“El ministro de Economía, Fomento y Turismo en el ejercicio de su función pública deberá, en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a la normativa y jurisprudencia administrativa indicada en el presente pronunciamiento, lo que será fiscalizado por esta Entidad Superior de Control”, determinó el ente fiscalizador.
El 4 de junio pasado, el ministro de Economía, Pablo Longueira, asistió a un acto oficial en la comuna de San Bernardo. Allí dio abiertamente su respaldo a la reelección de la alcaldesa, Nora Cuevas Sepúlveda (UDI), apoyo que reiteró al día siguiente al ser consultado por la prensa.
Su actuación fue cuestionada por un concejal del municipio, Leonardo Soto (PS), quien decidió presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República.
El órgano contralor se pronunció esta semana, y no de un modo favorable a Longueira. Principalmente porque no aceptó la explicación presentada por el jefe de la cartera de Economía, que indicó que en esa ocasión se expresó favorablemente acerca de la alcaldesa con la intención de “congratular su labor”, añadiendo que al día siguiente, al responder una consulta periodística, se manifestó partidario de la mencionada candidatura llamando a los respectivos ciudadanos a apoyarla.
Además, señaló a la institución liderada por Ramiro Mendoza, que el sistema democrático lo habilita para manifestar sus opiniones, y la jurisprudencia de esta entidad de control relativa al deber de prescindencia política solamente es aplicable cuando existe un proceso electoral vigente y candidatos legalmente inscritos, requisito que, según expresó, no se cumplía en este caso.
En este escenario, la División de Auditoría Administrativa inició una investigación, tomando constancia de que “el señor Longueira Montes, en el ejercicio de su cargo y durante la jornada de trabajo, concurrió a San Bernardo para visitar las tres ferias libres modelo que se levantaron en esa localidad en el marco del “Programa Modernización de Ferias Libres-Fondo Concursable”, que ejecuta el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, participando en un acto oficial que contó con la presencia del director de aquel organismo y de la alcaldesa de esa comuna, a la cual le habría manifestado públicamente su apoyo a una eventual reelección”.
La conclusión fue negativa para el ministro. Según argumentó Contraloría, la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone que el personal de la administración del Estado está impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la administración, mientras que la ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, ordena que “los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones”.
Para el órgano contralor “de manera ejemplar, las autoridades y funcionarios que ejercen una función o cargo público no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, asociar la actividad del organismo respectivo con determinada candidatura, tendencia o partido político, ejercer coacción sobre otros empleados o sobre los particulares con el mismo objeto, y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos”.
Por ello, resolvió que “el ministro de Economía, Fomento y Turismo en el ejercicio de su función pública deberá, en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a la normativa y jurisprudencia administrativa indicada en el presente pronunciamiento, lo que será fiscalizado por esta Entidad Superior de Control”.
