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Exasesor de Frei se desdice ante la justicia sobre plan para fingir enfermedad de Pinochet
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Cristián Toloza negó ante tribunales conocer un informe para que Pinochet simulara una depresión en Londres, pese a que el investigador Philippe Sands le atribuyó haber confirmado su existencia. La PDI buscó sin éxito la publicación de prensa que el exasesor citó como fuente.
El exasesor del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Cristián Toloza, entregó ante la justicia una versión distinta de la que el investigador británico Philippe Sands le atribuyó sobre la existencia de un informe elaborado durante ese Gobierno para que Augusto Pinochet fingiera una enfermedad mental mientras permanecía detenido en Londres.
Según consigna BioBioChile, en una declaración judicial prestada el 6 de marzo, en el marco de una investigación por presunto encubrimiento, Toloza aseguró que nunca tuvo conocimiento directo de la elaboración del documento y que solo se enteró de su posible existencia a través de una publicación de prensa.
Sus afirmaciones contrastan con el relato incluido en Calle Londres 38 (Anagrama, 2025), libro en el que Sands sostiene que el exasesor le confirmó la preparación de un informe de aproximadamente diez páginas destinado a orientar el comportamiento de Pinochet para facilitar su regreso a Chile.
Según el investigador, Toloza le habría señalado que el documento fue preparado para el entonces comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, y contenía instrucciones para que el exdictador aparentara síntomas de depresión, incluidos pensamientos suicidas y problemas de memoria.
“Se elaboró un informe para el general Izurieta en el que se indicaba cómo debía fingir Pinochet que estaba deprimido”, es la afirmación que Sands atribuye al exfuncionario.
Sin embargo, ante la ministra en visita Paola Plaza, Toloza negó haber visto ese supuesto informe y sostuvo que su conocimiento provenía de un artículo del diario La Hora.
“Yo nunca tuve en mis manos esa especie de guion teatral ni mucho menos me fue entregado para llevarlo a Londres en alguno de mis viajes, desconociendo quién lo elaboró”, declaró.
El exasesor explicó que había leído fragmentos de un supuesto guion para que Pinochet simulara una depresión clínica y que incluso comentó su contenido al entonces ministro del Interior, Raúl Troncoso, porque consideraba poco probable que el exdictador actuara de esa manera.
Toloza también rechazó que la administración de Frei hubiera participado en una maniobra para encubrir los crímenes de Pinochet o conseguir que fuera declarado incapaz de enfrentar un proceso judicial.
“Nunca el gobierno del Presidente Frei realizó ninguna acción con el fin de encubrir los crímenes cometidos por Augusto Pinochet ni mucho menos buscar que fuese declarado interdicto”, aseguró.
La controversia se remonta a la detención de Pinochet en Londres, el 16 de octubre de 1998, en cumplimiento de una orden internacional dictada por el juez español Baltasar Garzón, quien solicitaba su extradición para juzgarlo por crímenes contra la humanidad.
El 2 de marzo de 2000, el ministro del Interior británico, Jack Straw, anunció que el exdictador no sería extraditado a España por razones humanitarias, argumentando que su estado de salud le impedía enfrentar un juicio.
Las dudas sobre esa condición aumentaron cuando Pinochet regresó a Chile y fue visto levantándose de la silla de ruedas en la que había sido trasladado.
En su declaración, Toloza también abordó el papel que desempeñó durante las gestiones diplomáticas para conseguir el retorno del exdictador.
Según explicó, Frei lo designó como enlace con el Gobierno del primer ministro británico Tony Blair, lo que le permitió sostener reuniones en Londres con Jonathan Powell, jefe de gabinete del mandatario.
El exasesor aseguró que esos encuentros tenían como propósito mantener un canal de comunicación directo entre ambos gobiernos, conocer la situación jurídica de Pinochet y evitar las presiones políticas y mediáticas.
También afirmó que viajó solo a Londres, que nunca se reunió con Pinochet ni con sus abogados y que sus contactos se limitaron principalmente a Powell.
El documento sobre la Caravana de la Muerte
La investigación judicial también aborda otro antecedente recogido en el libro de Sands: la entrega al Gobierno británico de una copia de un documento del Ejército relacionado con la Caravana de la Muerte.
En mayo de 2025, cuatro familiares de víctimas de esa operación militar presentaron, mediante la abogada Karinna Fernández, una querella por encubrimiento y sustracción de documentos.
Los querellantes sostuvieron que Toloza habría entregado a las autoridades británicas una copia de un documento interno del Ejército, supuestamente firmado por Pinochet, que serviría como garantía de que el exdictador sería juzgado en Chile.
Ante el tribunal, Toloza reconoció haber entregado una fotocopia a Powell, aunque aseguró no recordar su contenido exacto.
“Ese documento nunca lo vi en original ni tuve acceso a éste”, declaró.
Según su testimonio, la copia le fue entregada por el ministro Troncoso y contenía anotaciones manuscritas que, de acuerdo con lo que le informó el secretario de Estado, correspondían a Pinochet.
El exasesor afirmó que el documento tenía relación con la Caravana de la Muerte y que su entrega buscaba convencer a sectores del Gobierno británico de que el exdictador podría enfrentar a la justicia chilena.
También sostuvo que el material ya era público en 2000 y que había sido utilizado durante el proceso de desafuero de Pinochet.
Tras recibir su declaración, la ministra Plaza ordenó a la Policía de Investigaciones revisar en la Biblioteca Nacional los capítulos pertinentes del libro Pruebas a la vista, de Patricia Verdugo, citado por Toloza. La policía incorporó ese material a su informe, pero no estableció si allí aparecía el documento descrito.
La PDI no encontró el supuesto guion
La investigación también intentó verificar la existencia de la publicación del diario La Hora que Toloza mencionó como fuente de su conocimiento sobre el supuesto informe para simular una enfermedad mental.
En un reporte fechado el 28 de septiembre, la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos informó que revisó ejemplares del periódico publicados entre 1998 y 2001, sin encontrar el artículo señalado.
Previamente, los detectives intentaron contactar al exasesor para que precisara las fechas de publicación, pero no obtuvieron respuesta pese a reiteradas llamadas y correos electrónicos.
En paralelo, la investigación experimentó un cambio de tribunal. El 29 de abril, la ministra Plaza se declaró incompetente para seguir conociendo la arista de encubrimiento, debido a que los hechos investigados eran posteriores a octubre de 1998 y quedaban fuera del período que le había asignado la Corte Suprema.
Por ello, remitió esos antecedentes al 34° Juzgado del Crimen de Santiago, junto con el informe policial.
La ministra, en tanto, mantiene bajo su conocimiento la investigación por presunta sustracción de documentos.
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