PAÍS
Ideas Republicanas (IR) es el centro de estudios del partido de José Antonio Kast. Ahí se articulan no solo las propuestas, programas y lineamientos de la colectividad, también mantienen equipos para, desde diferentes disciplinas, influir –principalmente a través de asesorías a sus parlamentarios– en el quehacer político del país y, de paso, generar ingresos. De hecho, lideran en el Congreso las cifras de facturación por asesorías en 2023, superando a sus maestros, de la Fundación Jaime Guzmán, que hasta el año pasado eran los que más ganaban con esa fórmula. Encabezado por Cristián Valenzuela, es un think tank movido por tres principios fundamentales: libertad, familia y Estado de derecho.
El senador José Manuel Rojo Edwards constituyó la Corporación de Estudios Republicanos en agosto de 2019 y Editorial Ideas Republicanas SpA en julio de 2021. El objetivo de ambas era llegar a tener influencia en el quehacer del país, partiendo por el Parlamento. Hoy, además, están en el electo Consejo Constitucional y “la idea es seguir con otras áreas de poder, como los municipios”, señala un analista. Se trata de un modelo que le ha dado réditos políticos a la UDI a través de la Fundación Jaime Guzmán, imbatible en la facturación hasta el año pasado.
Hoy, Rojo Edwards es uno de los dos senadores del partido y su fórmula ha dado en el clavo. Durante septiembre de 2022, el Centro de Estudios Republicanos comenzó a elaborar informes para diputadas y diputados del Partido Republicano –según la web de la Cámara Baja– y facturó (como Corporación Estudios Republicanos) un total de $ 31.263.260 en cuatro meses. Hay que señalar que la Cámara de Diputadas y Diputados posee un atractivo presupuesto anual (dinero de todos los chilenos) para el ítem de asesorías externas para los honorables, cercano a los $ 200 millones.
La asesoría más barata de Republicanos costaba $ 500.000 (Proyecto de ley que autoriza erigir un memorial y circuito de memoria en la comuna de La Reina, en recuerdo de las víctimas arrojadas al mar por el Ejército de Chile durante la dictadura cívico-militar ). Y la más cara, $1.053.175 (Insumos y resúmenes legislativos para la discusión en Sala en sesiones ordinarias y especiales; elaboración de insumos para la fiscalización). La Fundación Jaime Guzmán (FJG), por su parte, cobró $500.000 por informe, con un promedio de $ 6.500.000 mensuales, lo que suma alrededor de $ 78 millones en 2022.
Sin embargo, las cuentas cambiaron en 2023. Hasta abril de este año, el centro republicano ha tomado la delantera en el cobro de asesorías, sumando $ 32.986.455 (subieron los valores de las asesorías a $ 1.119.525), seguido de la FJG con $25.400.000 (mantienen asesorías a $ 500.000). Libertad y Desarrollo figura escasamente con una asesoría mensual. Lo mismo distintos profesionales independientes (algunos también son republicanos) que facturan como persona natural.
“El Centro de Estudios Republicanos se funda para defender las bases de nuestra historia republicana, las mismas que hicieron de nuestro país un ejemplo para el mundo. Éstas son la preponderancia del individuo y la comunidad, por sobre el Estado en la construcción de una sociedad libre; el rol central de la familia en la formación del tejido social; y el respeto a las instituciones y el estado de derecho para garantizar la paz social y la seguridad de los chilenos. Ideas Republicanas cree posible la construcción de un Chile sin pobreza material ni espiritual, con comunidades que viven en armonía, con familias fuertes, y en el que todos se sientan parte de las instituciones políticas y económicas”, señala su reseña en LinkedIn.
El cerebro de Ideas Republicanas (IR) está conformado por un directorio de ocho miembros, más jefes de unidades a cargo de equipos profesionales en políticas públicas, temas legislativos, asuntos internacionales, fiscalización y comunicaciones. Hay características que se repiten en la mayoría de ellos: son ex-UDI, estudiaron en la Universidad Católica, trabajaron en la Fundación Jaime Guzmán.
“Se inspiraron en la forma de trabajo que tiene hace tiempo la UDI con la FJG. De esa forma logran alinear a sus parlamentarios en torno a ideas y discursos sobre temas legislativos. A diferencia de Renovación Nacional y otros partidos, donde cada parlamentario se asesora por separado y se producen, a veces, desencuentros y roces entre ellos mismos. Esa fórmula la captaron y la están aplicando”, explica una fuente. Y agrega: “Trabajan detrás de los políticos y los potenciales candidatos como lo hacen los think tanks en todo el mundo”.
En su web figuran temas como: “Agenda exprés de seguridad: ¿apariencia o realidad de acción?”; “Ley de 40 horas (por qué lo popular no es lo mejor)”; “Ecuador: Lasso aplica la muerte cruzada”; “Concejales Metropolitanos On Tour” (sobre los viajes de concejales de municipalidades oficialistas).
El presidente ejecutivo y representante legal es Cristián Valenzuela Bustos, quien se autodefine como “chileno, colocolino, abogado y magíster en Ciencias Políticas. Cornell MPA 17’”, en ese orden. Ex-UDI, fue vicepresidente del Centro de Alumnos de Derecho UC (2004), investigador de la Fundación Jaime Guzmán (FJG), donde conoció a José Antonio Kast y se convirtió en su jefe de campaña en la pasada elección presidencial. Antes, trabajó en la segunda campaña presidencial de Joaquín Lavín (2005). Además, se desempeñó como jefe de gabinete de Rodrigo Álvarez (UDI) en la Cámara de Diputadas y Diputados y, luego, lo acompañó como su jefe de gabinete en la Subsecretaría de Hacienda (2010) y, posteriormente, en el Ministerio de Energía (2011), durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera.
La abogada Carmen Soza del Río es la coordinadora general de IR. También ligada a la FJG, fue asesora del Ministerio de Hacienda durante la primera administración de Piñera.
Como vicepresidente figura el abogado –el único de la Universidad de Chile– Roberto Peralta Martínez, quien es miembro de la Unión Social de Empresarios y Ejecutivos Cristianos. Trabajó en el estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner, entre otros, y hoy tiene su propia oficina de abogados.
La directora María Cecilia Cifuentes Hurtado, que tuvo un paso como economista en Libertad y Desarrollo entre 2011 y 2016, sonaba como ministra de Hacienda en la pasada candidatura de Kast. Su descripción-mensaje en Twitter dice: “Los dos derechos fundamentales; a la vida y al amor de nuestros padres. La ultraizquierda se llena la boca con los derechos, pero ataca los más importantes”. Es economista de la Universidad Católica, directora del Centro de Estudios Financieros, profesora adjunta de la Universidad de Los Andes, además de miembro de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal. También, trabajó ocho años en el Banco de Chile.
Claudio Osorio Romero, abogado UC, es director. Casado con la directora de Políticas Públicas, Andrea Barros. Es magíster en Derecho de Empresas. Ex-UDI, fue presidente de la juventud de esa tienda y la abandonó junto a Kast en 2016.
El director tesorero, Eduardo Guerrero Núñez, es ingeniero comercial de la Universidad Católica, donde fue presidente de los jóvenes gremialistas. Ha desarrollado su carrera junto al empresario Raimundo Valenzuela, es parte del directorio de Norte Grande (empresa cascada de SQM), vicepresidente del factoring Primus, gerente general de RR Wine y fundador de la startup Time Jobs. Durante la campaña presidencial de Kast se daba como seguro ministro de Economía.
La directora Paulina Dittborn Cordua es arqueóloga, pero tras realizar un magíster en Psicología Educacional, se dedicó por completo a esa área. Fue subsecretaria de Educación Pública y de Previsión Social durante la dictadura, además de consejera y vicepresidenta del Consejo Nacional de Educación. Ha ocupado cargos directivos en Inacap, Universidad de Las Américas, Colegios y Universidad Santo Tomás. Es presidenta del directorio de la Fundación Nueva Mente, de Teresa Marinovic, y también participa del directorio de Fundación Alcázar, relacionada con la educación de hijos de militares y cuyo lema es: Dios, Patria y Familia.
La directora Lucy Ana Avilés se describe así en Twitter: “La familia es lo más importante, mis hijas mi motor, mi marido lejos el ser humano más íntegro que he conocido! Soy donante y Provida!”. Estudió Psicología en la Universidad del Desarrollo. Es fundadora y presidenta del directorio de su propia fundación, Viento Sur. Ha sido importante financista de campañas políticas de la derecha, entre las que repartió en la última elección cerca de $ 30 millones. También fue la persona que más aportó dinero por el Rechazo. Pinochetista, su padre, Víctor Manuel Avilés Mejías, fue agente del Departamento de Operaciones Sicológicas de la DINA y la CNI, según el sitio Memoria Viva (perteneciente a una entidad internacional de origen británico sin relación con la fundación homónima presente en Chile).
Fuera del directorio, a cargo de los equipos que elaboran informes y artículos, están: como directora de Políticas Públicas, la abogada de la U. de Los Andes, Andrea Barros Iverson, quien se autodefine así: “Mamá de los 4 niños más lindos del mundo y señora de un gran marido. Abogada, asesora legislativa ministra @carolinaschmidtz“, que hace rato no es ministra. También exasesora y exinvestigadora de la Fundación Jaime Guzmán. Ha hecho clases de Derecho Económico en la Universidad de Los Andes y, durante el primer mandato de Sebastián Piñera, fue jefa del Departamento de Reformas Legales del entonces Servicio Nacional de la Mujer. Luego, se desempeñó como asesora editorial del Grupo Copesa. Está casada con Claudio Osorio, director de Ideas Republicanas. Y como jefe de la Unidad Legislativa, figura el abogado Jaime González Kazazian. “Cristiano-armenio, marista, cruzado y de profesión abogado. Director Legislativo”, dice su descripción en Twitter.
González Kazazian estudió Derecho en la Universidad Católica y ejerció como abogado en la Fundación Jaime Guzmán. Durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera fue asesor en el Ministerio de Salud, con Jaime Mañalich como ministro, y regresó al mismo puesto cuando lo hizo Mañalich en el segundo mandato de Piñera. Son cercanos con el exministro desde que el abogado lo defendió cuando el Colegio Médico decidió expulsarlo. Entretanto, fue asesor y director jurídico en la Municipalidad de Maipú durante el mandato de Cathy Barriga. Hoy es abogado en Defensoría Online, su propio emprendimiento junto al ingeniero civil en Computación Julio Villane y al ingeniero comercial José Manuel Heredia. También es árbitro de las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Rancagua. Además, hace clases en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián.
