PAÍS
Gobierno detecta alertas por US$9.200 millones en auditoría al Estado
El Ejecutivo presentó el tercer informe del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión preliminares tras revisar más de 913 millones de registros en servicios públicos. Además, instruyó investigaciones particulares en Junaeb, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Transportes y Anid.
El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal presentó este lunes en La Moneda los resultados de su tercer informe sobre funcionamiento del Estado y uso de recursos públicos durante el período 2022-2026. La revisión, realizada a partir de registros del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, abarcó más de 913 millones de datos en más de 500 servicios del gobierno central.
Según detalló la subsecretaria Constanza Castillo, los recursos involucrados que habrían generado alertas durante los dos meses de trabajo superarían los US$9.200 millones. La autoridad enfatizó que aquello “no implica necesariamente existencia de fraude”, y que las situaciones detectadas van desde errores e inconsistencias hasta eventuales irregularidades o hechos de relevancia penal.
Una de las principales alertas apunta a la postergación de pagos de 2025 a 2026, por un monto estimado en US$3.200 millones, cercano al 1% del PIB. De acuerdo con Castillo, se trataría del nivel más alto detectado en los últimos traspasos presidenciales. Entre los compromisos mencionados figuran deudas con proveedores de salud por hasta US$1.000 millones, Junaeb por US$650 millones, gratuidad universitaria por US$400 millones y 9.986 pymes proveedoras del Estado por US$268 millones.
El Ejecutivo también solicitó abrir investigaciones particulares y auditorías en cuatro organismos: Junaeb, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y Anid. En el caso de Junaeb, el informe alude a posibles fraudes e irregularidades en licitaciones del Plan de Alimentación Escolar, con pagos por servicios no realizados y sobreprecios.
Respecto del Ministerio de la Mujer, se mencionó un uso ineficiente y falta de control de recursos públicos. En Transportes, el comité detectó problemas de control financiero, rendiciones pendientes y no cobro de multas y garantías. En Anid, en tanto, se observaron altos niveles de rendiciones rechazadas y recursos pendientes de rendición. Si las auditorías arrojan señales significativas, los antecedentes serán remitidos a organismos como Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio Público.
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