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Créditos: Agencia Uno.
Las críticas de la oposición al ministro de Justicia, Luis Cordero, no se hicieron esperar, tras sostener que “la Presidencia de la República tiene un estatuto jurídico distinto”, respecto de la participación de Miguel Crispi en la comisión investigadora. Sin embargo, fue el exjefe de asesores del Presidente Piñera, Cristián Larroulet, quien respaldó dicha tesis, al sostener que efectivamente la Presidencia y sus asesores tienen un estatus jurídico especial.
“En opinión del Ejecutivo, existen suficientes argumentos para sostener, porque así lo ha deliberado el propio Congreso en estas materias, por ejemplo con la Ley del Lobby, que la Presidencia de la República tiene un estatuto jurídico distinto”, dijo el ministro de Justicia, Luis Codero, en relación con la inasistencia del jefe de los asesores del Presidente, Miguel Crispi, a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara y en respuesta a los dichos del contralor Jorge Bermúdez, quien en dicha comisión señaló que “cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas (…), independientemente de la denominación que tenga a su cargo e independientemente de la forma en que viene denominada”.
Los dichos de Cordero fueron criticados por la oposición, sin embargo, fue el exjefe de asesores del ex Presidente Sebastián Pinera, Cristián Larroulet, quien le dio piso a la tesis del ministro.
Los dichos de Cordero encendieron a la oposición, aun cuando el ministro sostuvo que Bermúdez “correctamente ha señalado que todos quienes reciben fondos públicos, en cualquiera de sus naturalezas, están sujetos a rendición de cuentas y en eso el Gobierno está completamente de acuerdo”. Sin embargo, Chile Vamos y Republicanos enviaron una carta al presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes, para manifestar su preocupación por la defensa del ministro de Justicia.
“A nuestro parecer es una amenaza velada que busca desalentar el ejercicio de las funciones fiscalizadoras que la Constitución Política de la República le entrega a esta Cámara de Diputados y por cierto un intento inadmisible de anular a la oposición, cuestión que se relaciona profundamente con el respeto al pluralismo que caracteriza a todo régimen democrático”, se imprimió en la misiva.
Lo que llamó la atención es que uno de los defensores de la tesis de Cordero –y del Gobierno– fue el exjefe de asesores del ex Presidente Sebastián Piñera, Cristián Larroulet. En conversación con Radio Infinita, Larroulet sostuvo que Crispi, como fue subsecretario, “en esa calidad tiene la obligación de ir a la comisión investigadora” y que le “parece bien que hayan tomado la decisión de declarar”. Ahora bien, también le dio piso a lo que primero había señalado el ministro Cordero: “El jefe del Segundo Piso y los asesores del Segundo Piso son funcionarios públicos, pero son funcionarios públicos especiales porque se deben al rol del Presidente de la República. Al igual que en una gran mayoría de países, el estatus de la Presidencia de la República es especial”.
En ese sentido, la defensa de Larroulet apuntó más a la institución que al mismo Crispi, pues, según señaló, en “la Presidencia hay que cuidar ciertas obligaciones de responsabilidad y privacidad que debe el jefe del Segundo Piso con la institución”. Ese punto también coincide con una de las preocupaciones del ministro Cordero respecto al pronunciamiento de la Contraloría, dado que es un “asunto que tiene que ver con el estatuto de la Presidencia de la República”. Para Cordero, si se fijara un estatuto equivalente en el caso de la Presidencia, en el resto de las instituciones públicas, entonces, “todos los jefes de gabinetes y jefes de asesores del Segundo Piso de administraciones pasadas y futuras debieran comparecer a las Comisiones Investigadoras, con los efectos que eso provoca”.
