Ayer, 24 de agosto, El Mostrador publicó una carta firmada por 74 personalidades, intelectuales y líderes sociales internacionales, en apoyo a la inclusión del derecho a la vivienda en la propuesta de nueva Constitución. Entre los adscritos estaba el dirigente argentino que provocó reacciones encontradas. ¿Quién es este polémico activista?
Personajes de la talla de Leilani Farha, exrelatora especial para el derecho a la vivienda (2014-2020), Consejo Derechos Humanos, Naciones Unidas; directora Global en The Shift; y Raquel Rolnik, también exrelatora especial para el derecho a la vivienda (2008-2014), Consejo Derechos Humanos, Naciones Unidas, son algunos de los firmantes de la carta de apoyo a la inclusión del derecho a la vivienda y a la ciudad en la plebiscitada nueva Constitución chilena.
El texto señala que valoran “dejar atrás una Constitución impuesta en dictadura» y consideran que la nueva Carta Magna “representa el inicio de una serie de transformaciones que apuntan a garantizar un habitar digno y sostenible”. Igualmente, ponen énfasis en la incorporación de una perspectiva de género y medioambiental, además de destacar “el rol del Estado al garantizar disponibilidad de suelo y la necesaria captación de plusvalías, así como también el rol de las comunidades y los procesos de gestión comunitaria del hábitat”.
Sin embargo, una de las firmas sacó ronchas entre algunos expertos observadores de este y del otro lado de la cordillera. Se trata de Luis D’Elía García (65), exprofesor, famoso piquetero y líder de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, perteneciente a la poderosa Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
D’Elía cuenta con los galones de haber organizado, en los 80, a miles de pobladores sin casa y haberles construido el barrio El Tambo en el Gran Buenos Aires. Experiencia que replicó con los sin techo y el Partido Justicialista en los 90, creando El Tambo II, El Tambo III y El Tambo IV. Estas acciones, que lo convirtieron en casi una leyenda de la organización social y lo llevaron a ser concejal y luego diputado, con los años se fueron opacando ante una larga lista de polémicas e imputaciones de delitos que le han restado credibilidad y adhesión.
De hecho, siendo subsecretario de Tierras para el Hábitat Social de Argentina, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, tuvo que dejar su cargo por sostener que la acusación que en ese momento realizó la justicia argentina contra funcionarios iraníes –por el atentado a la AMIA– se trataba de una pista falsa introducida por los servicios secretos de Estados Unidos e Israel, sin otras pruebas que los informes de los propios servicios de inteligencia. Es más, fue parte de la investigación del fiscal Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández (actual vicepresidenta), por haber intervenido para bajar las alertas rojas de Interpol de varios funcionarios iraníes acusados de ser responsables del atentado a la AMIA.
Hoy, el activista kirchnerista trasmite a diario por Radio Rebelde y es un ferviente defensor de la vicepresidenta Cristina Fernández. Ayer mismo llamó a cortar rutas en todo el país en defensa de la «señora K» por la Causa Vialidad, en la que está siendo acusada de administración fraudulenta y de haber encabezado una asociación ilícita junto con su fallecido marido, el expresidente Kirchner, durante los gobiernos de ambos (2003-2015).
