Crédito: Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).
La psicóloga Javiera Pérez interpuso una demanda de tutela laboral ante el 2º Juzgado de Letras de Santiago, bajo el concepto de vulneración de derechos fundamentales. El recurso judicial –al que tuvo acceso El Mostrador– señala que Pérez fue víctima de trato hostil por parte del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ricardo Guzmán Sanza, y la jefa del Departamento de Recursos Humanos, Andreina Olmo. Coincidentemente, Pérez fue una de las funcionarias que el 2016 denunció a este medio la situación de los doctorados falsos otorgados por una institución belga, llamada Ulsetb, la que posteriormente fue colocada en una lista de «universidades falsas» de ese país europeo. Pérez aseguró que dio a conocer esta situación ante la Corte Suprema, lo que terminó en un sumario que no llegó a nada.
El 2004, la psicóloga Javiera Pérez comenzó a trabajar en la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Su buen desempeño le permitió escalar a cargos de jefatura.
Es así como el 2012 se adjudicó el concurso de jefa del Subdepartamento de Reclutamiento y Selección. Su trabajo era administrar la operación de dicho subdepartamento, asegurando la eficacia de los procesos, el uso eficiente de los recursos y velando por la calidad de los resultados.
Entre 2012 y 2016, Pérez fue siempre calificada en la lista sobresaliente y no fue sometida a investigaciones ni sumarios disciplinarios.
Pero todo cambiaría a partir del año 2015. Desde entonces, la funcionaria denunció que comenzó a ser víctima de trato hostil por parte del director de la CAPJ, Ricardo Guzmán Sanza, y la jefa del Departamento de Recursos Humanos, Andreina Olmo. Esta situación le provocó una depresión y, entre octubre de 2016 y diciembre de 2019, comenzó a tomar licencia médica, según consta en un certificado de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
La situación no terminó bien para Javiera. El 25 de abril de 2020 fue informada de su desvinculación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por lo cual interpuso una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales.
La psicóloga considera que su despido tiene otros componentes, toda vez que fue una de las funcionarias que el año 2016 denunció el tema de las «universidades fantasmas», que otorgaron títulos falsos a dos funcionarios de la CAPJ, concretamente, el director, Ricardo Guzmán Sanza, y el jefe del Departamento de Planificación y Coordinación, Alex Saravia Molina.
El hecho fue destapado por El Mostrador ese mismo año, en un reportaje que da cuenta de que ambos funcionarios obtuvieron un posgrado en la Universidad Ulsetb de Bélgica, institución que posteriormente fue colocada en una lista de «universidades falsas» de ese país europeo.
Una de las principales instituciones vinculadas con la Ulsetb es la EGEU, Escuela de Gestión Europea. En una nota de Bío Bío Chile de mayo de 2018, se informa que más de 100 estudiantes fueron estafados luego que la institución dejara de pagar convenios que tenía con universidades españolas.
Al hacer una búsqueda en Google, aparece que el EGEU se encuentra «cerrado permanentemente». Además, el número telefónico figura como «fuera de servicio».
También vale acotar que la entonces directora del Departamento de América Latina de la Agencia de Cooperación de la Región de Valona de Bélgica, Christine Favart, confirmó en su momento a El Mostrador que la Ulsetb dejó de existir “y su sitio web fue cerrado”.
En dicho artículo se da cuenta de que la Universidad de Chile, institución que tiene «la atribución privativa y excluyente de reconocer, revalidar o convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero», según el DFL N° 153, de 1981, del Ministerio de Educación, invalidó dos grados de doctor que había reconocido previamente, presentados por Ricardo Guzmán Sanza, director de la CAPJ, y Alex Saravia Molina, jefe del Departamento de Planificación y Coordinación del mismo organismo.
Entre sus estudios, ambos exhibían el grado de Doctor of Business Administration, entregado por la Ulsetb, de Bélgica; además del grado en doctor en Administración de Empresas de la Universidad de Chile.
Sin embargo, no deja de llamar la atención que en el currículo de ambos funcionarios –que se puede visualizar en la pestaña de la CAPJ en la página del Poder Judicial– aún figura dicho grado.
El Mostrador tuvo acceso a la demanda de tutela laboral, donde se detallan cronológicamente los hechos que tuvieron como desenlace el despido de Javiera Pérez de la CAPJ.
«El año 2004 comienzo a trabajar como psicóloga freelance para la CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, en adelante CAPJ. Presto servicio como psicóloga laboral: tomo exámenes habilitantes, pruebas colectivas y efectúo entrevistas psicolaborales», dice el documento.
Luego de ser contratada a honorarios en 2008, la profesional pasa a ser funcionaria a contrata el 31 de diciembre de ese mismo año. «Trabajo como analista de reclutamiento y selección coordinando concursos del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Siempre soy calificada en lista de sobresaliente».
El 24 de abril de 2012, Javiera Pérez se adjudicó el cargo de jefa del Subdepartamento de Reclutamiento y Selección, luego de haber postulado en enero de ese mismo año. Su trabajo era «administrar la operación del Subdepartamento de Reclutamiento y Selección, asegurando la eficacia de los procesos, el uso eficiente de los recursos y velando por la calidad de los resultados, en conformidad con los valores de excelencia, eficiencia y transparencia, con el fin de proveer oportunamente a la institución de candidatos idóneos para los cargos vacantes».
La demanda destaca que entre el 2012 y 2016, Javiera fue calificada en la lista «sobresaliente». Tampoco fue objeto de investigaciones o sumarios disciplinarios.
A partir del año 2015, «comienzan a aparecer las primeras conductas de mis superiores jerárquicos, el Director de la CAPJ Sr. Ricardo Guzmán S. y mi jefa directa Sra. Andreina Olmo Marchetti, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, a través de tratos hostil y menoscabante hacia mi persona lo que me fue provocando los síntomas de depresión, y se me empieza a otorgar licencia médica en enero de 2016».
Entre las conductas de acoso, mencionan por ejemplo, que el director de la CAPJ ordenó tres auditorías efectuadas entre febrero y mayo de 2016, situación que calificaron de «excesiva e intimidatoria a mi persona ya que bastaba solo la realización de una».
«Las auditorías efectuadas no arrojan ningún indicador significativo, según lo informado por mi Jefa directa. Dado que se había aprobado el aumento de dotación del Subdepartamento de Reclutamiento y Selección, tras el concurso, se solicita el contrato de tres personas entre febrero y mayo, los cuales son disminuidos a 30 días».
«Los continuos actos de hostigamiento por parte del Director de la CAPJ , originan síntomas más complejos de depresión, y me dan licencia psiquiátrica», dice la demanda.
También se detalla que «en junio de 2016, mientras me encontraba con licencia psiquiátrica por depresión por razones laborales, me cambian de cargo, aludiendo a un cambio de perfil de cargo específicamente buscan una persona con un título del área de la Administración».
«No sólo me cambiaron de cargo sino de puesto de trabajo. No hubo una definición de las funciones y tareas del cargo que debía realizar. No tuve ninguna indicación de mi Jefa de Recursos Humanos, ni respecto a mi ‘nuevo cargo’, ni objetivos, ni tareas. La falta de indicadores y relaciones interpersonales, propician una fuerte depresión, y presento licencia médica laboral psiquiátrica. Y aun cuando intento volver, la situación es análoga: no tengo ninguna información respecto a las labores que debo realizar».
En 2017, Pérez fue notificada de su calificación del año 2016, la cual es deficiente, quedando en lista condicional. Sin embargo, tras una apelación, el Consejo Superior acogió la solicitud de Javiera y le mantienen la misma calificación del 2015.
«A pesar de que cumplía con las metas y mejoraron los indicadores de gestión mientras tenía el cargo de Jefa del Subdepartamento de Reclutamiento y Selección (…) las acciones hostiles sostenidas hacia mi persona denostando mi trabajo, menoscabándolo e ignorándolo sin ninguna retroalimentación por mi desempeño, o pre calificaciones».
«Durante el 2° semestre del 2016 estuve con una depresión severa; no se justifican las calificaciones que me notificaron. Durante los años que trabajé, tanto como Psicóloga, Analista de Reclutamiento y Selección, y como Jefa del Subdepartamento de Reclutamiento y Selección, siempre tuve un desempeño que me ubicaba en la lista sobresaliente, en todos mis años de servicio a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, 3 años como Jefa del Subdepartamento de Reclutamiento y Selección, los que se condicen con un desarrollo ascendente en mi carrera profesional hasta junio de 2016, que se vieron truncados por la exposición que sufrí por parte de mis jefaturas en el ejercicio de mis funciones profesionales que redundaron siempre en un trato hostil y menoscabante que gatillaron en mi persona depresión mayor con un cuadro ansioso de origen laboral desde el 13 de octubre de 2016 al 13 de diciembre de 2019 según consta de Certificado de la Asociación Chilena de Seguridad, en adelante ACHS».
En conversación con El Mostrador, Javiera Pérez relató que todos los antecedentes referentes a los doctorados falsos fueron presentados en su momento al presidente de la Corte Suprema. Aseguró que «se hizo un sumario, pero no pasó nada. Tuve que volver a trabajar, y realmente parecía un fantasma a la que nadie quería ver».
Pérez contó cómo fueron sus días a partir del momento en que comenzó el maltrato hacia su persona: «Mis días pasaban sin tener nada que hacer, y cada proyecto que presentaba, ni siquiera tenía un acuso de recibo. Me sentía más sola que nunca, y con una jefa que no me recibía. Y hubo una vez que hablé, y le propuse realizar un buen proyecto, luego del cual yo renunciaría a la CAPJ, y ella me contestó: ‘Javiera, tu continuidad en la CAPJ depende del trabajo que realices’, y yo no tenía trabajo. Era una encrucijada».
«Así pasaban los días, cada vez más triste, cada vez más sola y subiendo de peso (…). La depresión me consumió, no solo me sentía inútil, sino que no tenía un trabajo que me respaldara, estaba en un barranco (…). Fue horrible, y mucha gente lo sabe, pero no va a hacer nada, porque el maltrato está invisibilizado y no hay procedimientos que den soporte a quien los denuncie, pues son Recursos Humanos y la Dirección los que toman estos casos», agregó.
Para Javiera, el hecho de que el 2º Juzgado de Letras de Santiago haya acogido la demanda ya es un paso importante, pues «la CAPJ adujo que no era pertinencia del juzgado nombrado, ya que los funcionarios del Poder Judicial nos acogemos al COT (Código Orgánico de Tribunales), el cual dice que ante un hecho de maltrato debemos acogernos a los procedimientos de la Corporación, y quienes resuelven este tipo de acciones son Recursos Humanos y la Dirección».
La psicóloga también denunció esta situación ante la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Aprajud). Concretamente, comentó que su presidente, Patricio Aguilar, «siempre estuvo conmigo, trató de tener una reunión conmigo y Andreina Olmo, y no lo pudo hacer, hablo con el presidente de la Corte; pero a final de cuentas es presidente de los funcionarios (la mayoría titulares) del Poder Judicial».
La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) es la entidad encargada de administrar los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos del Poder Judicial (PJ). «Su misión es brindar un servicio de calidad e incidir en una mejor justicia para las personas», dice la página web del Poder Judicial.
Se trata de un organismo fundamental para este poder del Estado, y sus directivos están vinculados a cientos de personas. Por eso sus pergaminos se despliegan como respaldo cuando el objetivo es detallar la estructura.
«La dirección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial está a cargo de un Consejo Superior, integrado por el Presidente de la Corte Suprema, quien lo encabeza, y cuatro ministros del máximo tribunal, elegidos por sus pares por un período de dos años», detalla la página web de la CAPJ.
La misión de la CAPJ –creada en marzo de 1990– es «brindar un servicio de excelencia a los tribunales de justicia, contribuyendo a mejorar la calidad de la Justicia y facilitando el acceso de la comunidad a ella, administrando en forma eficiente y transparente los recursos del Poder Judicial».
En tanto, su visión es «ser una organización técnica, conocida, validada y legitimada para el Poder Judicial y la comunidad, debido a la excelencia de los servicios que presta, que contribuyen a mejorar la calidad y el acceso a la justicia en el país».
El Mostrador se comunicó con la CAPJ para obtener su versión respecto a las denuncias de Javiera Pérez. A través de un correo electrónico señalaron que «dado que este es un proceso judicial en curso, la institución prefiere no referirse al tema y que esperarán la decisión judicial que adopte el tribunal laboral sobre esta materia».
