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Agencia Uno
Corte vuelve a frenar acceso de Contraloría a datos de menores en programa de identidad de género
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una orden de no innovar solicitada por Fundación Iguales y suspendió nuevamente el oficio con el que la Contraloría busca acceder a información de niños, niñas y adolescentes que participan en el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género.
La Corte de Apelaciones de Santiago volvió a suspender este martes el oficio mediante el cual la Contraloría General de la República busca acceder a información de niños, niñas y adolescentes que participan en el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género del Ministerio de Salud.
La decisión fue adoptada por la Novena Sala del tribunal de alzada, que acogió una orden de no innovar solicitada por la Fundación Iguales en el marco de un recurso de protección presentado por la organización.
La acción judicial había sido ingresada en febrero y, en una primera etapa, fue declarada inadmisible por la Corte de Santiago. Sin embargo, posteriormente la Corte Suprema ordenó tramitar el recurso para que se revisara el fondo del conflicto.
Con esta resolución, es la cuarta ocasión en que un tribunal suspende temporalmente los efectos del oficio firmado por la contralora Dorothy Pérez.
Anteriormente, la Corte de Apelaciones de Valparaíso también había acogido en tres oportunidades órdenes de no innovar y, posteriormente, resolvió favorablemente tres recursos de protección relacionados con la misma controversia.
En esos fallos, el tribunal reconoció las facultades fiscalizadoras de la Contraloría, pero estimó que el acceso masivo a los antecedentes solicitados resultaba desproporcionado.
Según una de las sentencias reveladas por Informe Especial, “resulta desproporcionado sacrificar un derecho de rango constitucional sustentándose en una premisa fáctica, carente de corroboración probatoria específica, cuando existen medios alternativos que permiten alcanzar los mismos fines de control con una intervención sustancialmente menor en la esfera íntima de los beneficiarios”.
La información requerida por la Contraloría incluye el nombre registral, RUT, identidad de género, nombre social, fechas de ingreso y egreso del programa, establecimiento de salud donde reciben atención y la vigencia del tratamiento.
El Ministerio de Salud ha sostenido que esos antecedentes están protegidos por la Ley de Protección de la Vida Privada y la Ley de Derechos del Paciente, razón por la que rechazó entregar la información en los términos solicitados.
Pese a la nueva suspensión decretada por la Corte de Santiago, la controversia judicial continúa abierta. Mientras algunos tribunales han limitado el acceso a esos datos, la Corte Suprema también ha confirmado el rechazo de otros recursos de protección presentados en distintas jurisdicciones, validando las facultades fiscalizadoras de la Contraloría para requerir información al Minsal.
No obstante, la disputa aún no está zanjada, ya que permanecen pendientes de resolución tres recursos provenientes de la Corte de Apelaciones de Valparaíso relacionados con el mismo conflicto.
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