Condena en contra del exjefe comunal de Guaitecas, en la Región de Aysén, lo obliga además, así como a otros implicados en el caso, a devolver 351 millones de pesos que –a juicio del tribunal– es el monto que fue sustraído.
Después que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dejara a firme la condena (es decir, ya no hay posibilidades de recurrir en contra de ella) dictada en su contra en primera instancia, a 10 años de cárcel, el exalcalde de Guaitecas, Cristian Alejandro Alvarado Oyarzo (Ind, por Chile Vamos), se convirtió en el político chileno con la mayor sentencia en su contra por corrupción, superando largamente al exsenador Jaime Orpis (UDI), quien fue condenado a 5 años y un día por fraude al fisco y a 600 días por cohecho.
Alvarado fue condenado en diciembre de 2021 a dicha pena por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, misma condena que recibió Raúl Mansilla Barría, actualmente fallecido, quien era el jefe de finanzas de la Municipalidad de Guaitecas, en la Región de Aysén.
La investigación penal en contra de ambos se inició luego de que la Contraloría emitiera un informe que detallaba una serie de irregularidades ocurridas al interior del municipio. Según lo que pudo establecer la Fiscalía, ambos sustrajeron dinero desde las cuentas corrientes de la municipalidad y de la empresa eléctrica municipal de Melinka, transfiriéndolo electrónicamente hacia sus propias cuentas o hacia las de terceros, que actuaron como testaferros de ellos, aunque hacían pasar las operaciones como supuestas compras de bienes o como prestaciones de servicios, por lo cual emitían boletas.
De acuerdo con la indagatoria, en aquellas acciones estaban implicados Rosario Saldivia Calixto (esposa de Raúl Mansilla) y Luis Melián Oyarzo, que prestaba servicios como contador para la empresa eléctrica, quienes facilitaron sus cuentas corrientes bancarias para la recepción y desvío de los dineros fiscales y, además, en el caso de Melián Oyarzo, para entregar facturas de otras entidades comerciales. Otro implicado fue identificado en el juicio como Cristian Tauda Krema, jefe de la eléctrica.
Además de la sentencia a 10 años de presidio efectivo, la cual Alvarado deberá cumplir en la cárcel, se condenó también Melián y a Tauda a penas de 7 años y 182 días de presidio efectivo por fraude al fisco, más el pago del 5% del perjuicio ocasionado al municipio, es decir, 17 millones de pesos. Saldivia Calixto, en tanto, fue condenada en calidad de cómplice a cuatro años de presidio por malversación de caudales públicos. Además, entre todos los condenados deberán pagar una indemnización de perjuicios solidaria por 351 millones de pesos, el monto total del fraude al municipio, de acuerdo con lo establecido por el tribunal de primera instancia.
La investigación del caso la efectuó el Fiscal Regional, Carlos Palma, junto a un equipo de asesores y efectivos de la PDI. Y en el juicio, en tanto, estuvo a cargo el fiscal Luis González, jefe de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Aysén.
Cabe mencionar que, en 2020, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) destituyó a Alvarado de su cargo como consecuencia del informe del órgano contralor, que cifró en una cifra notoriamente superior a la establecida por el tribunal (1.700 millones de pesos) el detrimento causado al municipio por el exalcalde.
