Quiroz busca revivir la indemnización por RCA anuladas

El revés para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue categórico. El jueves 13 de agosto, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales en su totalidad los artículos 12 y 13 de la ley miscelánea, con los que el Gobierno del Presidente Kast pretendía crear un régimen especial de indemnización para las empresas cuyos permisos ambientales, después de haber sido otorgados por el Estado, fueran anulados mediante una sentencia judicial firme.

Pero cuatro días después del fallo, hay un elemento que comienza a adquirir mayor importancia que la derrota misma: el Gobierno no ha renunciado al objetivo que perseguían esos artículos. El TC también eliminó restricciones a las reclamaciones ambientales y disposiciones sobre micro-relocalizaciones acuícolas. Sin embargo, no derribó todo el paquete ambiental y mantuvo otras normas impulsadas por el Ejecutivo.

La indemnización por RCA anuladas fue la medida más controvertida. El Gobierno la había modificado durante la tramitación: pasó de hablar de “restitución” de gastos a establecer expresamente una “indemnización” por costos directos, efectivos y no recuperables asociados al proyecto.

El argumento del Ejecutivo era que una empresa que obtiene una autorización ambiental del propio Estado necesita certeza para invertir y que, si posteriormente esa autorización es anulada por una ilegalidad atribuible a la administración, no debería soportar por sí sola todas las pérdidas.

• Sus críticos plantearon lo contrario: una RCA no garantiza que el acto administrativo sea jurídicamente válido y convertir al Fisco en responsable de parte de las pérdidas podría significar trasladar a los contribuyentes riesgos propiosde una inversión privada.

El fallo del TC eliminó completamente ese mecanismo, pero el Gobierno no parece haber renunciado a su objetivo. Tras conocerse la decisión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que podrían existir “otras vías” para conseguir algo parecido y que el Ejecutivo esperará conocer los fundamentos completos de la sentencia antes de decidir cómo proceder. Fuentes gubernamentales citadas por la prensa fueron más explícitas: sostuvieron que la materia deberá retomarse mediante otra iniciativa legislativa o una fórmula distinta.

La discusión, por lo tanto, se desplaza ahora desde la norma rechazada hacia el diseño de una eventual segunda versión. El Ejecutivo deberá determinar primero qué fue exactamente lo que el TC consideró contrario a la Constitución: si el problema estuvo en la estructura particular de la indemnización, en las competencias de los organismos involucrados o en el principio mismo de establecer un régimen especial de compensación para titulares de permisos ambientales anulados. La sentencia íntegra será decisiva para conocer cuánto margen jurídico queda disponible.

El conflicto de fondo permanece abierto: quién debe asumir el costo cuando un proyecto obtiene una RCA, comienza a ejecutarse y posteriormente la justicia determina que esa autorización fue otorgada ilegalmente. El TC rechazó la primera respuesta propuesta por el Gobierno Kast, pero las señales entregadas por Hacienda y otras fuentes del Ejecutivo indican que La Moneda pretende volver sobre el asunto.

La batalla por las indemnizaciones ambientales, por tanto, no terminó en el Tribunal Constitucional: probablemente recién cambió de escenario. Algunos ya hablan que será un tema que pasará a las aseguradoras privadas.

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