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Agencia Uno
Fiscalía investiga falsificación de firma de senadora en polémica por permisos constitucionales
La Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación de oficio por el retiro de permisos de Ximena Órdenes y Fidel Espinoza. Según antecedentes, una firma manuscrita habría sido recortada de otro documento, en medio de una controversia vinculada a la votación del endeudamiento fiscal.
La controversia por el retiro de permisos constitucionales de dos senadores que acompañan al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia sumó nuevos antecedentes y abrió un frente judicial. La Fiscalía Regional de Valparaíso inició una investigación de oficio para esclarecer una falsificación de firmas en documentos presentados ante el Senado.
Según informó Radio Bío Bío, una de las firmas cuestionadas no habría sido incorporada mediante un mecanismo electrónico, como se planteó inicialmente, sino que correspondería a una rúbrica manuscrita recortada de otro documento y posteriormente insertada en el escrito que originó la polémica.
El antecedente introduce una nueva dimensión en el caso, que involucra a los senadores Ximena Órdenes (PPD) y Fidel Espinoza (PS), cuyos permisos constitucionales fueron retirados sin que, según ambos parlamentarios, existiera su consentimiento.
La controversia surgió durante la discusión del Presupuesto 2027, específicamente en medio de las negociaciones relacionadas con la autorización de endeudamiento solicitada por el Gobierno.
El senador socialista Juan Luis Castro, jefe del comité del Socialismo Democrático, aparece en el centro de los cuestionamientos por haber gestionado el retiro de ambos permisos.
La situación adquirió especial gravedad después de que Órdenes denunciara que su firma había sido utilizada sin autorización para dejar sin efecto un permiso constitucional previamente aprobado por la Sala.
Mediante una carta dirigida al secretario del Senado, conocida por Radio Bío Bío y leída por el senador Pedro Araya (PPD), la parlamentaria rechazó haber solicitado el retiro del documento.
“No he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido documento alguno en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi representación con ese propósito”, afirmó.
Inicialmente, una de las versiones que circulaban al interior de la Cámara Alta apuntaba a la utilización de una firma electrónica sin consentimiento.
Sin embargo, los nuevos antecedentes conocidos por Radio Bío Bío indican que se habría utilizado una firma realizada a lápiz, extraída de otro documento e incorporada al escrito cuestionado.
Fuentes citadas por la emisora señalaron que ese procedimiento sería utilizado habitualmente en la tramitación de documentos.
No obstante, el punto central de la investigación es determinar si existió autorización expresa de la parlamentaria para utilizar su firma en ese trámite específico y quiénes participaron en la elaboración y presentación del escrito.
Por ahora, los antecedentes disponibles no permiten establecer que se haya cometido un delito. Esa determinación corresponderá al Ministerio Público.
La controversia tiene además una dimensión política vinculada a la discusión presupuestaria. Los permisos constitucionales permiten modificar el cálculo del quórum requerido para determinadas votaciones cuando existen parlamentarios ausentes con autorización.
En este caso, el retiro de los permisos de Órdenes y Espinoza, quienes se encuentran fuera del país acompañando al Mandatario, podía elevar la cantidad de votos necesarios para aprobar la autorización de endeudamiento contemplada en el Presupuesto 2027.
Según antecedentes publicados por Radio Bío Bío, al interior del Senado surgieron sospechas de que la medida pudo haber buscado dificultar la aprobación de esa autorización y aumentar la presión sobre el Ejecutivo durante las negociaciones presupuestarias.
Ambos documentos fueron restituidos durante la mañana del miércoles, aunque la medida no puso término a los cuestionamientos sobre su tramitación.
El senador Fidel Espinoza confirmó que el retiro de los permisos se había producido sin el consentimiento de los parlamentarios involucrados.
“Fue un impase, lamentable, absolutamente, que podía haberse evitado. Pero ya ha sido restituido nuestro derecho a tener nuestro permiso constitucional, que es un derecho ineludible que tienen los parlamentarios, y respecto al cual solamente nosotros podemos dejarlo sin efecto”, señaló a La Tercera.
Posteriormente, el legislador socialista negó que se hubiera falsificado su propia firma y calificó lo ocurrido como una desprolijidad administrativa.
También manifestó su molestia con la bancada y cuestionó que conflictos políticos internos terminen siendo abordados por el Ministerio Público.
Por su parte, Castro ha atribuido lo sucedido a dificultades de comunicación con Órdenes.
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