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Agencia Uno
Codelco recurre a la justicia contra Contraloría por control previo a decisiones empresariales
La estatal presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Santiago para impugnar una resolución de la Contraloría que exige someter determinadas decisiones empresariales al trámite de toma de razón. Codelco calificó la medida como “completamente inédita”.
La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impugnar una resolución de la Contraloría General de la República que obliga a la empresa estatal a someter determinadas decisiones empresariales al trámite de toma de razón.
Según informó Informe Especial de TVN, la acción judicial ya fue acogida a tramitación por el tribunal de alzada, que además solicitó al organismo fiscalizador la elaboración de un informe respecto del conflicto planteado.
La controversia se originó tras un oficio emitido por la Contraloría en abril de este año, cuyo criterio comenzó a aplicarse al contrato entre Codelco y la minera Ascotan, sociedad coligada que participará junto a la estatal en la explotación de litio en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.
En su presentación, Codelco sostiene que la exigencia constituye un cambio sin precedentes en su funcionamiento. “Es una exigencia completamente inédita (…) nunca en los más de 50 años de existencia de la Corporación, ésta ha dictado actos administrativos y —menos— ha sometido sus actuaciones al control preventivo de toma de razón”, señala el escrito.
El origen del criterio de la Contraloría se remonta a diciembre de 2025, cuando el organismo tomó razón del acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama. En esa resolución estableció que, pese al carácter empresarial de las decisiones de la estatal, las empresas donde el Estado tenga participación mayoritaria continúan sujetas al control del ente fiscalizador respecto del cumplimiento de las normas de derecho público.
“Las empresas en que el Estado tenga participación mayoritaria quedan sujetas a fiscalización de la Contraloría General, en cuanto al cumplimiento de las normas de derecho público aplicables”, sostiene el oficio recurrido.
La minera estatal cuestionó esa interpretación y afirmó que afecta directamente su modelo de negocios. En el recurso, asegura que la medida constituye “una exigencia tremendamente disruptiva para el funcionamiento y desempeño empresarial y es una alteración sustantiva del régimen jurídico y empresarial de Codelco”.
Asimismo, advirtió que el criterio podría generar incertidumbre para las sociedades ya constituidas y para futuras asociaciones vinculadas al desarrollo de proyectos de litio. Según argumentó, si la toma de razón pasa a ser un requisito para la eficacia de determinados actos, “queda en entredicho el alcance de su omisión respecto de una gran cantidad de sociedades en operación”.
La disputa revive un conflicto previo entre ambas instituciones. En 2017, durante la gestión del entonces contralor Jorge Bermúdez, Codelco también judicializó diferencias sobre las facultades fiscalizadoras de la Contraloría. Ese litigio se prolongó hasta 2022, cuando ambas partes alcanzaron un acuerdo que puso fin a la controversia.
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