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Seguridad, migración y situación fiscal: las tres medidas que activó el Gobierno tras Cuenta Pública PAÍS Captura de pantalla

Seguridad, migración y situación fiscal: las tres medidas que activó el Gobierno tras Cuenta Pública

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Desde Cerro Castillo, el Presidente Kast firmó el proyecto para crear un registro de vándalos e incivilidades, un decreto que implementa el Plan Retorno para migrantes irregulares y una iniciativa que eleva en US$6.200 millones el límite de endeudamiento fiscal para 2026.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Las medidas incluyen la creación de un Registro Único de Vándalos e Incivilidades, que contempla la pérdida de beneficios sociales y restricciones administrativas para quienes sean sancionados por ciertos delitos y faltas; un proyecto para aumentar en US$6.200 millones el límite de endeudamiento autorizado para 2026 debido a mayores necesidades de financiamiento del Estado; y el denominado Plan Retorno, que otorgará 180 días a migrantes en situación irregular para abandonar voluntariamente el país sin enfrentar sanciones migratorias inmediatas.
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Tras rendir su primera Cuenta Pública ante el Congreso, el Presidente José Antonio Kast se trasladó al Palacio Cerro Castillo para concretar la firma de tres iniciativas clave anunciadas en su discurso. Luego de encabezar un comité político y de seguridad junto a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y las policías, el Mandatario oficializó dos proyectos de ley y un decreto que buscan establecer nuevas sanciones contra desórdenes públicos, actualizar las necesidades de financiamiento del Estado y gestionar la población extranjera indocumentada.

En materia de seguridad ciudadana, el Ejecutivo firmó el proyecto que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que la iniciativa busca establecer un estricto régimen de castigos administrativos para quienes atenten contra la convivencia o la infraestructura pública. Las personas condenadas por agresiones a carabineros, instalación de barricadas o daños patrimoniales perderán el acceso a beneficios sociales estatales, como la gratuidad universitaria y la Pensión Garantizada Universal. Asimismo, el catastro operará con restricciones severas que impedirán a los infractores obtener pasaportes, renovar licencias de conducir o realizar transferencias de bienes, aplicando también para faltas como el consumo de drogas en la vía pública o la venta ilegal de alcohol. Frente a los cuestionamientos por la magnitud de las sanciones, el Presidente Kast defendió la medida argumentando que quienes destruyen los bienes nacionales no pueden beneficiarse posteriormente de los recursos del Estado.

En el ámbito económico, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, oficializó un proyecto de ley destinado a elevar el límite máximo de endeudamiento contemplado en la Ley de Presupuestos 2026. La medida solicita al Congreso una autorización de deuda adicional por 6.200 millones de dólares para hacer frente a una actualización adversa del escenario fiscal. El secretario de Estado justificó este incremento precisando que 3.800 millones de dólares corresponden a un déficit mayor al proyectado, 1.500 millones se destinarán a cubrir obligaciones de la denominada deuda flotante y los 900 millones restantes responden al efecto del tipo de cambio sobre las emisiones vigentes. Quiroz calificó la solicitud como una acción de responsabilidad indispensable para normalizar la situación financiera heredada y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del país.

Finalmente, el Gobierno promulgó el decreto que da vida al “Plan Retorno”, una herramienta administrativa orientada a facilitar la salida voluntaria de extranjeros en situación irregular. El biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, explicó que la administración enfrenta un escenario con más de 330.000 migrantes indocumentados y 40 mil órdenes de expulsión pendientes. Ante esto, el plan otorga un plazo de 180 días para que quienes ingresaron por pasos no habilitados abandonen el país inscribiéndose en una plataforma digital. Al acogerse a este mecanismo de excepción, las personas quedarán exentas de sanciones inmediatas y de prohibiciones de reingreso, dejándolas habilitadas para intentar una entrada regular en el futuro. No obstante, el Mandatario advirtió que quienes no utilicen esta ventana de salida deberán asumir todas las consecuencias y medidas punitivas que contempla la normativa migratoria.

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