A mas de un año de esa misiva, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ya está en labor de que este tipo de polémicas no vuelva a ocurrir, por lo que su presidente Francisco Leturia ya ha comenzado una directa ofensiva.
El año 2021, El Mostrador reveló el gasto que el Servicio Electoral (Servel) realizó en medios escritos, la mayoría por tratos por pago directo, los que eran concentrados en los dos grandes conglomerados en el país: La Tercera y principalmente El Mercurio.
Este hecho encendió las alarmas al interior del Servel. De hecho, durante abril del año pasado, el presidente del organismo, Andrés Tagle envió una carta al entonces ministro de la Segpres, Juan José Ossa, en la que le pide modificar la actual legislación para dejar de hacer publicaciones en medios.
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«Dicho acuerdo consiste en solicitar al Presidente de la República, a través de su Ministerio, pueda legislar con objeto de modificar los artículos 30 y 48 de la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional Sobre Votaciones Populares y Escrutinios, así como también el artículo 115 de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, eliminando la obligación de realizar publicaciones en medios de prensa escrita y consagrando en su reemplazo la obligación de realizar las respectivas publicaciones en el sitio web del Servicio Electoral (www.servel.cl) y en su centro de llamados cuando corresponde», dice la carta, la que hasta ahora ha sido guardada en un cajón sin réplica.
A mas de un año de esa misiva, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ya está en labor de que este tipo de polémicas no vuelva a ocurrir, por lo que su presidente Francisco Leturia ya ha comenzado una directa ofensiva.
«El Servel paga, la ley obliga, a que ponga en un diario toda la lista de los vocales del país. ¿Alguien ha comprado alguna vez un diario para ver si es local? El Servel le ha pedido al gobierno anterior, diciéndole ‘en la pura elección de concejales, nos vamos a gastar 5 mil millones de pesos. Por favor modifique la ley'», dijo en conversación con La Red.
En El Mostrador, también ahondó que «nos hemos encontrado con muchos hallazgos sorprendentes y preocupantes. Lo primero que podemos decir es que estamos hablando de gastos millonarios, pero que probablemente sean más millonarios de lo que nosotros, con todos los recursos que tenemos, somos capaces de pesquisar. (…) Todo este gran esfuerzo de transparencia realmente es una foto muy pequeñita y las herramientas que nos da la ley tampoco van más allá».
Leturia agrega que la información pública disponible es «incompleta, poco clara, y poco transparente», pero que, a pesar de la inconsistencia de los datos, fue posible identificar más de 100 millones de dólares concentrados principalmente en los grupos El Mercurio, Copesa, además de la Archi. En este sentido, el consejero del CPLT enfatizó lo preocupante del tema en un contexto de crisis de confianza, donde el «pluralismo informativo es una de las falencias de la democracia», por lo que urge avanzar en «descripciones adecuadas de cada gasto que el Estado hace en publicidad», para luego poder discutir la justificación de ese traspaso de recursos.