Chile posterga adhesión a coalición anticárteles de Trump: hay reparos de Defensa a enfoque militar

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió postergar la adhesión de Chile a la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C), iniciativa impulsada por Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado transnacional, luego de que surgieran diferencias al interior del gabinete, particularmente por los reparos del ministro de Defensa, Fernando Barros, al enfoque militar del acuerdo.

La determinación se adoptó después de una áspera reunión realizada la tarde del domingo en el Palacio de La Moneda, convocada por el Mandatario para revisar los últimos documentos enviados por Washington y resolver la posición que Chile llevará al encuentro internacional previsto para este martes en República Dominicana.

Según fuentes del Ejecutivo, la decisión fue no suscribir todavía los instrumentos de la coalición y solicitar algunas semanas adicionales para estudiar sus términos, con el objetivo de alcanzar un consenso más amplio dentro del Gobierno.

La reunión presidencial contó con la participación del biministro Claudio Alvarado, el ministro de Seguridad, Martín Arrau; el canciller Francisco Pérez; el titular de Defensa, Fernando Barros; el vocero Gonzalo Arenas y el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

Durante el encuentro se analizaron los documentos actualizados remitidos por Estados Unidos, correspondientes a un marco de gobernanza y un plan estratégico que los 18 países participantes están convocados a firmar en República Dominicana.

Pese a que existe consenso en el Ejecutivo respecto de la importancia de fortalecer la cooperación internacional contra el crimen organizado, las condiciones específicas de la iniciativa han generado inquietudes sobre sus eventuales implicancias para Chile.

Las principales observaciones provienen del Ministerio de Defensa, cuyo titular ha manifestado desde un comienzo sus reservas frente al marcado componente militar de la coalición.

Uno de los aspectos que despertó mayor preocupación fue que la iniciativa estuviera originalmente dirigida por el Comando Sur de Estados Unidos, una estructura militar cuya participación en la coordinación de esfuerzos contra los cárteles abrió interrogantes respecto de las responsabilidades que podrían asumir los países adherentes.

El punto adquiere especial relevancia en el caso chileno, debido a que las Fuerzas Armadas no tienen como función ordinaria la seguridad pública ni el combate al narcotráfico y al crimen organizado, labores que corresponden principalmente a las instituciones policiales y a los organismos competentes.

En ese contexto, el ministro Barros ha buscado despejar las dudas sobre los alcances de la coalición antes de que Chile asuma compromisos formales.

La reunión del domingo estuvo orientada precisamente a examinar esas inquietudes a la luz de los nuevos antecedentes proporcionados por Washington.

Aunque se esperaba que el Ejecutivo comunicara su postura oficial durante este lunes, fuentes gubernamentales señalaron que la decisión de postergar la firma ya fue sondeada y comunicada a representantes de Estados Unidos.

De esta manera, Chile no suscribirá por ahora los dos documentos previstos para la reunión internacional, aunque tampoco se retirará de las conversaciones sobre la iniciativa.

En representación del Gobierno viajarán este martes a República Dominicana el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el asesor del Segundo Piso, Eitan Bloch.

Ambos tendrán el mandato de comunicar que Chile necesita más tiempo para evaluar los antecedentes y que, por el momento, no formalizará su adhesión.

La delegación deberá confirmar que el Ejecutivo solicita algunas semanas adicionales para revisar los términos de la coalición, particularmente aquellos relacionados con su estructura de funcionamiento y su componente militar.

Mientras se desarrolla ese proceso, Chile mantendrá su condición de observador, categoría que ha conservado hasta ahora, según ha señalado el propio ministro de Defensa.

La postura refleja las dificultades que ha enfrentado el Gobierno para compatibilizar su interés en participar en mecanismos internacionales de combate al crimen organizado con las limitaciones institucionales y legales que regulan la participación de las Fuerzas Armadas chilenas.

La naturaleza transnacional del narcotráfico y de las organizaciones criminales constituye uno de los principales argumentos a favor de la cooperación multilateral. Sin embargo, las dudas sobre el alcance de los compromisos militares han impedido que el gabinete alcance un acuerdo definitivo.

Así, a un día del encuentro en República Dominicana, la administración Kast optó por mantener abierta la evaluación de la iniciativa estadounidense, evitando asumir compromisos inmediatos mientras persisten diferencias internas sobre su implementación.