Exministro Montes: informe de Contraloría no dice que encontraron compras de terreno con sobreprecio

El exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, salió a defender la política de gestión de suelo desarrollada entre 2022 y 2026, luego de las interpretaciones surgidas tras el informe de la Contraloría General de la República sobre compras de terrenos realizadas por el Estado.

Según sostuvo el exsecretario de Estado, el organismo contralor nunca habló de sobreprecio ni estableció perjuicio fiscal en las operaciones revisadas. “Interpretar sobreprecio es como decir que el Estado está en quiebra: no es verdad. La Contraloría nunca habló de sobreprecio ni estableció perjuicio fiscal”, afirmó Montes.

El exministro agregó que el Informe N°421 se enfocó en observaciones relacionadas con procedimientos administrativos y mejoras de gestión, en el contexto de una política pública que calificó como “nueva, compleja y de largo plazo”.

“Lo que hizo fue plantear observaciones de mejora de gestión y procedimientos en una política nueva, compleja y de largo plazo”, señaló.

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Montes también enfatizó que el propio informe concluye sin remitir antecedentes al Ministerio Público ni al Consejo de Defensa del Estado, descartando ilícitos o irregularidades penales. “No es verdad que el informe de la Contraloría hable de sobreprecio. Esa palabra simplemente no existe en sus 149 páginas”, insistió.

El ex titular del Minvu explicó que todas las adquisiciones fueron realizadas utilizando tasaciones vigentes del Serviu y, en algunos casos, con evaluaciones complementarias. “Todos los terrenos fueron adquiridos con tasaciones SERVIU vigentes y, cuando correspondía, con tasaciones adicionales”, afirmó.

En esa línea, defendió la decisión de adquirir terrenos ubicados en zonas mejor conectadas y cercanas a servicios urbanos, señalando que esa estrategia buscaba evitar la expansión periférica de proyectos habitacionales.

“Comprar suelo céntrico cuesta más por metro cuadrado, pero genera una rentabilidad social muchísimo mayor y termina siendo más barato para el Estado y para las familias en el largo plazo”, sostuvo.

Montes puso como ejemplo experiencias urbanas anteriores, como Bajos de Mena, para argumentar que construir lejos de la ciudad consolidada termina generando mayores costos públicos en transporte, conectividad y servicios básicos.

El exministro también destacó que la política de gestión de suelo no nació exclusivamente durante el gobierno de Gabriel Boric, sino que tuvo continuidad desde la administración de Sebastián Piñera.

“Esta política comienza a estructurarse durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y se profundiza en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, especialmente tras la aprobación de la Ley 21.450”, indicó.

Según explicó, uno de los objetivos centrales era constituir un banco de suelo estratégico para futuras administraciones y no únicamente responder a metas inmediatas del Plan de Emergencia Habitacional.

“El Estado no puede seguir comprando terrenos solo cuando ya tiene el proyecto listo, porque llega tarde y termina pagando más caro o construyendo donde nadie quiere vivir”, afirmó.

Finalmente, Montes sostuvo que durante su gestión el propio Ministerio de Vivienda detectó riesgos y debilidades en el proceso, aplicando correcciones internas antes incluso de la revisión de Contraloría.

“Fue una política pública innovadora, desarrollada en un contexto de alta presión habitacional y con un ministerio que estaba construyendo capacidades que no existían hace décadas”, concluyó.