La acción legal fue presentada en el 16 y 17 Juzgado Civil, por haber sido notificados de despido a mitad del año pasado “mediante a una simple notificación” bajo el argumento de que sus servicios dejaron de ser necesarios, a pesar que sus respectivos contratos fueron pactados hasta el 31 de Diciembre de 2010.
Al mediodía del lunes 24, 55 funcionarios del Ministerio de Educación, representados por el abogado Walter Castro, interpusieron dos demandas de indemnización de perjuicios de mayor cuantía en contra el Fisco de Chile en el 16 y 17 Juzgado Civil, por haber sido notificados de despido “mediante a una simple notificación de que los servicios funcionarios no serían continuados”.
El documento señala que “en el caso de los funcionarios a contrata que constituyen el porcentaje mayoritario de la Administración Pública, en la práctica cumplían labores de personal de planta pero sin la estabilidad funcionaria de planta que ello implica, situación que se ha arrastrado por años sin vías de solución, dejando en la inestabilidad laboral a quienes desempeñan relevantes cargos que incluso tienen el rango de jefaturas”.
En total son 48 funcionarios a contrata que exigen una indemnización de 400 millones de pesos, en razón de 10 millones por cada uno. En tanto 7 funcionarios a honorarios presentaron una segunda acción legal pidiendo 280 millones de pesos, en razón de 40 millones para cada uno.
La demanda establece que la “causal que se les aplicó para despedirlos como se les hizo saber mediante notificaciones, fue la de que sus servicios dejaron de ser necesarios, a pesar que en la especie los respectivos contratos fueron pactados hasta el 31 de Diciembre de 2010. La causal invocada no tiene ningún referente legal, sino que ha surgido y se ha sustentado en una práctica jurisprudencial administrativa de la Contraloría General de La República como un acto administrativo”, estableciéndose en la presentación que los demandantes “han sufrido en lo personal y familiar, en lo psíquico y afectivo esta abrupta situación generada por una decisión arbitraria de dejarlos a mitad de año sin trabajo, sin resarcimiento indemnizatorio posible por vía de tutela laboral y sin un horizonte inmediato de solventa su vida, produciendo un evidente y complejo estado de daño moral”,
Según Rosalía Elgueda, dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Mineduc (Andime) “como funcionarios públicos no tenemos ninguna indemnización al ser desvinculados de nuestros cargos. Es muy distinta a la realidad de los despidos de la administración privada, donde te indemnizan por año trabajado”.
