Tras una década y ad portas de una nueva elección regional, la pregunta sobre cuánto hemos avanzado en descentralización permite poner en perspectiva el cumplimiento de los objetivos planteados en el informe del 2014, y cuáles son las principales deudas y desafíos para los próximos 10 años.
El próximo 26 y 27 de octubre será la segunda oportunidad en que las regiones podrán elegir a su máxima autoridad, después que en 2021 se materializara por primera vez la elección democrática de los 16 jefes regionales en el país. Ese hito marcó un antes y un después en el proceso de descentralización, tras ser promulgada la Ley 21.073 en 2018 por la expresidenta Michelle Bachelet, y cuya reforma constitucional creó la figura de los gobernadores regionales.
Precisamente esta semana se cumplen 10 años del día en que la exmandataria recibió el informe final de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional, instancia que elaboró de forma inédita una hoja de ruta para la descentralización política, administrativa y fiscal de Chile, trabajo que posibilitó proyectar una nueva estructura territorial del Estado. En ese entonces, se planteó avanzar en elecciones regionales, transferencia de competencias, una Ley de Rentas, participación y fortalecimiento de la sociedad civil, entre otras medidas
Tras una década y ad portas de una nueva elección regional, la pregunta sobre cuánto hemos avanzado en descentralización permite poner en perspectiva el cumplimiento de los objetivos planteados en el informe del 2014, y cuáles son las principales deudas y desafíos para los próximos 10 años.
En esa línea, el actual ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela –quien presidió en ese entonces la Comisión para la Descentralización–, señaló que uno de los avances más importantes fue “la primera elección de gobernadores y gobernadoras regionales, terminando con un modelo semiautoritario de nación central de las autoridades territoriales”.
“Este es un paso que ha generado mayores niveles de autonomía, legitimidad de la autoridad, y ha permitido que las regiones puedan jugar sus apuestas con mayor fuerza. Hay regiones que han puesto énfasis en temas de infraestructura, hay otras que han apostado más con los gobernadores y gobernadoras por el desarrollo económico, otras por temas de sustentabilidad, otras en las agendas sociales complementarias para lograr avanzar en salud, en educación, con fondos convergentes con los distintos gobiernos regionales”, afirmó.
Por su parte, el experto en descentralización y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral, Egon Montecinos, comparte que el evento político más relevante, desde el retorno a la democracia, ha sido la elección de las autoridades regionales.
“En la dimensión fiscal, yo diría que hay dos hitos relevantes en los últimos 10 años. Uno es el programa de zonas rezagadas de la expresidenta Bachelet, que implicó hablar del Fondo de Convergencia. Fondo que permitió dotar con mayor inversión aquellos territorios que iban más atrás respecto de otros, con criterios de equidad territorial. Y el segundo hito en la dimensión fiscal es la Ley de Royalty del Presidente Boric. La distribución de los recursos se hizo con criterios de igualación –como se denomina en la literatura–, donde, por ejemplo, la Región de Los Ríos, sin tener nada que ver con el royalty minero, recibe recursos considerables. Y fue una buena noticia para muchos gobiernos subnacionales que esos recursos sean de libre disposición”, indicó.
Asimismo, Montecinos agregó que, en materia de descentralización administrativa, uno de los avances más relevantes fue la Ley de Transferencia de Competencias. “Recordemos que en la reforma del 2017-2018, la expresidenta Bachelet –además de promulgar la Ley 21.073, que habilitó la elección de gobernadores regionales– despachó la Ley 21.074, que fortalece la regionalización y donde viene una serie de transferencias de competencias a los gobiernos regionales que, en su implementación, resulta ser algo rígida, algo engorrosa, pero como medida, como impulso, no lo habíamos tenido antes”.
Después del fracaso de los dos procesos constitucionales y la promesa incumplida de eliminar la figura del delegado presidencial, las expectativas respecto a conseguir avances estructurales en descentralización se han ido moderando. A lo anterior, se suma el debate sobre el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, el que hasta ahora agrega una nueva figura del Gobierno Central con representación regional a cargo de la seguridad.
Además, el impacto del caso Convenios puso el foco en la falta de control en la gestión de los recursos, por lo que gran parte de las propuestas de campaña de candidatas y candidatos a los gobiernos regionales se han centrado en medidas de probidad y transparencia. En ese sentido, el traspaso de competencias en materia fiscal también ha sido una de las principales preocupaciones de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile.
No obstante, a más de un año de haber sido ingresado al Congreso el proyecto Regiones Más Fuertes –o también conocido como Ley de Rentas Regionales–, aún no logra avanzar en su tramitación. La iniciativa busca una mayor autonomía de las regiones para el manejo de recursos, más financiamiento, descentralización y responsabilidad fiscal regional.
La demora del proyecto pone en evidencia una de las principales deudas en la materia y que fue parte de los objetivos planteados hace 10 años. Así lo señala Heinrich von Baer, past president de la Fundación Chile Descentralizado, quien también integró la Comisión para la Descentración de 2014.
“Por razones de contingencia, de cortoplacismo y electoralismo, se puso en agenda solo la elección de gobernadores regionales. Vale decir, solo descentralización política. Los otros cuatro ejes los dejaron afuera. Nosotros insistimos, reclamamos, no hubo caso de quebrar esa indolencia, esa ignorancia y ese cortoplacismo de los partidos y de los gobiernos, ahí nadie se salva”, señaló hace unos días a Radio Bío-Bío.
En mayo de este año, se constituyó el Consejo Asesor de la Política de Descentralización, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Se trata de una política que busca promover el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales y establecer un plan de acción de 2024 a 2034. Actualmente se encuentra en la etapa de sistematización, luego de procesos participativos, para la redacción de un texto definitivo que será presentado al Presidente Gabriel Boric.
El académico Egon Montecinos, integrante del consejo asesor, afirmó que “no se están proponiendo cambios estructurales, se están proponiendo cambios que sean posibles de implementar en este contexto institucional y constitucional que tenemos”.
Por ejemplo, una de las reformas apuntaría a cambiar el rol de la Subsecretaría de Desarrollo Regional en su relación con los gobiernos regionales. “Antes tenía sentido, cuando había intendentes, ya que eran autoridades designadas que dependían del Ministerio del Interior. Hoy día no tiene sentido que la Subdere esté radicada en el Ministerio del Interior, cuando el tema que se está viendo en regiones no es de seguridad interior, para eso existe el delegado. No es necesario hacer un cambio constitucional para que la Subdere asuma un rol de acompañamiento de los gobiernos regionales, de fortalecimiento de sus capacidades”, dijo.
En esa línea, Montecinos agregó que otras de las propuestas de esta Política de Descentralización sería fortalecer las competencias de las divisiones de los gobiernos regionales, fortalecer de recursos humanos, el control de la gestión, es decir, reforzar las unidades de control y las contralorías regionales. También otorgar más atribuciones a los gobernadores respecto del poder de coordinación sobre las secretarías regionales ministeriales.
Por su parte, la exintendenta, exministra de Educación y también integrante del consejo asesor, Adriana Delpiano, subrayó que “lo más importante es cómo definir lo que mejor se hace en el espacio territorial que corresponde”. Aclaró que, si bien será la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en nombre del Gobierno, la que tome la decisión de qué propuestas recoger, “hay una oportunidad más realista de avanzar”.
“Nosotros somos un país culturalmente muy centralista, finalmente no por nada vive el 40% de la población en Santiago. Pero creo firmemente –y ese ha buscado ser mi aporte dentro de todo esto– en la unidad del Gobierno Regional, con las universidades regionales e incluso la sede de Televisión Nacional en cada región, para que cumplan una función muy de pivote junto a los municipios, y así poder realmente buscar el mejor desarrollo y una identidad regional que hoy día no existe”, afirmó Delpiano.