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Académicos cuestionan acusación contra Nicolás Grau y advierten deterioro institucional PAÍS

Académicos cuestionan acusación contra Nicolás Grau y advierten deterioro institucional

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Un grupo de 36 abogados y politólogos criticó el libelo contra el exministro de Hacienda, que será abordado este martes por el Senado, y alertó que usar esa herramienta por diferencias políticas afecta la fiscalización del Congreso.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un grupo de 36 académicos, entre abogados y politólogos, cuestionó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, antes de su revisión en el Senado. En una carta, advirtieron que el libelo no debería usarse para tramitar diferencias políticas y sostuvieron que los hechos imputados fueron descartados por expertos y por el Consejo Fiscal Autónomo.
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Un grupo de 36 académicos manifestó su preocupación por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en la víspera de que el Senado revise el libelo. Los firmantes sostienen que la acción tensiona el uso de una facultad excepcional del Congreso.

La carta, titulada “Acusación constitucional y legitimidad democrática”, fue suscrita por abogados y politólogos. En ella plantean que las instituciones deben ejercer sus atribuciones con responsabilidad, porque cuando las prácticas políticas distorsionan las normas “la democracia y sus mecanismos se deterioran”.

Los académicos reconocen que la acusación constitucional está establecida en la Carta Magna, pero remarcan que debe operar ante “una falta concreta y verificada del orden constitucional”, no frente a “simples opiniones contingentes” o diferencias políticas legítimas.

Respecto del caso de Grau, la misiva afirma que los hechos imputados —supuestos errores de proyección de deuda— fueron descartados por expertos de distintos sectores y disciplinas, además del Consejo Fiscal Autónomo. Por eso, advierten que las discrepancias políticas deben discutirse en el marco de la normativa fiscal vigente, no mediante una herramienta “excepcional y de última ratio”.

En el cierre, los firmantes sostienen que actuar de esa forma “degrada la facultad fiscalizadora del Congreso y la política de rendición de cuentas”, además de alejar a quienes quieren participar en asuntos públicos y generar incentivos equivocados para el ejercicio del cargo de ministro o ministra de Hacienda.

Revisa la carta completa en el siguiente link:

Acusación constitucional y legitimidad democrática

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