Los Pulpos”, lo que culminó con la detención de 22 de ellos, incluyendo a uno de sus líderes, Luis Daga, más conocido como “Pacolo”.
Del mismo modo, argumenta que “hemos concordado con Carabineros una estrategia de copamiento territorial y esto significa, en la práctica, que hacemos a lo menos dos veces por semana importantes operativos en el sector, de control aleatorio de identidad de personas, control de personas con el propósito de establecer la situación migratoria de muchas de las que circulan en el lugar, de control vehicular con Carabineros y el Ministerio de Transportes”. En el mismo sentido, precisa, prácticamente todas las noches se está instalando un cuartel móvil de Carabineros en la esquina antes indicada.
Asimismo, detalla que están efectuándose controles periódicos con la Seremi de Salud respecto de la venta de alimentos en la calle, explicando que “muchas veces estos carros son puntos de distribución de microtráfico de drogas y entonces se utilizan como pantalla, sin perjuicio de que por sí mismos son también fuentes de incivilidades y problemas sanitarios”.
Además, agrega que “hemos hecho control de todo el comercio establecido, que muchas veces también disfraza actividades irregulares”, explicando que ya han clausurado 20 locales, entre ellos, restaurantes con patente de alcoholes, pero que, en realidad, eran discos clandestinas, barberías y locales de comida al paso.
Varios de estos negocios han sido clausurados varias veces, pues –como si fuera una película– señala que han detectado que muchos de ellos contaban con conexiones interiores, por lo cual, cuando se clausuraba uno, tenían otros accesos por los cuales ingresar.
En total, la Municipalidad de Independencia puntualiza que ha efectuado una serie de acciones en ese sentido: más de 100 operativos de fiscalización del comercio ambulante, más de 500 patrullajes municipales en la zona más conflictiva, al menos 10 operativos conjuntos con Seremi de Salud, Carabineros, PDI y el Ministerio de Transportes, así como una serie de acciones más focalizadas, entre ellas, fiscalizaciones de drogas y la clausura de locales clandestinos.
A juicio del concejal Agustín Iglesias (Ind), lo anterior es, sin embargo, insuficiente. Sostiene que “lo que está ocurriendo en Independencia es una tragedia. Hoy día es la comuna con más homicidios por habitante de la Región Metropolitana. Con nueve homicidios en menos de seis meses, la comuna, a mi parecer, se convierte en la capital de la muerte en Santiago, y que no se le ve salida mientras las autoridades no enfrenten este problema con decisión, con audacia, y de frente a las bandas criminales que hoy día se han tomado algunos barrios”.
Señala que “hay que usar todas las herramientas que entrega hoy día la ley”, agregando que “hay viviendas en que se sabe que ocurren delitos, dónde están ubicadas las bandas, y las municipalidades tienen la posibilidad de desalojar estas viviendas o demolerlas, en casos de que sean viviendas que estén en estado insalubre o inseguras para el sector”.
Al respecto, agrega que “hoy día tenemos a un niño de 13 años en recuperación por un disparo que le llega en un día a las 7 de la tarde, cuando él estaba comprando agua en un minimarket, y la verdad es que en ese contexto ya no es enfrentamiento de bandas puramente, sino que hay personas inocentes que salen afectadas por estas bandas, por lo que se necesita una presencia policial”.
En dicho sentido, opina que debería haber una intervención policial por un tiempo fijo, pues –a su juicio– “las gestiones que se hacen en el lugar son a cuentagotas, son parches que no atienden a enfrentar el problema en profundidad”. Asimismo, argumenta que él le entregó al alcalde un listado de 10 viviendas que, a su parecer, deberían ser intervenidas, sin que –asevera– se hayan efectuado hasta el momento gestiones en dicho sentido.
A ese respecto, el alcalde asegura que “el concejal (Iglesias), más que entregar una lista, una nómina de lugares que nunca ha entregado, ha insistido en esta tesis de la demolición”, y asevera que, si es necesario, se hará, pero explicando que “la demolición es factible de realizarse bajo determinados parámetros legales. No es que porque se identifique una situación ilegal, el municipio pueda ir y demoler. Lo que se requiere es que la Dirección de Obras verifique que la construcción es irregular, curse la multa correspondiente, ordene la regularización de la propiedad y, en caso de que esto no ocurra, la medida excepcional es la de la demolición”. El jefe comunal agrega que “nosotros hemos hecho ese proceso y, en la mayoría de los casos, al menos, han iniciado procesos de regularización de las propiedades”.
