Registro de Vándalos da primer paso en la Cámara con reparos por “doble castigo” y derechos sociales

El controvertido proyecto que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades superó este lunes su primera prueba legislativa. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó en general la iniciativa del Gobierno por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención, abriendo ahora la discusión artículo por artículo.

La instancia fijó hasta el 21 de agosto al mediodía el plazo para presentar indicaciones. Tras la semana distrital, la comisión retomará su análisis particular, luego de una reunión prevista entre sus integrantes y el Ejecutivo.

Respaldaron el proyecto los diputados Cristián Araya (REP), Chiara Barchiesi (REP), Enrique Bassaletti (Ind-REP), Jaime Coloma (UDI), Eduardo Cretton (UDI), Mauro González (RN) y Gloria Naveillan (PNL). En contra votaron Jaime Araya (Ind-PPD), Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC), Bernardo Salinas (Ind-PC)y Tatiana Urrutia (FA), mientras que Juan Marcelo Valenzuela, del Partido de la Gente (PDG), se abstuvo.

La iniciativa busca concentrar información sobre condenas y sanciones vinculadas a hechos que afecten la convivencia, el orden público y los bienes comunes, pero su punto más polémico está en otra parte: las consecuencias administrativas y sociales que enfrentarían temporalmente quienes ingresen al registro.

El texto contempla restricciones para acceder a subsidios habitacionales y de arriendo, becas de educación superior y posgrado, fondos concursables, licencia de conducir, pasaporte y beneficios tarifarios del transporte público, además de la eventual pérdida de pensiones de gracia.

También permite retener devoluciones de impuestos por multas impagas y establecer prohibiciones de ingreso a espectáculos masivos, partidos de fútbol profesional y casinos.

Para determinados delitos considerados de mayor gravedad —como incendios graves, ataques contra autoridades, usurpación de inmuebles fiscales o educacionales, uso de explosivos, tráfico de drogas y comercio ilegal organizado— el régimen sería todavía más estricto: quienes sean incorporados al registro tampoco podrían acceder a la gratuidad en educación superior ni a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Gobierno abre la puerta a cambios

Aunque los diputados que respaldaron la iniciativa destacaron el apoyo ciudadano que, a su juicio, tendría la creación del registro, también reconocieron que las restricciones vinculadas a derechos y beneficios sociales requieren una revisión durante la discusión particular.

El propio Gobierno adelantó que introducirá modificaciones.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que el Ejecutivo trabajará en indicaciones destinadas a alcanzar una “amplitud de apoyo más grande en la Cámara y también en el Senado”.

Pavez manifestó además disposición a recoger requerimientos de la oposición, considerar criterios planteados por el Tribunal Constitucional y revisar los posibles efectos sobre derechos sociales.

Entre las alternativas que analiza el Ejecutivo está diferenciar con mayor claridad los actos vandálicos de las incivilidades, particularmente cuando se trate de delitos que ya cuentan con una persecución penal efectiva.

El margen para introducir cambios no es menor. Durante la tramitación en la comisión se realizaron más de 20 audiencias, y la mayoría de los organismos y especialistas que expusieron formularon reparos al articulado.

El flanco constitucional

Desde la oposición, los cuestionamientos apuntan principalmente a que el proyecto podría establecer una suerte de “doble castigo”: junto con la pena impuesta por un tribunal, la persona condenada enfrentaría posteriormente restricciones para acceder a prestaciones y beneficios estatales.

Los diputados que rechazaron la idea de legislar acusaron además que la propuesta tendría efectos discriminatorios y que dificultaría la reinserción social.

El antecedente que sobrevuela la discusión es un pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la prohibición de acceder a gratuidad universitaria para personas condenadas por violencia escolar en el marco de la ley de Escuelas Protegidas.

A partir de ese precedente, la oposición sostiene que restricciones similares incorporadas en este nuevo proyecto podrían correr la misma suerte y mantiene abierta la posibilidad de recurrir al TC si el texto avanza sin modificaciones sustantivas.

Cinco años en el registro por vandalismo

El proyecto distingue dos categorías.

Los actos vandálicos incluyen delitos contra la autoridad y los bienes públicos, contra profesionales de la salud o de la educación y determinados delitos contra las cosas. Las personas condenadas permanecerían en el registro durante cinco años, plazo que disminuiría a dos años cuando se trate de menores de edad.

Las incivilidades, en cambio, comprenden faltas conocidas por juzgados de policía local o juzgados de garantía. Entre ellas figuran el depósito de escombros, el consumo de alcohol en espacios públicos, la realización de loterías no autorizadas y el consumo de drogas en la vía pública.

En esos casos, la inscripción se extendería por un año.

La iniciativa contempla, además, plazos más extensos para quienes reincidan.

Con la aprobación en general, el Gobierno consiguió mantener con vida una de sus iniciativas más controvertidas en materia de orden público. Pero la votación también dejó despejado el próximo campo de batalla: hasta dónde puede llegar el Estado al restringir beneficios sociales a una persona que ya cumplió —o está cumpliendo— una sanción penal o administrativa.