Una reciente solicitud realizada al Poder Judicial, en virtud de la Ley de Transparencia, podría encender más la lucha –que ya está al rojo vivo– por encabezar el Ministerio Público. La organización La Pública acaba de pedir la nómina de todas la reuniones realizadas por ministros de la Corte Suprema con los candidatos a Fiscal Nacional, lobbistas, gestores de intereses o representantes, entre el 1 de enero y 1 de diciembre de 2022. La respuesta debería estar a fin de mes.
Nunca antes la lucha por la Fiscalía Nacional había sido tan ruda y llena de acontecimientos. ¿Es posible que algunos ministros de la Corte Suprema se hayan reunido con abogados que hoy son candidatos para ser jefes del Ministerio Público? Pronto podríamos saberlo. Esto, porque este jueves 1 de diciembre, la periodista de la organización La Pública (www.lapublica.cl) –dedicada a pesquisar y difundir el contenido de documentos entregados por el Estado–, Catalina Gaete, solicitó al Poder Judicial “acceso y copia a los documentos que contengan una lista o nómina de todas las reuniones sostenidas por ministros de la Corte Suprema con candidatos a Fiscal Nacional, sus lobbistas, gestores de intereses o representantes, entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de ingreso de esta solicitud (1 de diciembre de 2022)”. Una petición que se enmarca en la Ley N° 20.285, sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La solicitud pide incluir la fecha de la reunión, el nombre del ministro(a) de la Corte, el nombre del candidato o los candidatos, lobbistas, gestores de intereses o representantes asistentes a la reunión. Y añade que, si los encuentros ocurrieron fuera de las dependencias del Poder Judicial pero en horario laboral, también sean incluidos en el marco de la solicitud.
El texto requiere, además, que “sea considerada en los términos más amplios posibles, es decir, que se proporcione la mayor cantidad de información disponible al respecto, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales, en virtud del principio de máxima divulgación establecido en el Artículo 11º de la Ley 20.285”.
Cabe recordar que el pasado miércoles 30 de noviembre, el Senado –por primera vez en la historia– rechazó la nominación a Fiscal Nacional del abogado José Morales Opazo. Persecutor de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Morales había sido elegido por el Presidente Boric de entre la quina propuesta por la Corte Suprema para asumir en reemplazo del retirado Jorge Abbott, quien completó la edad máxima (75 años) para ejercer el cargo.
Ahora corresponde al máximo tribunal recomponer la quina –en la que ya figuran Ángel Valencia, Marta Herrera y Carlos Palma (Rodrigo Ríos oficializó su retiro)–, agregando un(a) nuevo(a) candidato(a) para que el Presidente realice una segunda propuesta al Senado.
En tal contexto, adquiere gran relevancia la petición de La Pública para transparentar las reuniones que pudieran haber tenido los integrantes de la Corte Suprema con quienes presentaron su candidatura para dirigir el Ministerio Público y, en especial, quienes fueron seleccionados para integrar la quina.
Desde el acuse de recibo por parte del Poder Judicial, y si se considera que la solicitud cumple con los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, la respuesta debería ser entregada en un plazo máximo de veinte días hábiles, es decir, el 30 de diciembre próximo. Plazo que podría prorrogarse por 10 días hábiles adicionales si hubiese dificultades para reunir la información requerida.
Sin duda, un aporte para aclarar posibles relaciones peligrosas y cruce de información en el proceso de esta complicada elección.
