Hassler demanda al Fisco y Contraloría para anular reproches por fallida compra de Sierra Bella

La diputada y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), presentó ante el 7° Juzgado Civil de Santiago una demanda de nulidad de derecho público contra el Fisco y la Contraloría, con el objetivo de dejar sin efecto la resolución que estableció su responsabilidad administrativa por la fallida compraventa de la ex Clínica Sierra Bella durante su gestión.

Según reportó La Tercera, la acción busca anular la resolución exenta del 14 de mayo mediante la cual Contraloría aprobó el sumario administrativo y dio por establecida la responsabilidad de Hassler en la operación, aunque sin imponer medidas disciplinarias. A juicio del ente fiscalizador, la entonces edil infringió el principio de probidad administrativa al suscribir el decreto que autorizó la adquisición de los inmuebles.

La compra fue autorizada por $ 8.248.886.210, pese a que la vendedora había adquirido las propiedades aproximadamente seis meses antes por $ 2.231.855.090. Contraloría sostuvo que Hassler no adoptó acciones suficientes para justificar esa diferencia y que el decreto tampoco fue sometido al previo y obligatorio control de legalidad y visado de la Dirección de Control municipal. Previamente, a Hassler se le habían formulado tres cargos: infringir el principio de probidad administrativa por no velar por el eficiente, idóneo y adecuado uso de los recursos municipales; suscribir el decreto de adquisición sin el control previo de la Dirección de Control; y otorgar un mandato especial amplio a un abogado externo para concretar la compra.

El planteamiento de Hassler

En su demanda, representada por el abogado Leonardo Cofré, la exalcaldesa sostiene que la resolución contiene fundamentos, conclusiones y decisiones que “son contrarios al ordenamiento jurídico y adolecen de graves vicios de ilegalidad que justifican declarar su nulidad”. Asimismo, plantea que el acto sufre de vicios esenciales subsanables mediante la declaración de nulidad. La defensa también acusa que Contraloría excedió sus atribuciones al establecer responsabilidades respecto de hechos que fueron conocidos en sede penal.

Hassler cuestiona que la diferencia entre el precio pagado por la vendedora y el monto que desembolsaría el municipio pueda constituir por sí sola una infracción administrativa: señala que, antes de aprobar la operación, se solicitaron tres tasaciones comerciales a profesionales independientes, además de considerar los antecedentes relativos al avalúo fiscal y el estudio de títulos. En esa línea, la acción plantea que Contraloría habría atribuido responsabilidad personal a Hassler sin determinar con precisión cuál era el deber jurídico específico incumplido, lo que vulneró los principios de legalidad y tipicidad.

Respecto de los otros reproches formulados durante el sumario, la defensa sostiene que no existiría una norma expresa que obligara a seguir un determinado procedimiento para ejecutar una compraventa ni una disposición que impidiera recurrir a un abogado externo para concretarla.