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Alertan compra de terrenos fronterizos por criminales argentinos en la Patagonia
La frontera chileno-argentina, la más larga de Sudamérica y la tercera más larga del mundo, está amenazada en su zona austral debido a estas posibles compras privadas para fines delictivos.
Autoridades de la Argentina levantaron una alerta respecto a la compra de predios limítrofes con Chile por parte de miembros de organizaciones criminales para así cruzar la frontera y delinquir en ambos países.
El Ministerio Público trasandino presentó los antecedentes ante la Comisión de Seguridad del Senado, que sesionó en la capital de la región de Magallanes, Punta Arenas. La Fiscalía allende los Andes informó que detectaron a estas organizaciones ilícitas controlando pasos no habilitados en la Patagonia binacional para traficar elementos variados como mercancías ilegales, cigarrillos e incluso trata de personas.
El fiscal general (i) de Río Gallegos, Julio Zárate, dijo que “las organizaciones compraban las estancias argentinas para justamente tener el paso del otro lado chileno”.
“Si no hubiera sido por la colaboración en el equipo de los drones chilenos, no hubiéramos podido verificar por dónde se realizaban este tipo de pasaje o rutas alternativas”, explicó el persecutor de la ciudad capital de la austral provincia de Santa Cruz.
El Ministerio de Seguridad chileno descartó cualquier alerta de este tipo en las fronteras nacionales. No obstante, aseguraron estar trabajando en el reforzamiento de los pasos habilitados en la zona comprendida entre las regiones de Los Lagos y Magallanes, que contabilizan 27 cruces limítrofes en toda la Patagonia.
El seremi de Seguridad de la región de Los Lagos, Francisco Muñoz, reveló que las dos comunas con más boquetes vulnerables al control son Palena y Cochamó. En el caso de la primera, obras de mejora pretenden establecer condiciones óptimas en el paso Río Encuentro. El desafío pendiente está en Cochamó y sus dos cruces fronterizos habilitados, los de Río Puelo y Río Manso
El seremi de Bienes Nacionales de la región de Los Lagos, Nicolás Yunge, informó que no hay ningún mecanismo administrativo para fiscalizar la venta de predios entre privados; el Estado no se mete ni interviene. En caso de algún delito, el tema debe derivarse a Fiscalía, agregó.
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