Exministro Gajardo cita a Piñera y califica de “retroceso” traslado de reos comunes de Punta Peuco

El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó como una “muy mala decisión” el traslado de tres reos comunes desde el Centro Penitenciario de Tiltil (Punta Peuco), señalando que la medida representa un retroceso respecto a los avances logrados durante el mandato de Sebastián Piñera. Gajardo sostuvo que esta acción atenta contra el principio de igualdad ante la ley, afirmando que no deben existir personas ni grupos privilegiados en el país.

El exsecretario de Estado abordó el anuncio de Gendarmería sobre la reubicación de internos por delitos comunes, advirtiendo que el cambio podría implicar un retroceso en la protección de los derechos humanos.

Gajardo comparó la situación con hitos de administraciones previas, como el cierre del penal Cordillera, y recordó que el expresidente Sebastián Piñera reconoció la gravedad de los crímenes de la dictadura militar.

“Hasta el gobierno del presidente Piñera teníamos un consenso en estas materias, por eso el gobierno del presidente Piñera entre otras cosas cierra el penal Cordillera. El presidente Piñera habló de los cómplices pasivos (…) dio pasos muy importantes en reconocer que los crímenes que se habían cometido durante la dictadura militar no los podíamos justificar bajo ninguna circunstancia y habló de un consenso que estamos en el cual estamos retrocediendo lamentablemente”, dijo Gajardo.

Ante este escenario, instó al Ejecutivo a actuar con transparencia y aclarar si existe una decisión política para restablecer la especialidad del decreto de creación de Punta Peuco, de modo que vuelva a ser un recinto exclusivo para criminales de lesa humanidad.

“Es una decisión que nos hace retroceder en la protección de los derechos humanos pero también en el hecho de que no existan personas privilegiadas ni grupos privilegiados en nuestro país es una decisión que va a en contraentido de lo que se ha venido haciendo en esta materia es decir desde el presidente Piñera cuando cerró el penal Cordillera al presidente Boric cuando transforma el penal Puntapu en un penal común la señal que se está dando es que los criminales de esa humanidad no pueden tener una cárcel especial para cumplir sus condenas”, afirmó.

En relación con la discusión sobre la conmutación de penas para condenados de edad avanzada o con discapacidad, el abogado puntualizó que, si bien puede considerarse un “acto de humanidad”, debe ajustarse al Estatuto de Roma.

Esto implica el cumplimiento de tres condiciones: colaboración efectiva en los procesos, entrega de información valiosa para resolver los crímenes y arrepentimiento de los delitos cometidos. Asimismo, recordó que el sistema jurídico chileno ya permite a los tribunales de justicia flexibilizar condiciones penitenciarias por razones de salud terminal sin necesidad de reformas adicionales.

Respecto a la conducción del actual Ministerio de Justicia, Gajardo valoró la reunión sostenida con el ministro Fernando Rabat para dar continuidad a las políticas del área, contrastándolo con el discurso oficial que suele culpar a la administración anterior por los problemas del país.

No obstante, calificó como un “exceso retórico” las promesas de campaña del presidente Kast sobre la construcción de 100 mil plazas carcelarias en cuatro años. Finalmente, detalló que el gobierno de Gabriel Boric dejó listas 5.498 plazas para ser implementadas este año, además de otras 15 mil en desarrollo y 15 mil en estudio, proyectos que espera que la actual administración concrete.