PAÍS
Foto: AgenciaUNO
Después de la interpelación, la pregunta sigue sin respuesta: ¿hasta dónde llega el Escudo?
El canciller defendió que la adhesión es una declaración política no vinculante, pero el texto incluye inversiones, minerales críticos, sanciones, coordinación multilateral y una vía de consulta bajo el TIAR. La Cámara pidió nuevos antecedentes a La Moneda y la controversia ya llegó a Contraloría.
La interpelación terminó, pero la pregunta que atravesó buena parte de las más de dos horas que el canciller Francisco Pérez Mackenna pasó este lunes frente a la Cámara de Diputadas y Diputados quedó abierta: ¿qué implica realmente para Chile haber adherido al Escudo de las Américas?
La respuesta del ministro fue categórica en un punto. “Para firmar se necesita un papel y un lápiz. En este caso no hubo firma”, sostuvo ante la Sala. Según explicó, Chile adhirió a una declaración política y no a un tratado internacional. “En varios puntos de la declaración se habla de nuestra ‘intención’. Por lo tanto (…), básicamente, no es vinculante”, insistió.
Pero el cierre de la sesión no clausuró la controversia. Poco después, la Cámara aprobó –con 66 votos a favor, 72 en contra y una abstención– una solicitud para que el Presidente José Antonio Kast entregue, en un plazo de 30 días, los antecedentes oficiales sobre el Escudo. Entre ellos, las versiones de la declaración, documentos previos vinculados al mecanismo, los instrumentos relacionados con intercambio de información e inteligencia y, especialmente, un informe jurídico de Cancillería que fundamente por qué esos instrumentos no requirieron aprobación parlamentaria, con énfasis en inversiones y minerales críticos.
El punto es precisamente ese. Una cosa es establecer si la declaración genera hoy obligaciones jurídicas exigibles para Chile. Otra, distinta, es determinar hasta dónde llega políticamente la arquitectura a la que el Gobierno decidió incorporarse.
Y en el Edificio Carrera ambas preguntas han abierto interpretaciones diferentes.
Diplomáticos consultados por El Mostrador sostienen que el instrumento debe entenderse como una “declaración política de intenciones”: quince Estados manifiestan una voluntad común y anuncian áreas en las que pretenden cooperar, pero sin fijar todavía deberes jurídicamente exigibles, mecanismos de cumplimiento o sanciones por incumplimiento.
En esa lectura resulta relevante que el documento utilice fórmulas como “declaramos nuestra intención” o “tienen la intención”, en lugar de expresiones imperativas. Aunque no lo equiparan a un tratado, esas mismas fuentes reconocen que posee un “peso político visible”.
La distinción no es menor. Los propios diplomáticos diferencian entre un compromiso político –una orientación pública asumida por un gobierno–, acuerdos operativos posteriores y una obligación internacional propiamente tal. También advierten que la denominación utilizada para un instrumento no basta por sí sola para resolver su naturaleza: importan su contenido, redacción y la voluntad de las partes.
Lo que dice el texto
La primera comunicación pública de Cancillería puso el énfasis en otro terreno. El 22 de septiembre presentó el Escudo como un “marco de coordinación voluntaria” para combatir el crimen organizado transnacional y destacó beneficios como acceso a información, análisis de datos, capacitación para Carabineros y la PDI y una mejor coordinación fronteriza.
El documento completo divulgado desde Estados Unidos, sin embargo, muestra un perímetro mayor.
La declaración establece expresamente tres pilares: económico, de seguridad y de coordinación multilateral. En el primero, los países manifiestan su intención de explorar mecanismos de control de inversiones, resguardar cadenas de suministro de minerales críticos y promover normas sobre proveedores confiables para infraestructura digital, aunque establece que estas últimas deberán aplicarse de manera no discriminatoria.
El segundo pilar incorpora coordinación de sanciones, designaciones y medidas financieras contra organizaciones calificadas como narcoterroristas, además de mayor intercambio de inteligencia y acceso, cuando corresponda, a tecnologías y capacidades de seguridad. La declaración contempla también congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visados y responsabilidad penal por apoyo material a determinados grupos, siempre según la legislación y las obligaciones internacionales de cada Estado.
Y el componente multilateral tampoco es accesorio. Los participantes expresan su intención de profundizar la coordinación de posiciones comunes en foros regionales e internacionales. Además, prevén solicitar formalmente una reunión de consulta bajo los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con miras a estudiar una resolución que facilite una “acción colectiva” frente a organizaciones narcoterroristas.
Esas mismas cláusulas contienen, al mismo tiempo, parte de los argumentos esgrimidos por Cancillería para defender el margen de autonomía chileno: el texto habla reiteradamente de “intención” y dispone que las acciones se realizarán de conformidad con las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales de cada país.
El problema para el Gobierno es que la controversia ya no gira solamente en torno a si la declaración es o no jurídicamente vinculante. El debate se trasladó al contenido de aquello a lo que Chile expresó políticamente su intención de sumarse.
De los carteles a los minerales críticos
En ese punto se ubica la segunda lectura que circula en el mundo diplomático y entre excancilleres: aunque el instrumento no tenga hoy el estatus de un tratado, la estrategia promovida por Washington rebasa ampliamente la cooperación policial contra el narcotráfico.
El excanciller y exsecretario general de la OEA José Miguel Insulza ha sido uno de los más críticos. Antes de la interpelación describió el Escudo como una arquitectura hemisférica que reúne bajo un mismo esquema seguridad, inversiones extranjeras, minería crítica, redes digitales, defensa y coordinación diplomática. También ha cuestionado especialmente la utilización del TIAR para enfrentar organizaciones delictuales no estatales.
El excanciller Mariano Fernández ha planteado que los documentos emanados desde Estados Unidos van bastante más allá de un esquema tradicional de cooperación policial y los ha vinculado con una estrategia más amplia de influencia norteamericana en la región.
Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, introduce una distinción similar: sostiene que la adhesión no constituye por sí misma un tratado ratificado ni genera automáticamente obligaciones legales equivalentes, pero advierte que el compromiso político se inserta en una agenda que incluye inversión extranjera, infraestructura digital y minerales críticos, materias directamente relacionadas con la competencia estratégica entre Washington y Beijing.
Esa discusión adquirió más fuerza con las propias declaraciones de las autoridades estadounidenses.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la alianza permite “actuar conjuntamente en asuntos económicos y diplomáticos” y llamó a los participantes a “votar juntos en foros internacionales”. Donald Trump, por su parte, pidió a los países integrantes ayudar a “proteger la inmensa riqueza natural de este hemisferio” y advirtió sobre la presencia de “potencias extranjeras hostiles”, mencionando oleoductos, tierras raras y corredores comerciales agrícolas.
No existe en la declaración una orden explícita para excluir inversiones chinas. De hecho, la referencia a los proveedores confiables incluye la exigencia de actuar de manera “no discriminatoria”. Pero la incorporación en un mismo marco de inversiones, cadenas de minerales críticos, infraestructura digital, seguridad y coordinación diplomática explica que la relación con China haya terminado instalada en el centro del debate.
El diputado Matías Fernández (FA) apuntó precisamente a ese punto después de la interpelación. Afirmó que reducir el Escudo únicamente a seguridad desconoce que el propio documento incorpora control de inversiones, minerales críticos y proveedores estratégicos, y advirtió sobre el efecto que determinadas definiciones geopolíticas podrían tener en regiones cuya actividad exportadora depende fuertemente del mercado chino.
Una disputa que la interpelación no cerró
El diputado Nelson Venegas (PS), quien encabezó la interpelación, fue todavía más lejos al terminar la sesión. Acusó al canciller de haber “faltado a la verdad” en algunas de sus respuestas y aseguró que los antecedentes solicitados al Presidente permitirán demostrarlo.
“Esos antecedentes (…) son absolutamente distintos a muchas de las cosas que señaló acá el ministro”, sostuvo Venegas, quien puso entre los ejemplos la naturaleza del Escudo y la situación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se trata de acusaciones del parlamentario que ahora deberán contrastarse con la documentación que entregue el Ejecutivo.
Desde RN hicieron la lectura contraria. Su jefe de bancada, Diego Schalper, sostuvo que Pérez Mackenna logró reafirmar la posición de Chile y explicar la necesidad de mantener un equilibrio en la relación geopolítica con Estados Unidos y China. Para el oficialismo, la presentación permitió aclarar puntos que la oposición considera aún abiertos.
El diputado Marcos Barraza (PC) cuestionó, en cambio, que el ministro no haya definido con suficiente precisión el alcance vinculante de las materias incluidas en el Escudo y sostuvo que sus dimensiones de defensa, seguridad y economía requieren una explicación mayor.
Y el senador Juan Luis Castro (PS) resumió el reparo opositor desde otra perspectiva: aseguró que la interpelación no consiguió despejar “a cambio de qué” Chile adhirió a la iniciativa y sostuvo que persiste incertidumbre sobre sus alcances.
La controversia llega a Contraloría
La discusión jurídica, entretanto, salió de la Cámara.
Los diputados Luis Cuello, Juan Santana, Daniela Serrano, Irací Hassler y Jaime Bassa presentaron este lunes un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de la adhesión.
Los parlamentarios sostienen que podría tratarse de un “tratado internacional encubierto” y objetan que el Ejecutivo no haya sometido el instrumento al Congreso. Esa es la tesis de los requirentes y deberá ser examinada por el organismo fiscalizador; el Gobierno sostiene justamente lo contrario.
Entre las materias cuestionadas ante Contraloría aparecen las cadenas de suministro de minerales críticos y la utilización del TIAR. Los diputados plantearon incluso posibles consecuencias militares derivadas de esa cláusula, interpretación que no está establecida en el texto como una autorización automática para el ingreso de fuerzas extranjeras y que La Moneda ha descartado.
Las aprensiones tampoco quedaron circunscritas a la oposición. El alcalde de Santiago y exministro de Defensa Mario Desbordes pidió cautela, aunque advirtió expresamente que no conoce en detalle todo el contenido de la iniciativa. Planteó que Chile debe preservar una buena relación con Washington sin descuidar sus vínculos comerciales con China y marcó como límite cualquier disposición que permitiera a Estados Unidos decidir sobre el despliegue de uniformados chilenos o actuar en territorio nacional.
Así, después de la interpelación, quedan dos discusiones superpuestas.
La primera es jurídica: si la adhesión constituye únicamente una declaración política –como sostiene el canciller y como respaldan diplomáticos consultados por El Mostrador– o si su contenido obliga a un examen distinto, como alegan quienes recurrieron a Contraloría.
La segunda es política y posiblemente más difícil de zanjar: qué significa para Chile participar en un mecanismo que Washington presenta simultáneamente como instrumento contra el narcotráfico, plataforma económica, espacio de coordinación diplomática y marco para proteger recursos estratégicos del hemisferio.
Sobre la primera, La Moneda tendrá que entregar ahora un informe jurídico y nuevos documentos a la Cámara. Sobre la segunda, la respuesta sigue pendiente.
Porque el texto sí establece límites y utiliza un lenguaje de intenciones. Pero también dice, negro sobre blanco, que el Escudo incluye inversiones, minerales críticos, infraestructura digital, sanciones, inteligencia, coordinación multilateral y el TIAR. Y es justamente la distancia entre no estar jurídicamente obligado hoy y asumir una determinada orientación política para mañana lo que la interpelación no logró despejar.
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