José Miguel Bulnes Concha y Patricio Santamaría Mutis fueron designados por el Presidente Piñera en el último año de su primer mandato (2013), por lo que su periodo expiró en febrero de este año. Si bien su permanencia se debe a una prorrogación en virtud de que el Mandatario no ha presentado los nuevos nombres al Congreso, lo cierto es que los consejeros –cuyo periodo se cumplió hace siete meses– siguen manteniendo su dieta de $3.5 millones mensuales, lo que a la fecha les ha significado un acumulado de $24 millones 500 mil. Una suma no menor si se considera que no se trata de un trabajo con dedicación exclusiva, el que puede incluso ser llevado a cabo simultáneamente con la labor de lobbista, como es el caso de Bulnes Concha, quien además de ser el primo del ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, alterna su ejercicio en el Servel con el de gestor de intereses, en favor de empresas, sosteniendo reuniones con Corfo.
A las críticas por la decisión del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) de rechazar hace unos días un importante número de candidaturas a parlamentarios, y que recientemente debió echar pie atrás respecto a 32 candidaturas al Senado y 9 a la Cámara de Diputadas y Diputados, la declaraciones altamente politizadas del presidente del Consejo, Andrés Tagle –experto electoral de la UDI–, pusieron al organismo, que se supone autónomo, en la vitrina del escrutinio público ante las sospechas de operar con sesgo.
Frente a estos hechos, la permanencia en el cargo de algunos consejeros, cuyo periodo de 8 años en el puesto venció hace siete meses, ha comenzado a producir un ruido significativo en el mundo político, debido que el Presidente de la República no ha dado señales de presentar nuevos nombres, aun cuando el periodo por el cual fueron designados caducó el 18 de febrero de 2021, generando con ello la impresión –según advierten varias de las fuentes consultadas– de que la permanencia responde a un intención del Gobierno de tener bajo control el proceso electoral.
En efecto, José Miguel Bulnes Concha y Patricio Santamaría Mutis, fueron designados por el Presidente Piñera en el último año de su primer mandato (2013), previa aprobación del Senado, mediante el consagrado cuoteo político.
Aun cuando en febrero de este año distintos senadores –como Alfonso de Urresti (PS), Loreto Carvajal (PDD)– y diputados –como el RN Sebastián Torrealba– se manifestaron a favor de que el actual Consejo Directivo del Servel se mantuviera durante el proceso electoral vigente, habría quedado subentendido que el cambio debería materializarse tras las elecciones de lo que se entiende como el primer ciclo, que terminó con las elecciones primarias.
Fuentes de Gobierno confirmaron que su permanencia, hasta ahora, se debe a que hubo «muchos procesos eleccionarios, muy juntos además, y dado que han salido bien», se estimó no renovarlo antes de la última elección que pasó. Algo así como «equipo que gana, repite».
Ahora bien, expertos electorales coinciden en que la decisión política contraviene lo estipulado por ley, ya que la causal de revocación está establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, N° 18.556, que dice que entre las causales de cesación en el cargo de consejero está la «Expiración del plazo por el que fue nombrado. Sin perjuicio de ello, éste será prorrogado hasta el nombramiento de su reemplazante».
Dicho de otro modo –explican–, la renovación se mantiene hasta que el Presidente presente al Senado los nombres de reemplazo, cosa que no ha ocurrido, pero no por falta de nombres sino porque ex profeso no se quieren cambiar. Es más, desde hace ya un buen tiempo, La Moneda maneja los nombres de reemplazo, como el de David Huina (RN), que debería entrar en el lugar de José Miguel Bulnes, y el de María Cristina Escudero, para reemplazar al DC Patricio Santamaría.
Mientras tanto, los consejeros, cuyo periodo –como se señaló– se cumplió hace 7 meses, siguen manteniendo su dieta de $3.5 millones mensuales, lo que a la fecha les ha significado un acumulado de $24 millones 500 mil. Una suma no menor si se considera que no se trata de un trabajo con dedicación exclusiva, el que puede incluso ser llevado a cabo simultáneamente con la labor de lobbista, sin que esto represente –al menos en el papel– un conflicto de intereses.
Tal es el caso del consejero Bulnes Concha, quien además de ser el primo del ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, alterna su ejercicio en el Servel con el de lobbista o gestor de intereses, tal como lo demuestra el sitio InfoLobby.
En abril de 2020, el consejero del Servel se reunió con la directora del Trabajo, Lilia María Jerez Arévalo, para tratar temas sindicales y despidos en el marco de la concesión del muelle de Valparaíso. Y también ha llevado a cabo reuniones con Luis Felipe Oliva Díaz, gerente de Inversión y Financiamiento de Corfo, para tratar el cambio de directorio de la empresa ProGarantía S.A.G.R.
