PAÍS
Minvu inicia ofensiva legal por reconstrucción fallida de El Olivar en Viña del Mar
La cartera anunció recursos de protección y acciones civiles para respaldar a familias damnificadas. Acusa fallas estructurales en viviendas y sostiene que litigios mantienen paralizado el avance de 327 soluciones habitacionales.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció nuevas acciones judiciales para destrabar la reconstrucción de El Olivar, en Viña del Mar, y resguardar a familias damnificadas que decidieron terminar sus contratos con la Entidad Patrocinante Social Arquitectura y la constructora San Sebastián.
Según informó Emol, la cartera encabezada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, interpondrá recursos de protección y acciones civiles. El Minvu afirmó que cientos de familias han enfrentado una reconstrucción fallida y acusó a la constructora de incumplir su obligación de levantar viviendas seguras.
El Ministerio señaló que ambas entidades enfrentan desde marzo querellas presentadas por la propia cartera por ocho delitos, entre ellos estafa agravada, fraude al fisco, coacción, amenazas y tráfico de influencias. Se trata de acciones judiciales en curso y, por tanto, las imputaciones deberán ser resueltas por los tribunales.
De acuerdo con la versión ministerial, las familias optaron por poner fin a los contratos tras conocer deficiencias estructurales e incumplimientos de normas sísmicas y de resistencia al fuego detectados por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) y el Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales (Idiem) de la Universidad de Chile.
La cartera sostuvo que acciones judiciales presentadas por la constructora y un grupo minoritario de vecinos mantienen frenado el proceso. El conflicto afectaría a 140 viviendas con distintos niveles de avance y autorización de demolición, además de otras 187 donde las obras aún no comienzan.
El Minvu aseguró que no entregará viviendas con reparaciones parciales ni fallas que puedan poner en riesgo a las personas. Además, afirmó que seguirá utilizando herramientas legales y administrativas para que las familias reciban casas nuevas y ajustadas a los estándares de seguridad exigidos.
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