En medio del escándalo, la semana pasada el Gobierno –intentando atajar lo inexplicable– creó un Consejo Asesor para analizar cómo desenredar la madeja que se generó tras reconocer la manipulación de las cifras, algo que ha desatado varios comentarios a nivel económico y político. El decano de la FEN, José De Gregorio, dijo que no se hizo ningún esfuerzo para que el consejo fuera transversal.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tiene en claros problemas al Gobierno. Supuesta corrupción y manipulación de datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), son parte de lo que se destapó en la entidad, a la que le urge un proceso de autonomía, que no ha llegado.
En medio del escándalo, la semana pasada el Gobierno –intentando atajar lo inexplicable– creó un Consejo Asesor para analizar cómo desenredar la madeja que se generó tras reconocer la manipulación de las cifras.
El equipo anunciado ha desatado varios comentarios a nivel económico y político. ¿La razón? El excesivo perfil «oficialista» de dicho consejo y con cercanía al sector privado, hace sospechar que tendrá dificultades para lograr el objetivo de conocer en detalle, y así informarlo, si agentes del mercado pagaron por manipular precios del indicador, persiguiendo algún beneficio.
Ya es comentado en la industria financiera que, de conocerse que alguna entidad del sector incurrió en esta práctica para incrementar el valor de la UF, el «escándalo» sería total.
El Consejo Asesor está presidido por Sebastián Claro e integrado por David Bravo, Bettina Horst, Andrea Tokman y Claudio Sapelli, profesionales ligados a la Universidad Católica y Libertad y Desarrollo, este último, el think tank cuya figura clave por años fue Cristián Larroulet, el actual influyente jefe del equipo de asesores del segundo piso de La Moneda.
A pesar del claro sello de los integrantes del consejo, el Gobierno ha asegurado total independencia del organismo.
Pero, según se filtró, la molestia llegó a otras esferas de la academia. El decano de la FEN, José De Gregorio, señaló –en una carta al ministro de Economía José Ramón Valente– que no se hizo ningún esfuerzo por la transversalidad del organismo.
Claro declaró el fin de semana a La Tercera que, ante todo, el consejo no viene a dilucidar lo que pasó con el IPC, ni menos a sancionar. «Esta comisión no viene a investigar ni sancionar lo sucedido en el IPC. Tampoco a evaluar las acciones que las autoridades correspondientes han tomado en el uso de sus atribuciones. Ellas deben ser evaluadas en otro ámbito. Yo quisiera poner nuestra tarea en tono positivo. El riesgo es que el caso del IPC se tome la agenda de mediano plazo del INE. Por serio que sea el tema del IPC, es fundamental evitar que desvíe toda la atención de la institución, perjudicando la implementación de múltiples iniciativas en áreas claves que pueden ser menos vistosas, pero que determinan la fortaleza de la institución en el mediano plazo y que son parte íntegra de las iniciativas estratégicas del INE. Nuestra tarea está en contribuir a mantener la vista puesta en el mediano plazo y apoyar al director en esa agenda», aclaró.
Así, el rol de la comisión será debatir antes de la función parlamentaria. Esto, pese a que voces de diferentes sectores habían dicho, y en todo los tonos, que al organismo le lloraba una reforma. Algo frente a lo cual hicieron oídos sordos.
