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El Defensor del Pueblo Europeo dijo este viernes que está investigando el secretismo con el que el ejecutivo de la Unión Europea está gestionando los contratos de suministro de la vacuna para el COVID-19.
La UE ha gastado unos 2.500 millones de euros (3.000 millones de dólares) en anticipos para asegurarse casi 2.300 millones de dosis entre candidatas y vacunas aprobadas. El precio, las condiciones de entrega y otras cláusulas clave de estos contratos son confidenciales.
«Acabamos de abrir una investigación sobre la negativa de la Comisión a dar acceso público a los documentos relativos a la compra de vacunas COVID-19», dijo una portavoz del Defensor del Pueblo.
La Comisión, que codirige las negociaciones con los fabricantes de vacunas junto con los representantes de los Estados de la UE, ha dicho que la confidencialidad es importante para que el bloque llegue a mejores acuerdos con las empresas.
El grupo Corporate Europe Observatory había solicitado acceso al contrato firmado con AstraZeneca, el primero sellado por la UE, y a los documentos relacionados con las negociaciones sobre vacunas. La Comisión rechazó la primera petición y aún no ha decidido sobre la segunda, dijo el Defensor del Pueblo.
«Dado el importante interés público de este asunto, pido a la Comisión que emita una decisión sobre ambas solicitudes de acceso lo antes posible y, a más tardar, el 11 de febrero de 2021», añadió la portavoz.
Cualquier ciudadano de la UE puede recurrir al Defensor del Pueblo para que investigue una institución del bloque por mala gestión. Las instituciones pueden rechazar las solicitudes de divulgación de documentos si la publicación de alguna información se considera contraria al interés público.
A principios de este mes, la Comisión publicó una versión redactada de su contrato de la vacuna COVID-19 con la empresa biotecnológica alemana CureVac, tras la presión de los legisladores de la UE.
Cualquier ciudadano o entidad de la UE puede recurrir al Defensor del Pueblo para investigar una institución de la UE por mala administración: irregularidades administrativas, injusticias, discriminación, abuso de poder, falta de respuesta, denegación de información o retraso innecesario. El defensor del pueblo no tiene poderes vinculantes para hacer cumplir sus resoluciones, pero en general el nivel de cumplimiento es alto. El defensor del pueblo emplea principalmente su poder de la persuasión y la publicidad.
