PAÍS
Estudio revela que obligaciones ambientales para proyectos se triplicaron en la última década
Una investigación de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad concluyó que las obligaciones ambientales contenidas en Resoluciones de Calificación Ambiental se triplicaron entre 2015 y 2024. El aumento no responde a nuevas leyes, sino a una aplicación más intensa de las normas vigentes.
La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) presentó este miércoles los resultados de la segunda fase de su estudio sobre carga regulatoria ambiental, una investigación que concluyó que las obligaciones ambientales exigidas a los proyectos de inversión en Chile se triplicaron durante la última década.
Los resultados fueron dados a conocer en un encuentro realizado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, actividad que contó con la participación de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray; el consejero de la CNEP y académico de la UAI, Andrés Zahler; la abogada Paulina Riquelme; el director ejecutivo de Pivotes, José Antonio Valenzuela; y el académico Rodrigo Wagner.
El estudio utilizó herramientas de inteligencia artificial para identificar, clasificar y analizar las obligaciones contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) aprobadas entre 2015 y 2024. En esta segunda etapa se amplió significativamente la muestra respecto de la investigación realizada en 2025, incorporando 3.728 RCA correspondientes a todos los sectores económicos evaluados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La cobertura alcanzó al 96% de los proyectos aprobados durante el período y al 99% de la inversión sometida a evaluación ambiental. Como resultado, se identificaron más de 481 mil obligaciones ambientales.
Según la investigación, mientras en 2015 los proyectos aprobados enfrentaban en promedio 60 obligaciones por RCA, en 2024 esa cifra llegó a 213 obligaciones por proyecto. Los mayores incrementos se observaron en minería, con un aumento de 337%; industria, con 278%; energía e infraestructura, con 220%; y saneamiento, con 203%.
La CNEP concluyó que este fenómeno no está asociado a la creación de nuevas regulaciones. De las 178 disposiciones identificadas como fuente de obligaciones, apenas el 3,1% fue promulgado después de 2015. En cambio, el estudio detectó una utilización cada vez más frecuente de la normativa ya existente. Así, mientras una RCA promedio citaba menos de 15 cuerpos normativos hace diez años, actualmente se acerca a los 25.
Otro de los hallazgos apunta a que una parte relevante de las exigencias surge durante el propio proceso de evaluación ambiental. El informe indica que el 59% de las obligaciones tiene origen en normas explícitamente señaladas en las resoluciones, mientras que el 41% restante corresponde a compromisos voluntarios o condiciones específicas incorporadas durante la tramitación de los proyectos.
Entre las normas que generan una mayor cantidad de obligaciones destacan el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo (DS 594), con un 11,85% del total, y el Código Sanitario, con un 10,17%.
La investigación también detectó que cerca del 80% de las obligaciones son de medios, es decir, establecen procedimientos, monitoreos y mecanismos específicos para cumplir determinados objetivos ambientales. En contraste, las obligaciones orientadas exclusivamente a resultados representan una proporción considerablemente menor.
Además, el estudio advierte un aumento sostenido de las obligaciones secundarias relacionadas con reportes, registros y acreditación de cumplimiento. Estas pasaron de representar el 23% del total en 2015 a un 32% en 2024, incrementando la carga administrativa para los titulares de proyectos.
Junto con analizar la evolución de las exigencias ambientales, la CNEP identificó debilidades en la gestión de la información del sistema. Entre ellas menciona la heterogeneidad de los documentos, el uso predominante de archivos PDF y documentos escaneados, además de problemas de trazabilidad derivados de inconsistencias y redundancias en los registros.
Frente a ello, la comisión propuso desarrollar una base de datos relacional que integre las resoluciones ambientales y sus expedientes, implementar un catálogo estandarizado de obligaciones apoyado por inteligencia artificial y construir una infraestructura tecnológica abierta que facilite el acceso y análisis de la información.
Según la CNEP, estas medidas no solo podrían mejorar la gestión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sino también servir de modelo para modernizar otros procesos administrativos del Estado.
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