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Hassler demanda al Fisco y Contraloría para anular reproches por fallida compra de Sierra Bella
La diputada PC sostiene que la resolución presenta vicios de ilegalidad y acusa que Contraloría excedió sus atribuciones. Su defensa afirma que hubo tres tasaciones independientes, que no se transfirieron recursos municipales y que la operación fue detenida tras la instrucción del organismo.
- Hassler demanda al Fisco y a Contraloría: La diputada y exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC) presentó ante el 7° Juzgado Civil de Santiago una demanda de nulidad de derecho público para dejar sin efecto la resolución que estableció su responsabilidad administrativa por la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella.
- Contraloría estableció responsabilidad, pero sin sanción: El organismo aprobó en mayo el sumario administrativo y concluyó que Hassler infringió el principio de probidad al suscribir el decreto que autorizó la adquisición de los inmuebles, aunque no le impuso medidas disciplinarias.
- La diferencia de precios estuvo entre los principales reproches: El municipio autorizó la compra por $8.248 millones, mientras que la vendedora había adquirido las propiedades unos seis meses antes por aproximadamente $2.231 millones. Contraloría sostuvo que no hubo acciones suficientes para justificar esa diferencia.
- También hubo cuestionamientos al procedimiento: Entre los cargos formulados figuraron la falta de control previo y visado de la Dirección de Control municipal y el otorgamiento de un mandato amplio a un abogado externo para concretar la compraventa.
- La defensa acusa “graves vicios de ilegalidad”: Representada por el abogado Leonardo Cofré, Hassler sostiene que la resolución contiene fundamentos y conclusiones contrarios al ordenamiento jurídico y que Contraloría habría excedido sus atribuciones al establecer responsabilidades sobre hechos que también fueron conocidos en sede penal.
- Defiende que hubo tres tasaciones independientes: La demanda señala que antes de aprobar la operación se solicitaron tres tasaciones comerciales a profesionales independientes y también se consideraron el avalúo fiscal y el estudio de títulos. La defensa rechaza que la diferencia entre los precios constituya, por sí sola, una infracción administrativa.
- Cuestiona la fundamentación de la responsabilidad personal: Hassler sostiene que Contraloría no habría determinado con precisión cuál fue el deber jurídico específico que incumplió, lo que, según su defensa, vulneraría los principios de legalidad y tipicidad.
- También rebate los otros cargos: La acción judicial plantea que no existiría una norma expresa que obligara a seguir un procedimiento determinado para ejecutar una compraventa ni una disposición que impidiera recurrir a un abogado externo para concretarla.
