El director de Senama, que asumió el cargo el 26 de abril, reemplazando a la DC Rayén Inglés, que ha hecho público su interés de ser candidata a diputada, señaló que “consta hasta en Contraloría que en mayo hicimos gestiones (…) la encargada de la unidad jurídica fue a hablar para ver cómo poner término anticipado y los procedimientos que teníamos que realizar. Realicé lo que correspondía: poner término a dicho convenio y poner antecedentes a disposición de la Fiscalía (…) además instruimos sumario administrativo, decretado la semana pasada para ver responsabilidades en la institución”.
Las irregularidades ocurridas en un hogar dependiente del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) en Puente Alto, que se hicieron públicas tras un reportaje de El Mostrador, que sacó a la luz el fallecimiento del poeta Raúl González Figueroa, luego de que habría pasado 9 días sin ser alimentado, abrió un flanco de discusión en torno a la realidad que enfrentan los ancianos más vulnerables del país.
Es así como este martes en la Comisión Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados, se consultó sobre la situación al director de Senama, Rubén Valenzuela, que había sido invitado a exponer sobre materias legislativas relativas a los adultos mayores.
Entre otras cosas, se le preguntó por la demora en poner término anticipado a la relación contractual con la Fundación “Agrupación Médica y Social Chile Ayuda” (Amsca) dirigida por Antonio Lepe Valenzuela, tomando en cuenta que las denuncias de funcionarios y tutores de los abuelos del Eleam venían desde hace muchos meses, y recién el viernes 3 de junio se anunció que se terminaría dicho convenio.
El director de Senama, que asumió el cargo el 26 de abril, reemplazando a la DC Rayén Inglés, que ha hecho público su interés de ser candidata a diputada, señaló que “consta hasta en Contraloría que en mayo hicimos gestiones (…) la encargada de la unidad jurídica fue a hablar para ver cómo poner término anticipado y los procedimientos que teníamos que realizar. Realicé lo que correspondía: poner término a dicho convenio y poner antecedentes a disposición de la Fiscalía (…) además instruimos sumario administrativo, decretado la semana pasada para ver responsabilidades en la institución”.
Rubén Valenzuela explicó que “la obligación que tenemos como servicio por ley es supervisar. No podemos fiscalizar. La fiscalización recae en la seremi de Salud. Nosotros tenemos una pauta de supervisión radicada en tres componentes de acuerdo al convenio que tenemos con la institución que administra. Esta supervisión, fue aumentando progresivamente que fue lo que se ha informado en los medios, en los mismos informes que se señalan en el reportaje de El Mostrador”.
Recalcando que la investigación llevada a cabo no se hizo como consecuencia de dicho reportaje. Efectivamente, Senama, tal como señala el artículo, llevaba varios meses evaluando la situación dentro del centro.
Valenzuela detalló que se hizo un trato directo porque hubo cuatro licitaciones y no se presentaron más oferentes, luego de que el Hogar de Cristo, que fue la primera Fundación que estuvo a cargo de gestionar el hogar anunciara su retiro, entre otras cosas, por la insuficiencia de los recursos entregados por el fisco para poder hacer un buen trabajo.
El líder de Senama explicó que al asumir Amsca, se transfirió el monto total acordado en el convenio, “como si el recinto estuviera en toda su capacidad de atención: 98 personas. Lo que efectivamente bordeó entre 81 y 85 y hoy hay 78 personas. Cuando se hace el cálculo son unos 530 mil pesos mensuales por adulto mayor, más el 85% de las pensiones que lo cobra la propia institución. En promedio 620 mil pesos por adulto mayor. Ese es el monto”.
El director nacional de la institución dependiente del ministerio de Desarrollo Social, detalló que como AMSCA “era una institución que no conocíamos, como servicio se hizo un convenio sólo por un año. Lo normal es que convenios se realicen por dos años. Empezó a administrar el recinto en julio de 2015. Y nosotros realizamos informes por obligación que tenemos como servicio. Tenemos 12 funcionarios en todo el país para hacer esta fiscalización. Para 12 centros. Para supervisar el programa de condominio de vivienda protegida y otros programas (sic)”.
Agregando que “en la Región Metropolitana no contamos con vehículos. Cuatro o cinco regiones no cuentan con ello. Se ha ido completando lentamente la dotación de este medio de transporte”.
El sociólogo, señaló que “en febrero se constató la muerte de una persona que fallece porque retiran una puerta”, explicando que lo que sucedió fue que dicha puerta estaba mala y la solución que encontró la fundación administradora fue superponerla apoyándola en una pared, en vez de arreglarla, tras lo cual se produjo el accidente que terminó con Margarita del Carmen Lobos aplastada. “Dentro de las transferencias que hacemos hay recursos para mantención. Imagínense que como servicio tuviéramos que cambiar cada vidrio o ventana. Para eso están los encargados de la administración”.
Valenzuela añadió que “con ese accidente como servicio aumentamos a tres supervisiones semanales y a tener personal todos los días en el establecimiento (…) el 11 de marzo enviamos a la Seremi de Salud una solicitud de fiscalización. Y el 28 de abril la Seremi de Salud va a hacer la fiscalización, y entrega un acta con aspectos que consideramos al presentar la denuncia a la Fiscalía”. Refiriéndose a la denuncia realizada a la Fiscalía el 11 de mayo por parte de Senama que recoge testimonios, cartas, informes y diversas pruebas que hablan de una larga lista de irregularidades y posibles delitos al interior del centro.
Valenzuela agregó que desde AMSCA, “dicen que los hemos perseguido y acosado y que presentarán querella por calumnia contra este director. Si tienen esa percepción creo que hicimos nuestro trabajo”.
Esta semana, una nueva institución, la Fundación Familia de María, tomaría las riendas del Eleam de Puente Alto, en reemplazo de la cuestionada Amsca.
