PAÍS
Foto: Diego Martin/AgenciaUNO
Fiscalía descarta que víctimas de homicidios hayan estado acogidos a programas de protección
Dos hombres y una mujer fueron asesinados a tiros en Lampa en el mes de junio. Diversas informaciones sostienen que estaban colaborando con la Fiscalía en investigaciones sobre crimen organizado. El Ministerio Público descartó que hayan estado acogidas a programas de protección . (ACTUALIZADA)
En las últimas horas se dio a conocer que tres de los últimos homicidios registrados en el país – dos hombres y una mujer-, a consecuencia de múltiples disparos del tipo “ejecución”, habían estado colaborando en distintas investigaciones de la Fiscalía, en calidad de testigos protegidos.
Horas después que la información fuera difundida por T13, el Ministerio Público envió un comunicado en que asevera que: “Ante distintas versiones de prensa que sindican como testigos protegidos a víctimas de asesinatos ocurridos en Lampa y Ovalle, queremos aclarar que dichas personas no estaban siendo parte de ningún programa de protección al momento de ocurridos los hechos”, indicaron.
Aunque la fiscalía descarta que las personas hayan estado acogidas a un programa especial de protección , evita pronunciarse si las personas que fueron asesinadas estaban colaborando efectivamente o no, en alguna investigación vigente del Ministerio Público, en relación al Tren de Aragua.
“Al ser investigaciones reservadas, nos vemos impedidos de referirnos a ellas con el fin de proteger las indagaciones y resultados futuros”.
¿Qué se sabe?
La madrugada del 5 de junio, el sector de Lo Echevers en Lampa fue escenario de un macabro hallazgo: dos cuerpos sin vida, ambos de sexo masculino y de alrededor de 20 años, yacían en un sitio eriazo, con más de seis heridas de bala en la cabeza y el torso.
La violencia de la escena conmocionó a los vecinos, pero lo que enciende doblemente las alertas es que las víctimas fueron identificadas como Junior y Klivert, dos jóvenes venezolanos.
Una vecina, que prefirió mantenerse en el anonimato, relató al citado medio los detalles del siniestro momento: “Fueron como dos ráfagas bien rápidas. Los bajaron, los dejaron correr y ahí les dispararon. Ahí cayeron. Por lo que dicen fue así, porque la sangre no estaba así como… les dispararon allí”.
El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) ha tomado la responsabilidad de la investigación. Mientras tanto, desde el Ministerio Público, Alicia Díaz, jefa de la División de Víctimas y Testigos, ha optado por la cautela.
“Como son tipos de testigos que están bajo causas reservadas, tanto las medidas de protección como el proceso que ha ocurrido ahí para que se vulnerara la protección que les correspondía, no nos estamos pronunciando sobre eso porque podemos atentar a la reserva de la misma”, señaló la fiscal Díaz.
Lo sucedido en Lampa no sería un caso aislado. En abril de este año, en Ovalle, una joven también fue asesinada -según sostiene el medio- por su colaboración una investigación relacionada con el Tren de Aragua. Sin embargo, desde el Ministerio Público insisten en que estos trágicos eventos son excepcionales.
Según la fiscal Díaz, la proporción de testigos protegidos que han sido asesinados es “muy menor” en comparación con el número de personas que anualmente ofrecen su testimonio para el esclarecimiento de hechos delictivos. “El año pasado tuvimos más de 13 mil testigos con protección y todos esos testigos recibieron sus medidas y no tuvimos ninguna persona que falleciera en el proceso penal”, afirmó la persecutora.
“Diputados RN citarán a Fiscalía y ministra Tohá a Comisión de Seguridad
“Claramente nuestro país está siendo superado por el crimen organizado y no contamos con las herramientas para poder hacerle frente”.
Los diputados de Renovación Nacional (RN) e integrantes de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton (presidente de la instancia) y José Miguel Castro, expresaron su profunda preocupación ante lo sucedido en Lampa y Ovalle. Los parlamentarios exigen respuestas y medidas urgentes para mejorar el sistema de protección de testigos en Chile.
El diputado Longton lamentó lo sucedido y subrayó que “nuestro país se sigue deteriorando producto de la delincuencia. Ahora tenemos que ver cómo acribillan a balazos a testigos que iban a prestar testimonio contra el crimen organizado, que deberían haber estado protegidos de precisamente estos criminales. Claramente nuestra institucionalidad está superada. Hemos aprobado leyes como las que castigan con más fuerza la reincidencia, que contienen normas que protegen a víctimas y testigos. Pero nuestro sistema no está dando el ancho”.
Y añadió que “por eso vamos a citar al Ministerio Público para que nos diga exactamente qué es lo que está pasando, porque de ellos depende la protección de las víctimas. Pero claramente nuestro país está siendo superado por el crimen organizado y no contamos con las herramientas para poder hacerle frente y seguimos sumando víctimas a esta crisis de inseguridad que estamos viviendo como país”.
Por su parte, el diputado José Miguel Castro manifestó su indignación ante la situación, agregando que además citarán a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para conocer cómo opera la protección a testigos protegidos en Chile. “Es impresentable lo que ha pasado con testigos protegidos que han sido vulnerados sus derechos al punto de ser asesinados. No es posible que el Estado le pida a una persona que colabore, que esa persona ponga en riesgo su vida y finalmente no sirva de nada la protección. Es por eso que vamos a citar a la ministra del Interior para que nos pueda explicar qué es lo que está pasando y nos explique cómo mejorar el sistema de testigos protegidos aquí en Chile”, sentenció.
Para los parlamentarios es fundamental conocer las fallas en el sistema de protección de testigos, con la finalidad de proponer mejoras que garanticen la seguridad de aquellos que colaboran con la Justicia.
- Nota de la Redacción: Este artículo fue modificado con posterioridad a su publicación, puesto que horas después que T13 informara que las personas asesinadas tenían la condición de testigos protegidos, la Fiscalía emitió un comunicado en que descartó que, en esos casos, las víctimas hayan estado formalmente acogidas a un programa de protección de testigos.