A mediados de noviembre, Pilar Gutiérrez, entonces jefa de la División de Administración General de la Segpres, recibió la primera amenaza de muerte. Una carta vía Correos de Chile, ingresada a la Oficina de Partes de la Segpres y escrita en en creole, decía: “Perra maldita. Maldita sea, tu vida se complicará. Pagarás por todos los daños y abandonarás a tus hijos. Somos muchos”. La misiva era acompañada por una fotografía de la víctima con corchetes sobre la boca y en la frente.
El próximo 15 de junio, a las 9 de la mañana, ante la presencia del fiscal Ricardo Vergara y la jueza Carolina Gajardo Fontecilla, será formalizada Sonia Elizabeth Redlich, por el delito de amenazas. El caso es uno de los últimos que se investigan al interior de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), donde ya se han producido hechos similares que con lentitud también han movilizado a la justicia.
A mediados de noviembre, Pilar Gutiérrez, entonces jefa de la División de Administración General de la Segpres, recibió la primera amenaza de muerte.
Una carta vía Correos de Chile, ingresada a la Oficina de Partes de la Segpres y escrita en creole, decía: “Perra maldita. Maldita sea, tu vida se complicará. Pagarás por todos los daños y abandonarás a tus hijos. Somos muchos”. La misiva era acompañada por una fotografía de la víctima con corchetes sobre la boca y en la frente.
Lo violento de la amenaza hizo que Gutiérrez pusiera en conocimiento a sus jefes y ese mismo día ingresara la denuncia a la PDI, quienes pusieron en antecedentes a la Fiscalía Centro Norte. El Ministerio Público instruyó una orden amplia de investigar que incluyó medidas de protección para la afectada. Las últimas diligencias se dictaron el 12 de marzo pasado.
Pero la fotografía no fue todo lo que recibió Gutiérrez. Diez días después de esa primera amenaza, llegó a su nombre una caja con tierra de cementerio y con fotos atravesadas con alfileres. Esta última era firmada en el remitente, supuestamente, por el diputado Gabriel Silver.
Consultada sobre la investigación, Pilar Gutiérrez prefiere no referirse al caso porque hay una investigación en curso; sin embargo, le ha pedido explicaciones a la nueva autoridad del ministerio respecto a una carta en la que ella solicitó que las autoridades buscaran responsabilidad penal y civil, pero que le fue devuelta “por haber dejado de ser funcionaria”. Pese a que no quiere hablar, Pilar hace una crítica a la protección que pueden recibir funcionarios que hacen amenazas y que, a pesar de ello, reciben protección al interior de La Moneda. “Esto fue informado incluso a la Presidenta de la República en su minuto”, comenta.
La funcionaria Sonia Redlich, además, se encuentra imputada por una causa de falsificación de firmas por certificados presupuestarios; una hebra por la que también fue sumariada en la administración anterior y amonestada en esta con el pago de parte de su sueldo. A pesar de ello, Redlich sigue en su lugar de trabajo.
Debido a que su nombre apareció en una de las amenazas, el diputado Gabriel Silver señaló que por la misma “suplantación”, él presentó una denuncia el año pasado. Sobre la formalización, el parlamentario manifestó que le parece una decisión prudente del Ministerio Público: “Aquí se entregaron cartas y amenazas a una funcionaria y no podía existir impunidad respecto a estos actos”, dijo.
El caso de Pilar Gutiérrez no es el único con amenazas que ha tenido que enfrentar en el último año la Segpres. El año pasado también sufrió amedrentamiento el funcionario José Miguel Lucero, cuyas amenazas de muerte –que decían “muerte al fleto Lucero”– son asimismo investigadas actualmente por el Ministerio Público.
Consultados al respecto, en la Segpres comentaron que se ha solicitado celeridad en todos los procesos de investigación iniciados en la administración anterior para tener claridad sobre los hechos y poder, en consecuencia, tomar las medidas correspondientes.
A su vez, lamentaron el deterioro del clima interno encontrado en la Segpres al asumir la nueva administración.
