Con la derecha en contra: Cámara aprueba finalmente comisión investigadora por caso Cerimedo

• Cámara aprueba comisión investigadora: En un segundo intento, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó crear una comisión especial para investigar el eventual uso de bots, cuentas automatizadas y otras herramientas de manipulación digital en elecciones y plebiscitos realizados en Chile desde 2020. La solicitud obtuvo 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención.
• La iniciativa había fracasado un día antes: En la primera votación consiguió 60 apoyos, 41 rechazos y dos abstenciones, quedando a dos votos de los 62 necesarios. Su impulsor, el diputado José Montalva, anunció entonces que volvería a presentar la solicitud.
• Investigarán distintas formas de manipulación digital: La comisión recopilará antecedentes sobre bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas de amplificación, trolls, desinformación, manipulación algorítmica e inteligencia artificial, además de las capacidades estatales para prevenir, detectar y fiscalizar estas prácticas.
• El caso Cerimedo está entre los antecedentes: La investigación surge en medio del denominado “caso bots” y de los antecedentes sobre eventuales vínculos del consultor argentino Fernando Cerimedo con este tipo de operaciones digitales.
• Buscarán determinar responsables y financiamiento: Montalva afirmó que la comisión pretende esclarecer si existieron operaciones organizadas para manipular artificialmente la conversación pública, quiénes estuvieron detrás y si hubo financiamiento involucrado, sin perseguir a un sector político ni cuestionar elecciones.
• La derecha votó mayoritariamente en contra: Montalva cuestionó que parlamentarios del sector se abstuvieran, no votaran o rechazaran la comisión y planteó: “¿Qué se esconde? ¿No quieren que se investigue?”. Los 43 votos en contra provinieron principalmente de diputados de partidos de derecha.
• Ahora deberá constituirse la instancia: El siguiente paso será conformar formalmente la comisión y comenzar a reunir antecedentes para determinar si hubo operaciones de manipulación digital desde 2020 y evaluar la capacidad de los organismos públicos para enfrentarlas.

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