Fiscalía investiga a juez vinculado con red de corrupción en Bienes Nacionales

A pesar de existir desde hace más de dos años un informe de la PDI que registró gestiones irregulares del juez titular del Segundo Juzgado de Letras de Arica, Gonzalo Quiroz Espinoza, en la tramitación de una causa sobre deslindes de un predio de la “Cooperativa Agrícola Valles Hermosos” durante el 2023, la Fiscalía Regional mantiene la investigación, en su caso, en carácter de desformalizada.

• La situación quedó al descubierto durante la investigación penal sobre una red de corrupción detectada en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y que fue formalizada en septiembre del año pasado.
• En medio de las pesquisas, personal de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) reportó el 22 de febrero de 2024 a la fiscal Paulina Brito Doerr una compleja arista: las acciones del magistrado para fallar favorablemente sobre la solicitud de sus amigos, el consultor Carlos Falcón Arredondo y el abogado Luis Bardi Farfán, para aprobar la inscripción con nuevos deslindes de un predio de la Cooperativa Agrícola Valles Hermosos en el valle de Lluta. Lo anterior, a sabiendas de que el loteo tenía menos de la superficie que la declarada en un informe elaborado por Falcón.

De profesión cartógrafo, Falcón era seguido de cerca por la policía a raíz de su participación en la tramitación de solicitudes de suelo fiscal a la Seremi de Bienes Nacionales, lugar donde trabajó como encargado del Área de Catastro hasta el 2010. Hoy es uno de los 16 acusados en la investigación original sobre corrupción pública por la gestión de arriendos, ventas y regularizaciones de propiedades fiscales, y se apresta a enfrentar un juicio oral. El profesional está imputado por los delitos de asociación delictiva, varios sobornos a funcionarios públicos en distintos hechos y por tráfico de influencias.

El informe

En exclusiva, Aquí Arica obtuvo el Informe Policial N° 20240103526/00244/302 del 22 de febrero de 2024. En el documento, la PDI reveló a la fiscal Brito que existían varios audios de conversaciones telefónicas interceptadas, en las que aparecía el juez proponiendo alternativas para resolver el problema de los deslindes de la Cooperativa Agrícola Valles Hermosos con el consultor Falcón y el abogado particular de la entidad, Luis Bardi Farfán, con el fin de ingresar una causa en su tribunal.

• El problema de fondo que debía resolver el juez era la aprobación de los deslindes, que consideraban una superficie de cinco hectáreas, pero que en realidad eran de una dimensión menor. En dos intentos anteriores a nivel judicial, relata el informe policial, el abogado Bardi había intentado regularizar esta situación, pero no lo había logrado.

El reporte de la PDI indicó que en una conversación con el magistrado, el abogado de la cooperativa, Luis Bardi, habría logrado que el juez le señalara un camino para lograr un fallo favorable, contratando una asesoría técnica y topográfica con el cartógrafo Carlos Falcón. Todas estas gestiones, incluyendo el pago de $ 6 millones al consultor Falcón, quedaron registradas en numerosos llamados telefónicos captados a través de intervenciones que se realizaron al número del profesional mientras se investigaban las irregularidades denunciadas en la Seremi.

El objetivo de conseguir un fallo favorable a la inscripción de la superficie apuntaba a pasar a una segunda etapa, consistente en la subdivisión de 10 lotes del predio en cuestión, el cual ya se encontraba subdividido con varios muros en su interior. En el informe policial se reveló que, de no conseguir la aprobación del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a esa parcelación, el camino sería llevar la controversia al tribunal del magistrado, quien era conocido por fallar en contra de los entes fiscales que reclaman deslindes a nivel judicial.

Al final, en la investigación policial se acreditó que el 17 de enero de 2024, el magistrado Quiroz dictó sentencia favorable a la inscripción del predio, bajo las condiciones que se revelaron en las múltiples escuchas telefónicas interceptadas durante el 2023. El proceso incluyó mediciones realizadas al terreno por el topógrafo Christopher Malebrán Hidalgo, funcionario de la Seremi de Bienes Nacionales hasta 2023, y también acusado en la causa por delitos de corrupción pública. Por ello, como conclusión, la policía civil sugirió a la Fiscalía que las conductas desplegadas por el juez se enmarcarían dentro del delito de prevaricación, tipificado en los artículos 223 y 224 del Código Penal, es decir, la emisión a sabiendas de fallos contrarios a la ley.

Fiscales “amigos del juez”

Tal como ocurrió en la causa penal en contra de la banda del crimen organizado “Los Gallegos”, en la que tres jueces orales se inhabilitaron para evitar enjuiciar a sus integrantes, esta vez fue en la Fiscalía Regional donde la pesquisa causó incomodidad en al menos dos fiscales.

Fuentes confidenciales revelaron que la fiscal Brito se habría abstenido de continuar la investigación de estos antecedentes, argumentando que había sido compañera de universidad del juez Gonzalo Quiroz. En efecto, ambos habrían coincidido en la Universidad Central y desde esos tiempos habrían mantenido una estrecha amistad.

• Si bien este pasaje no lo admitió, el fiscal regional Mario Carrera reconoció que la causa fue derivada a la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos del órgano persecutor. En ella –confirmó– quien se inhabilitó fue el fiscal adjunto Francisco Ganga Dinamarca, aludiendo a razones de “amistad” con el magistrado. Por este motivo la investigación fue asignada finalmente al fiscal jefe de esa unidad, Rodrigo González Vega.

Sobre esta particular situación, Carrera dijo que “Arica es muy pequeño, es difícil que no haya relaciones. Por eso la causa la lleva el fiscal jefe, que no tiene relaciones con nadie en la ciudad”.

Sobre las diligencias realizadas, el fiscal regional señaló que la causa es “totalmente reservada, y lo que busca es ver si existe algún funcionario judicial involucrado de alguna manera en estos temas”.

• Sin embargo, la Fiscalía no se pronunció sobre el largo tiempo transcurrido desde la notificación del informe pericial de la PDI y que aún no se haya adoptado una decisión sobre este material obtenido. Es más, las mismas fuentes revelaron que este proceso solo tendría un fiscal asignado hace una semana.

Molestia en el CDE

La inmovilidad que registraría la causa que apunta al magistrado, habría generado molestia en la Procuraduría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Arica y Parinacota. Fuentes confidenciales indicaron que la situación fue representada por la entidad a la Fiscalía Regional, dada la gravedad de los hechos y que este asunto sería conocido por la defensa del consultor Falcón.

La incomodidad del CDE no solo sería por esta situación, sino también por la decisión adoptada por la fiscal Brito de no recurrir inicialmente al equipo local de la entidad, para que activara la querella correspondiente sobre la investigación en la Seremi de Bienes Nacionales. En su diseño, Brito habría optado por requerir el apoyo jurídico del nivel central del CDE. La razón: la cercanía de la Procuraduría con el equipo de la Seremi por las constantes tramitaciones conjuntas sobre suelo fiscal en tribunales.

Esa tirantez se habría agravado en abril pasado, cuando definitivamente la Fiscalía cerró la causa por corrupción en la Seremi, sin atender varias diligencias solicitadas en la querella del CDE. Justamente, en la solicitud de reapertura de la causa es cuando el organismo habría advertido la llamada “Arista Quiroz” dentro del abultado expediente. Al final, el 4 de mayo pasado, el CDE no logró la reapertura en una audiencia solicitada ante el Juzgado de Garantía, por lo que el proceso hoy está en vías de ir a un juicio oral (ver nota).

Y si bien no admitió las diferencias con el Ministerio Público, desde el CDE señalaron a Aquí Arica que tomaron conocimiento de esta arista recién en mayo de este año. “Informamos que el Consejo de Defensa del Estado, a través de su Procuraduría Fiscal de Arica, tomó conocimiento de estos hechos en el mes de mayo, motivo por el cual inició las coordinaciones con el Ministerio Público. Actualmente, el Consejo se encuentra en el proceso de análisis de los antecedentes, de manera de determinar las posibles acciones a seguir. Dado que la investigación es de carácter reservado, no podemos proporcionar más detalles al respecto”, expuso la institución en una breve nota.

Ante la consulta de este medio sobre esta investigación penal, la Corte de Apelaciones de Arica informó “que las investigaciones penales son exclusivas del Ministerio Público, sin que este tribunal de alzada haya tomado conocimiento de antecedentes que involucren a algún magistrado de la jurisdicción“.

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