PAÍS
Agencia Uno (referencial)
Fiscalía investiga red de tráfico de menores haitianos tras ingreso masivo a Chile en 2025
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación por el ingreso de cientos de niños, niñas y adolescentes haitianos bajo programas de reunificación familiar. La denuncia del Servicio Nacional de Migraciones apunta a posibles delitos de tráfico de menores y migrantes.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación para esclarecer el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile durante 2025, luego de una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) que advierte la posible existencia de una red de tráfico ilícito de menores y migrantes.
La acción judicial surgió tras antecedentes recopilados por la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones, que detectaron irregularidades en el ingreso de menores bajo el programa de reunificación familiar.
Según la denuncia, entre enero y abril de 2025 ingresaron al país más de 3.200 ciudadanos haitianos con permisos de residencia temporal, la mayoría bajo esa modalidad. Sin embargo, las revisiones posteriores detectaron falencias en los procesos de validación de antecedentes y de verificación de los vínculos familiares declarados.
Entre los antecedentes recopilados figura que al menos 12 adultos, tanto chilenos como extranjeros, ingresaron en reiteradas ocasiones acompañando grupos de entre dos y 18 menores haitianos. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los acompañantes no mantenían vínculos familiares o de consanguinidad con los niños y tampoco contaban con las autorizaciones legales exigidas para su traslado e ingreso al país.
El preinforme reservado de Contraloría también advirtió registros incompletos, ausencia de validación efectiva de los lazos familiares y casos en que los domicilios informados no permitieron ubicar posteriormente a los menores.
La investigación quedó radicada en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y es encabezada por el fiscal regional Francisco Jacir. Desde el Ministerio Público señalaron que uno de los aspectos que deberá establecerse es el actual paradero de los niños y adolescentes que ingresaron durante ese período.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, indicó que existen denuncias previas por situaciones similares, aunque precisó que los hechos actualmente investigados no corresponderían exactamente a los mismos antecedentes conocidos con anterioridad.
Por su parte, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, advirtió que la magnitud del caso podría ser superior a las primeras estimaciones.
“Yo creo que puede que incluso aquella cifra que yo señalé es demasiado conservadora, más de 200”, sostuvo respecto de los menores involucrados en la investigación.
El persecutor agregó que los antecedentes recopilados muestran patrones reiterados que llaman la atención de los investigadores. “Que una persona pueda representar como adulto responsable a más de una treintena, eso llama poderosamente la atención (…) Estamos hablando de un grupo muy organizado”, afirmó.
Campos explicó que las diligencias buscan determinar eventuales responsabilidades por delitos de tráfico ilícito de migrantes, falsificación de instrumentos públicos, cohecho y soborno, tanto respecto de particulares como de posibles funcionarios públicos que hubieran facilitado los ingresos.
Asimismo, no descartó la eventual participación de funcionarios chilenos o extranjeros, señalando que se investiga si existieron personas que “dejaron de hacer” o realizaron actos contrarios a sus deberes para permitir el ingreso de menores al país.
Uno de los elementos que más preocupa a la Fiscalía es la falta de información sobre la ubicación actual de los niños y adolescentes.
“Eso, el día de hoy, en los antecedentes de la investigación, no los tenemos y tenemos que indagar”, señaló Campos, quien añadió que el Ministerio Público deberá determinar el paradero de más de 200 menores vinculados al caso.
La denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones también solicita indagar la eventual responsabilidad de aerolíneas, agencias de viajes y cualquier otra persona o entidad que hubiera participado en el traslado e ingreso de los menores.
En paralelo, el director nacional del organismo, Frank Sauerbaum, confirmó que una vez que Contraloría concluya su proceso de revisión se iniciará un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades al interior del servicio.
“Cuando Contraloría termine nosotros vamos a hacer un sumario para determinar las responsabilidades individuales que le corresponden al Servicio”, señaló.
El caso también generó reacciones en el Gobierno. A través de redes sociales, el Presidente José Antonio Kast calificó la situación como “gravísima” y aseguró que se pondrán todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía para colaborar con la investigación y establecer las responsabilidades correspondientes.
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