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Solicitan renuncia al director de la “Tía Rica” tras denuncia de Contraloría PAÍS El Mostrador

Solicitan renuncia al director de la “Tía Rica” tras denuncia de Contraloría

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Tras el informe de Contraloría que detectó “débil control” en la Dicrep, el Ministerio del Trabajo solicitó la renuncia del director Cristóbal Sepúlveda. La subrogancia recae “desde hoy en el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso”.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Ministerio del Trabajo pidió la renuncia del director de la Dirección de Crédito Prendario, Cristóbal Sepúlveda, tras el informe de Contraloría que reveló falencias graves en los controles del organismo. La CGR detectó que 1.681 personas con antecedentes penales empeñaron bienes por más de $1.500 millones y que hubo usuarios que realizaron hasta 230 operaciones en un año. La subrogancia quedó a cargo del jefe jurídico, Juan Andrés Troncoso.
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El Ministerio del Trabajo y Previsión Social solicitó la renuncia del director general de Crédito Prendario (Dicrep), Cristóbal Sepúlveda Miranda, luego del informe de la Contraloría General de la República que reveló graves falencias en los controles del organismo conocido popularmente como la “Tía Rica”.

A través de un comunicado oficial, la cartera informó que “el cargo fue proveído a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), dicha subrogancia legal recaerá desde hoy en el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso”.

La decisión se adopta tras el informe emitido el 17 de diciembre por la Contraloría, que detectó que durante 2023 y 2024 la Dicrep efectuó un “débil control” de sus operaciones. El organismo fiscalizador constató que 1.681 personas con antecedentes penales empeñaron bienes por más de $1.500 millones, sin que se verificara la procedencia de las especies.

El informe también advirtió que existen usuarios que recurrieron de manera reiterada al sistema, registrando “hasta 230 veces en un año” operaciones de empeño.

La Dicrep se caracteriza históricamente por su política de acceso amplio y no restrictivo, que exige solo dos requisitos: ser mayor de 18 años y presentar cédula de identidad. Sin embargo, la falta de verificación de los bienes y la ausencia de mecanismos de control para transacciones reiteradas levantaron alertas institucionales.

El informe de Contraloría abrió cuestionamientos sobre el estándar de fiscalización del servicio y motivó la acción del Gobierno respecto de la continuidad de su máxima autoridad. En paralelo, el Ministerio del Trabajo instruyó medidas internas y procesos administrativos para determinar responsabilidades y fortalecer los sistemas de control.

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