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Acusan a padre de concejal de La Pintana por falsificación de instrumento público

Acusan a padre de concejal de La Pintana por falsificación de instrumento público

El empresario, cercano al exalcalde de la comuna, Jaime Pavez, fue formalizado por el delito de falsificación de instrumento público. Se adjudicó –bajo la administración de Pavez– más de $562 millones a través de la empresa Boliklor. Espinosa no aceptó el juicio simplificado que le ofrecía la Fiscalía.


Este pasado jueves 20 de julio, a las 10:30 horas, ante el 15° Juzgado de Garantía de San Miguel, compareció como imputado Raúl Bolívar Espinosa, padre del actual concejal de La Pintana, Simón Bolívar (FRVS).

El empresario, cercano al exalcalde de la misma comuna, Jaime Pavez, está formalizado por el delito de falsificación o uso malicioso de instrumento público, dado que –según la querella en su contra– falsificó un certificado de experiencia para postular a una licitación de provisión e instalación de señalética, el cual, de acuerdo con el municipio, no había sido emitido ni estaba respaldado por esa dirección municipal, hecho ocurrido en 2013, tras lo cual Bolívar se adjudicó –bajo la administración de Pavez– más de $562 millones, a través de la empresa Boliklor.

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Luego de no presentarse varias veces al tribunal, fue formalizado y la semana pasada se le ofreció un juicio simplificado, pero no admitió responsabilidad en los hechos, por lo que el tribunal fijó una audiencia de preparación de juicio oral simplificado, para el próximo 23 de agosto.

Los hechos

El ilícito fue descubierto durante una revisión efectuada por el Departamento de Tránsito de La Pintana. De acuerdo con la actual administración municipal, encabezada por la alcaldesa Claudia Pizarro, el documento falsificado lleva un logo de la municipalidad y una firma que están sobrepuestos sobre el certificado.

Cabe recordar que el exalcalde Pavez fue destituido del cargo de concejal de la comuna en julio de 2018 por “notable abandono de deberes” e inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos, según dictaminó el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, luego de descubrirse que no informó una deuda de $1.200 millones que el municipio mantenía con Corfo desde 2013.

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