Se implementará en enero del 2020 y a través del Servicio Médico Legal, que ayudará a las personas que buscan a un familiar adoptado ilegalmente en dictadura. La propuesta surgió originalmente del diputado comunista Boris Barrera y su par del PPD, Loreto Carvajal.
Tras cuatro meses de trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia, el lunes 8 de julio la Comisión Especial Investigadora del Caso de Irregularidades en Adopción e Inscripción de Menores entregará su informe final y, entre las conclusiones, destaca el compromiso gubernamental para crear un banco de huellas genéticas que posibilite la identificación de parentesco sanguíneo.
La propuesta –comprometida por el ministro Hernán Larraín y que se implementaría a través del Servicio Médico Legal– permitirá al solicitante buscar a sus seres queridos, sobre todo cuando no exista documentación que acredite que se trata de una adopción irregular. No se requerirá de orden judicial para el ingreso de la huella genética y el cotejo para posibles coincidencias.
El sistema comenzará a funcionar a partir de enero del próximo año. Tanto los procedimientos como los registros actualmente existentes para los familiares de detenidos desaparecidos en la dictadura, servirán de base para la creación de este banco.
La propuesta del sistema de huella genética surgió originalmente del presidente de la comisión, el diputado comunista Boris Barrera y su par del PPD, Loreto Carvajal, quienes se basaron precisamente en la experiencia aplicada para la búsqueda hecha por familiares de detenidos desaparecidos.
Cuando se dieron a conocer los primeros casos, la investigación estuvo en manos del Juez Mario Carroza, quien en enero del 2018 instruyó a la Brigada de Inteligencia Policial de la PDI, para indagar 579 casos de adopciones ilegales de niños chilenos a matrimonios extranjeros entre 1973 y 1990.
