[ACTUALIZADA] El lunes asumió la contralora (s) y dejó claro que va por más. Con dos resoluciones reestructuró el funcionamiento de la institución. Dicen que cuenta con el respaldo de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.
Llegó el día impensado hace cinco años, cuando fue removida de su cargo, por pérdida de confianza, por el excontralor Jorge Bermúdez, despido que ella revirtió a través de los tribunales y en la Corte Suprema, doblándole la mano a Bermúdez, quien prometió que mientras él estuviera a cargo ella nunca estaría al mando.
En efecto, ayer Dorothy Pérez Gutiérrez asumió como contralora (s) y comenzó a correr el tiempo que tiene para demostrar que es la mejor candidata para instalarse como la primera mujer al mando de la Contraloría General de la República.
Su llegada, golpeando la mesa y marcando un cambio estructural en la entidad, “confirma y deja a la vista que hay un plan de instalación que ha sido estudiado y preparado con tiempo, para no perder ni un minuto de la oportunidad que tiene de dejar claro su estilo y forma de hacer las cosas”, señala una fuente.
Por supuesto, las medidas causaron revuelo entre los funcionarios, que no terminan de reponerse. Muchos están con mucha incertidumbre sobre sus nuevas labores y dudas sobre si serán destinados a regiones.
“Pero Pérez quiere dar ejemplos y empezar por casa en cuanto a optimizar recursos, presupuestos y eficiencia. Le importa dar una señal clara, controlando municipalidades y gobiernos regionales”, precisa otra fuente.
Lo primero que hizo, tras su llegada, fue pedir la renuncia al jefe de Gabinete del órgano contralor, Tomás Mackenney, y poner en su puesto al contralor regional de Los Ríos, Alejandro Riquelme Montecinos.
Pero el indicio público de que se venían otros tiempos fue la página web. La cuenta pública de gestión del excontralor –que estuvo a todo lo ancho durante toda la semana pasada– bajó a la lista de noticias y como inicio se instaló el comunicado que anuncia los cambios.
“Nuestra institución se encamina a su centenario y nos demanda los esfuerzos que sean necesarios para responder a las crecientes necesidades de nuestros usuarios y en especial, de la ciudadanía. (…) Es por ello que, durante las próximas semanas se ejecutará un programa de fortalecimiento de los equipos de línea, a partir de la redistribución, ajuste y absorción en las dotaciones de las unidades de estudios, proyectos, datos y todas aquellas que desarrollan labores de apoyo a la gestión institucional. Asimismo, se han realizado algunos cambios en las jefaturas con el objetivo de fortalecer dichas labores”, señala el comunicado.
A continuación, el documento detalla los nombramientos:
En el cargo de Subcontralor General de la República (s) asume María Soledad Frindt Rada (exjefa de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas); ella era la contralora (s) de Bermúdez. Como jefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República (s) quedó Víctor Hugo Merino Rojas (excontralor regional de Valparaíso). Y como jefa de División de Gobiernos Regionales y Municipalidades (s), Priscila Marina Jara Fuentes.
Una muestra de lo que quiere sea su sello es la resolución que crea la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades.
Su labor “es fiscalizar y velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, el respeto del principio de probidad administrativa y el resguardo del patrimonio público, por parte de los Gobiernos Regionales y de la Administración Municipal, como asimismo de las entidades privadas que administren fondos públicos y cumplen finalidades en dichos ámbitos y respecto de las cuales la Constitución o las leyes otorguen competencias a la Contraloría General de la República”, se lee en parte de la resolución.
Esta División estará a cargo de la abogada Priscila Jara, hasta ahora coordinadora del Comité de Auditoría Parlamentaria del Congreso y que anteriormente trabajó en la Contraloría (2014-2016) como jefa de la División de Auditoría Administrativa y jefa de la División de Municipalidades.
Otra resolución reorganiza y fusiona unidades del Gabinete y de la Secretaría General, que cambia su nombre a División de Administración Interna y Abastecimiento.
“Del análisis organizacional efectuado, se advierte que el Gabinete y la Secretaría General, para las labores de apoyo o soporte que realizan cuentan con una dotación de 363 personas, con 42 jefaturas, en tanto que existen Unidades Jurídicas Regionales que solo cuentan con 2 o 3 abogadas u abogados cada una, para atender todas las consultas legales de los servicios públicos y de la ciudadanía, en sus respectivas regiones. Asimismo, existen Unidades de Control Externo a nivel regional, que solo cuentan con 8 fiscalizadores, para examinar y controlar todas las entidades y recursos públicos en sus respectivas regiones”, acota la resolución.
La jefatura de Gabinete pasó de tener 9 unidades a 3 unidades. Y la Secretaría General –ahora División de Administración Interna y Abastecimiento– pasó de 31 jefaturas, 7 departamentos y 22 unidades o áreas, a tener 12 jefaturas.
Para cumplir estos cambios, que comienzan a regir el 1 de enero de 2024, se refunden, modifican y absorben unidades y equipos de trabajo.
La gestión de Pérez como contralora (s) durará hasta que se nombre a un nuevo contralor o contralora. La búsqueda ha sido encomendada por el Gobierno a los ministros Álvaro Elizalde, Luis Cordero y Carolina Tohá. Justamente esta última y la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, son reiteradamente nombradas en distintas fuentes como unas entusiastas promotoras de la instalación definitiva de Dorothy Pérez en el cargo, aunque desde Interior precisaron que la relación entre la ministra Tohá y la contralora subrogante es “estrictamente profesional”.
No se sabe cuánto podrá demorar la negociación. En el proceso anterior, el cupo estuvo vacante ocho meses.
Cabe recordar que el Ejecutivo debe proponer un nombre y el Senado tiene que ratificarlo con los 3/5 de senadores en ejercicio, es decir, con 30 votos. El oficialismo cuenta con 20 parlamentarios, más 3 de la DC, por lo cual necesita conseguir el apoyo de 7 integrantes de la oposición para asegurar un(a) postulante.
