La ley que regula el lobby no obliga a registrar determinadas reuniones y encuentros a pesar de que en ellos coincidan autoridades y representantes de grupos de interés determinados, si la cita, en lo formal, es convocada por los primeros.
La línea es tan tenue como efectiva. La ley que regula el lobby no obliga a registrar determinadas reuniones y encuentros a pesar de que en ellos coincidan autoridades y representantes de grupos de interés determinados, si la cita, en lo formal, es convocada por los primeros. Solo es visto como lobby y, por tanto, debe quedar inscrito como tal, si los agentes de interés piden juntarse.
Un flanco en la legislación que en La Moneda advierten, ya que puede permitir en más de una ocasión torcer la nariz a la legislación, estableciéndose una nebulosa en ese punto.
Ejemplos sobran. La revista Qué Pasa informó de la reservada reunión que se realizó la mañana del martes 24 de marzo en el salón Teplizky del Ministerio de Minería, cita a la que llegó Soledad Alvear en su calidad de abogada privada como parte del equipo legal liderado por Andrés Jana, que defiende a Minera Los Pelambres (MLP), propiedad en un 60% del grupo Luksic, mientras que al otro lado de la mesa estaban la ministra de Minería, Aurora Williams;, su ex jefe de gabinete, Adolfo Galindo; el subsecretario Ignacio Moreno; el director de Límites de Cancillería, embajador Patricio Pozo, y el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez.
El encuentro se realizó solo días después de la demanda civil que la empresa suiza Glencore presentó contra MLP por supuesto daño ambiental y usurpación de terrenos, porque su botadero de escombros Cerro Amarillo cruzaba el límite fronterizo, ocupando suelo perteneciente a la minera El Pachón.
En el Ministerio de Minería no registraron la reunión en el portal del lobby y el argumento central fue que dicha reunión –a pesar de los actores involucrados y el momento– no es considerada lobby, porque fue la ministra Williams quien convocó a ese encuentro.
En similares circunstancias, con actores y objetivos distintos, la respuesta fue la misma cuando el 1 de junio se realizó una reservada cena en el restaurante Raúl Correa y Familia, ubicado en la comuna de Las Condes. Los comensales fueron entonces los integrantes del Comité Político, Jorge Burgos, ministro del Interior, y Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda, junto al subsecretario Aleuy, con la plana mayor de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). La cena, tal como se dijo esa semana en La Moneda, fue gestionada por Burgos, se acordó a fines de mayo y se adoptó el compromiso con los empresarios de mantenerla en secreto.
Tampoco fue registrada, porque –explicaron entonces– sería lobby si los agentes de interés, en este caso los empresarios, hubieran pedido el encuentro, lo que no fue así.
En La Moneda, hoy altos asesores reconocen que la explicación actual es mala, que “hay un frente en la legislación que debe ser revisado” y asumen que efectivamente el objetivo de regulación no puede descansar “en quien pide una cita, sino que en los personajes que interactúan y la reunión en sí misma, con el propósito que tiene”.
Explican que en la actividad política es necesario resguardar un espacio, “una instancia reservada de conversación” que no tuerza la ley. “Lo que debe regularse es el intento de ejercer influencia pero no evitar el diálogo político, hay diferencia”, precisaron en el Ministerio del Interior.
