Congreso despacha primera ley de la agenda ACOT: amplía flagrancia de 12 a 24 horas

La Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) consiguió despachar su primera iniciativa a ley. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad el informe de la comisión mixta que extiende el período de flagrancia y entrega mayores facultades a las policías para realizar las primeras diligencias investigativas.

Fueron 125 votos a favor, sin rechazos, los que terminaron de despejar la tramitación parlamentaria del proyecto, luego de que el Senado aprobara durante la tarde del martes la fórmula acordada para resolver las divergencias surgidas entre ambas cámaras.

La iniciativa aumenta de 12 a 24 horas el período considerado para la hipótesis de flagrancia, ampliando así el margen temporal con que cuentan las policías para actuar frente a la comisión de un delito.

El proyecto también entrega facultades autónomas a las policías para desarrollar determinadas labores investigativas durante las primeras diligencias, incluyendo la recopilación de pruebas y la toma de declaraciones, sin requerir previamente la autorización de un fiscal.

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Para las autoridades marítimas se estableció un régimen diferente: el plazo de flagrancia llegará a 48 horas. Durante la discusión legislativa se consideró que las características de las operaciones marítimas y los mayores tiempos necesarios para el traslado de embarcaciones justificaban esa extensión.

La iniciativa tuvo su origen en 2023 a partir de una moción presentada por senadores de Renovación Nacional, entre ellos el actual ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.

Su despacho adquiere además relevancia para el Gobierno al convertirse en el primer proyecto de la agenda ACOT que completa su tramitación en el Congreso.

A diferencia de las controversias que han acompañado otras iniciativas de seguridad, el proyecto consiguió un respaldo transversal durante su última etapa legislativa.

El diputado socialista e integrante de la Comisión de Seguridad Raúl Leiva valoró tanto los acuerdos alcanzados en la comisión mixta como la disposición al diálogo del ministro Rabat.

“Este proyecto de ley entrega facultades y herramientas fundamentales a las policías en las primeras diligencias de un procedimiento”, afirmó.

Leiva destacó especialmente la posibilidad de que las policías actúen inicialmente sin tener que esperar en todos los casos instrucciones particulares del Ministerio Público.

“Esto va a permitir que las policías puedan, de manera autónoma, desarrollar las primeras diligencias de cualquier delito para no siempre depender de las instrucciones particulares de un fiscal. Esto agiliza los procedimientos y obviamente mejora el desarrollo de la tramitación”, sostuvo.

Desde el Partido Republicano, el diputado José Carlos Meza argumentó que las policías y el Ministerio Público enfrentan actualmente un volumen de denuncias superior al que pueden procesar dentro de plazos adecuados.

“Pasar de 12 a 24 horas la hipótesis de flagrancia le entrega un tiempo de reacción a nuestras policías, a nuestros carabineros, a la PDI, bueno, y a otras policías que quedan incluidas en este proyecto como auxiliares, mucho más acorde con la realidad actual”, señaló.

La diputada UDI Flor Weisse calificó la ampliación del período como “una necesidad” y “un imperativo” para el país, aunque puso el acento en los límites que deberá tener la aplicación de las nuevas atribuciones.

“También me parece que es fundamental asegurar que la extensión de este plazo de flagrancia no se interprete como una forma expansiva o arbitraria en desmedro del debido proceso”, advirtió.

Según Weisse, el funcionamiento de la norma requerirá tanto de la supervisión del Ministerio Público como del posterior control de los tribunales. “El debido proceso siempre tiene que mantenerse”, recalcó.

El diputado PPD José Montalva, en tanto, destacó la importancia de la actuación policial inmediatamente después de cometido un delito.

En esa etapa, sostuvo, se juega “el 80% de la seguridad cuando hay una respuesta del Estado eficiente, cuando hay capacidad de posteriormente ponerlo a disposición de la justicia con buena prueba, cuando a la ciudadanía se le da una señal de respuesta rápida del Estado”.

Montalva valoró la ampliación de la flagrancia, pero planteó que debe estar acompañada por una modernización de los procedimientos y de las herramientas disponibles para las policías.

“Hay que entregarle más herramientas tecnológicas, una coordinación. Tenemos hoy día la capacidad de perseguir a un delincuente en tiempo real”, sostuvo, destacando también el fortalecimiento de los municipios mediante cámaras, funcionarios y tecnología destinada a seguridad.

Con el respaldo unánime de la Cámara, el proyecto completó así su paso por el Congreso y se convirtió en la primera iniciativa de la agenda ACOT en ser despachada a ley.