El plantel adeuda 16 sueldos a cerca de medio millar de funcionarios y académicos. Las alarmas se encendieron después que la cartera solicitó al Cuarto Juzgado Civil de Santiago dos mil de los 3.500 millones de pesos de remanente que originalmente iban a destinarse a los salarios.
En alerta se encuentran los trabajadores de la Universidad Arcis después que el Ministerio de Educación presentara un recurso ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago solicitando dos mil de los 3.500 millones de remanente que quedaron de la venta de los inmuebles que albergaban las sedes de la casa de estudios que está en proceso de cierre.
Y aunque la cartera habría solicitado los recursos para garantizar la continuidad de los estudios de los estudiantes que decidan quedarse en el plantel para terminar sus estudios dentro de los próximos tres años, los ex funcionarios y académicos del plantel acusan al Mineduc de obstaculizar el pago íntegro de la millonaria deuda por sueldos impagos por un período superior a 16 meses que debe repartirse en alrededor de medio millar de personas.
Con ello, advierten desde uno de los sindicatos, el Ministerio estaría pasando por alto un compromiso que había acordado el síndico Cristián Herrera -quien fue nominado por el mismo tribunal-, de acuerdo a un mandato de la junta de acreedores. Y además -estiman- estaría solicitando recursos privados para fines públicos, lo que se condice con los términos de la carta de crédito con que cuenta cada uno de los ex funcionarios de la universidad privada por los servicios que prestaron.
El tribunal rechazó de manera provisional la solicitud, debido a que hasta ahora no tenía acceso a los montos en cuestión, pero los trabajadores temen que finalmente el juzgado se incline en favor de la entrega de esos recursos, como lo hizo con las otras dos solicitudes que presentó para coparticipar en la junta de Acreedores y tomar un rol de observador en la Comisión de cierre, y para tener atribuciones administrativas.
Cabe recordar que el pasado 2 de agosto el Consejo Nacional de Educación nombró como Administrador de Cierre del plantel a Jorge Rojas Neira, cargo que está establecido en la ley 20.800 y cuya función es la de presentar un plan de administración con medidas para asegurar la continuidad del servicio educativo de los y las estudiantes y los plazos y procedimientos para concretar el cierre de la institución, fijado para 2020.
