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Carabineros encabeza la lista: Contraloría detecta funcionarios condenados que siguen en el Estado
El organismo detectó 317 condenas, 41 de ellas por delitos cometidos por empleados públicos en ejercicio de sus cargos. Ordenó investigar responsabilidades y aplicar las inhabilidades correspondientes. Los diputados Arqueros (REP) y Muñoz (PNL) cuestionaron los controles y exigieron medidas.
Un nuevo informe de la Contraloría General de la República puso bajo la lupa la permanencia de funcionarios condenados por la justicia en la administración pública. El organismo detectó 315 trabajadores del Estado que registran condenas por crímenes o simples delitos y que continúan vinculados a sus instituciones, pese a la prohibición legal para seguir ejerciendo sus funciones.
Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, publicado este martes, los funcionarios identificados acumulan 317 registros de condena, ya que dos de ellos presentan más de una sentencia. Del total de trabajadores, 166 pertenecen al Gobierno central y 149 a administraciones locales.
La nómina la encabeza Carabineros de Chile, con 84 funcionarios condenados, seguido del Ejército, con 22; la Armada, con ocho; y la Fuerza Aérea, con cinco.
En el ámbito municipal, Valdivia registra seis casos, mientras que Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt presentan cuatro cada una. Tocopilla, en tanto, figura con tres.
El informe también revela la gravedad de los antecedentes: 73 condenas corresponden a crímenes y 244 a simples delitos. Además, 41 sentencias —equivalentes al 13% del total— están relacionadas con delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos.
Contraloría ordena investigar y diputados exigen medidas
Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó a las instituciones involucradas iniciar investigaciones para establecer eventuales responsabilidades administrativas, especialmente por la posible omisión de informar las condenas a las respectivas jefaturas.
El organismo recordó que el artículo 54, letra c), de la Ley N°18.575 impide que personas condenadas por crímenes o simples delitos continúen ejerciendo cargos públicos. Cuando la condena ocurre durante el desempeño de las funciones, se configura una inhabilidad sobreviniente, que obliga al trabajador a comunicar su situación a su superior en un plazo de diez días y presentar su renuncia.
Las entidades deberán iniciar los procedimientos correspondientes, revisar si las condenas fueron consideradas en las calificaciones funcionarias y regularizar los antecedentes registrados en el sistema SIAPER.
El hallazgo provocó reacciones en el Congreso. El diputado del Partido Republicano Carlo Arqueros calificó la situación de “impresentable” y anunció que oficiará para esclarecer los tres casos detectados en la Municipalidad de Tocopilla, perteneciente a su distrito.
“En cualquier parte que se contrate a alguien se ven los antecedentes y si tienen condenas. En Tocopilla, nuestra región de Antofagasta, hay tres personas en la misma condición y ya estamos oficiando”, señaló.
El parlamentario cuestionó los mecanismos de selección y control de personal en las instituciones públicas. “¿Quién está filtrando? ¿Cuál es la prolijidad para ingresar gente en distintas partes del estamento público, en este caso municipalidades, que están al servicio de la gente?”, planteó, agregando que la situación le parece “tirada de las mechas”.
Desde el Partido Nacional Libertario (PNL), la subjefa de bancada, Paulina Muñoz, también exigió una reacción inmediata de las instituciones involucradas.
“Me parece muy grave lo que ha puesto al descubierto la Contraloría. Cuando uno piensa en un funcionario público, piensa en la probidad”, sostuvo.
La diputada llamó a adoptar medidas con rapidez y reforzar los controles de contratación. “Deberían estar completamente inhabilitados para tener un cargo en el sistema público y esto debe ser ya”, afirmó.
El informe de Contraloría se elaboró mediante el cruce de información del Registro Civil, el Servicio Electoral y el sistema SIAPER, con antecedentes vigentes a junio de 2026.
El organismo precisó que los datos de vinculación laboral son informados por las propias instituciones, por lo que un funcionario puede continuar apareciendo como vigente mientras su servicio no tramite el cese correspondiente. Asimismo, recordó que la legislación contempla excepciones para el ingreso a ciertos cargos auxiliares y administrativos cuando existen determinadas condenas por simples delitos.