Condenado por torturas agradece a Kast rebaja de pena y niega crímenes por los que fue sentenciado

Manuel Cabezas, exsuboficial de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) condenado por torturas cometidas durante la dictadura militar, defendió la rebaja de ocho meses de su condena que le permitió abandonar Punta Peuco y agradeció al Gobierno del Presidente José Antonio Kast por la firma del decreto. Sin embargo, pese a la sentencia judicial en su contra, el exuniformado de 90 años negó haber participado en los delitos por los que fue condenado.

Sus declaraciones se producen en medio de la controversia que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las reducciones de penas concedidas durante la actual administración, que incluyen a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad y a condenados por violaciones a los derechos humanos.

El caso de Cabezas corresponde a uno de los dos beneficiarios de Punta Peuco cuya existencia fue revelada por una investigación de El Mostrador, que identificó decretos de reducción de condenas por delitos graves, entre ellos secuestro calificado y tortura.

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En conversación con Mega, el exsuboficial relató que inicialmente esperaba abandonar el recinto penitenciario en marzo, pero que su salida se concretó recién en junio de 2026, después de la firma del decreto durante la administración Kast.

“La salida mía era de marzo, pero como Boric no firmó (…) Ahora le agradezco que no lo firmó, porque quizás igual no me habría dado la salida”, sostuvo.

El exuniformado agregó que finalmente “firmó el Presidente Kast”, en referencia a la resolución que permitió reducir su tiempo de cumplimiento de condena. Cabezas recibió una rebaja de ocho meses, tras la cual el término de su pena quedó fijado para el 28 de marzo de 2026.

El decreto fue suscrito por el ministro Fernando Rabat bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, utilizada para este tipo de resoluciones administrativas. Dicha expresión no implica necesariamente que el Mandatario haya intervenido personalmente en la firma del documento.

Cabezas defendió el beneficio recibido y lo atribuyó a su comportamiento durante el cumplimiento de la condena. “Este beneficio me lo gané yo por conducta sobresaliente”, aseguró el exsuboficial, quien, tras recuperar su libertad, retomó su oficio de peluquero.

No obstante, sus declaraciones adquirieron una dimensión adicional cuando desconoció su responsabilidad en los delitos por los que fue sentenciado. “Todo es falso, no soy un torturador”, afirmó.

Según su versión, su participación durante la dictadura se habría limitado al traslado de personas detenidas al interior de la Base Aérea El Bosque.

La afirmación contrasta con lo establecido por la justicia chilena. En 2021, la Corte Suprema confirmó una condena de cinco años y un día de presidio contra Manuel del Carmen Cabezas Pérez como autor de delitos reiterados de aplicación de tormentos contra Patricio Rivera Cornejo y Ramón Pavez Casanova.

Ambas víctimas fueron detenidas en 1973 y sometidas a torturas en dependencias de la Base Aérea El Bosque, hechos por los cuales el exintegrante de la FACh fue condenado.

De esta manera, la negativa de Cabezas a reconocer los delitos no modifica las conclusiones de la sentencia judicial que estableció su responsabilidad penal.

La situación vuelve a instalar cuestionamientos sobre la aplicación de beneficios penitenciarios a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos, particularmente cuando uno de los favorecidos desconoce públicamente los hechos acreditados por los tribunales.